Le pedimos permiso a Carlos Etchepare (analista de mercados y director de Canal Rural) para reproducir este artículo que escribió para aclarar algunos tantos frente a la noticia sobre una importante importación de soja desde los Estados Unidos. Y nos contestó que sí. Así que acá sigue lo que piensa Etchepare sobre esta operación puntual y, especialmente, sobre quiénes ganan y quienes pierden con el regimen de importación temporaria de soja.
Será por falta de mercadería para procesar por la sequía que castigó a muchos productores argentinos que perdieron gran parte de la cosecha de soja. Será porque para algunos la “triangulación” de operaciones, ante el conflicto por los aranceles entre EE.UU. y China puede ser un negocio alternativo interesante. Será por los diferenciales de “primas” que conforman los precios y permiten un negocio adicional para algunos. O será por las razones que cada uno considere mas oportunas. La cuestión de la importación de soja volvió a surgir en los grandes medios y otra vez hay opiniones de todo tipo, muchas de ellas interesadas en función de los sectores a los que pertenecen los “opinologos”.
Sin embargo, más allá de las opiniones hay una realidad que sólo puede demostrarse con hechos y que permitirá a cada uno sacar sus propias conclusiones en base al análisis de tales hechos. En este sentido, llama la atención el silencio del gobierno nacional, tan proclive a mostrar supuestos éxitos de su política de integración al mundo, como el de las entidades que dicen representar los intereses de los productores. Excepto la FAA en un comunicado no demasiado expresivo, nadie se refirió al tema.
Un poco de historia reciente. Ni bien asumió ele gobierno, en diciembre de 2015, Mauricio Macri dio cumplimiento a las promesas más importantes que le había hecho a los productores. Devalúo, unificó el mercado cambiario, abrió las exportaciones y eliminó los derechos de exportación, excepto para el principal producto castigado por este tributo a la producción (más allá de su nombre técnico) y que por otra parte fuera el origen del mayor conflicto del “campo” con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), la soja.
Pocos días después, el mismo gobierno también cumplió con unos de los reclamos que le hicieran los representantes del Centro de Exportadores de Cereales y de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CEC-CIARA). Este sector durante los años kirchneristas hizo importantes diferencias en los negocios de trigo y maíz, fomentados por las políticas oficiales del gobierno nacional que favorecieron la concentración y cartelización en perjuicio de los productores.
A tal punto (ese beneficio) que en un acto recordado -por ser la única vez que ocurrió en la historia argentina-, el presidente de entonces de esa entidad empresarial, Raúl Padilla, agradeció en la Casa Rosada a la entonces presidenta CFK las políticas aplicadas para el sector. Con ese acto se estaba avalando los ROES, cupos y cuotas de exportación y retenciones con que el kirchnerismo lograba una transferencia de recursos de los productores, no sólo al propio Estado, sino también a exportadores e industriales.
Antecedentes – La prehistoria reciente: También vale recordar que luego de varios años de gestiones, el gobierno de Néstor Kirchner firmó el decreto 1.330 en 2004, que permitió a las aceiteras importar soja bajo el régimen de importación temporaria. Sus alcances fueron ampliados en 2006.
En ese momento, CARBAP, entidad representativa de los productores de Buenos Aires y La Pampa, emitió un duro y concreto comunicado cuestionando la medida.
Hasta el momento de redactar este informe, por una medida similar nada ha dicho al respecto. Podría hacer un “copiar y pegar”, ya que la realidad es la misma, agravada por la falta de ayuda oficial frente a la emergencia que hoy soportan miles de productores sojeros, quienes recibirán como competencia la soja producida no solo en los países limítrofes sino también en un país que subsidia a sus productores, como es el caso de Estados Unidos, provocando una baja en los precios del mercado interno. Ocurre, que en algunas entidades de productores varían su opinión en función del gobierno o funcionario de turno. Tal vez ahí está la razón de su cada vez menor representatividad y de la desconfianza que con sus actos generan en sus supuestos representados.
Pero volvamos a la historia. Luego del conflicto entre el “campo y el gobierno K” no todo era color de rosa en la relación entre los empresarios que manejan el comercio internacional de nuestros productos y las autoridades.
En 2009,el gobierno de CFK emitió la resolución 109 por la cual se excluyó a la soja del régimen de importación temporaria. Los argumentos citados en esa norma son indicativos de la puja que acompañó los sucesivos cambios del régimen. Según el texto de esa disposición, el cambio fue para “proteger los ingresos de los productores al privilegiar la utilización de materia prima nacional”.
No obstante, y más allá de la verdad de este argumento, el gobierno estaba imponiendo una represalia sobre un sector que mediante diferentes métodos, aunque tratando de pasar lo mas desapercibido posible como ocurre casi siempre con sus acciones, había apoyado la “rebelión del campo”: los exportadores y los industriales aceiteros.
Por otra parte, a partir de las desastrosas medidas tomadas por la administración K, en materia impositiva y por su “sorprendente” desprolijidad, en particular desde el aumento a los derechos de exportación de la soja en noviembre de 2007, el sector exportador-industrial pudo hacer grandes diferencias entre los descuentos de precios que pudo hacer a los productores en sus compras y lo que efectivamente trasladaron al fisco. Utilizaron para ello un artilugio que les permitía el régimen legal vigente y sobre el cual el kirchnerismo “sorprendentemente” no advirtió. Esto generó una nueva y vergonzosa transferencia de recursos de los productores al sector comercializador externo y a la industria.
Las repercusiones de esta situación en diversos medios especializados motivo que el tema llegará al Congreso de la mano del entonces diputado Martinez Raymonda, asesorado por el conocido abogado Ricardo Monner Sanz. Ello permitió la salida de una engorrosa ley, muy mal redactada e implementada, pero que de alguna manera ponía a la AFIP en condiciones de reclamar a los compradores esas diferencias no liquidadas. En los hechos se generó una deuda de los compradores con la AFIP.
Algunos llegaron a algún tipo de acuerdo, otros prefirieron litigar. Siempre es bueno recordar que se trataba de una disputa por dinero extraído a los productores.
Otro aspecto a recordar de la política de entonces, era la permanente falta de “dólares” que sufría el gobierno K en sus últimos años. Esto era siempre “solucionado” por el sector exportador que actuaba como rueda de auxilio permanente del gobierno en este tema.
Tal vez por eso en 2012, se volvió a abrir el régimen de importación temporaria, aunque condicionado a la inscripción de los operadores en un Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA), para lo cual había que estar al día con la AFIP.
Modificación y posibles trampas, con otros beneficiarios: La Bolsa de Comercio de Rosario, zona clave en el desarrollo de la industria sojera, recordó que el régimen de admisión temporaria de soja se reestableció a pleno durante los primeros días del gobierno de Cambiemos.
“Dos resoluciones de los ministerios de Producción y Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación resolvieron a comienzos de esta semana eliminar el requerimiento de estar inscripto y habilitado en el ROSA (Registro de Operadores de Soja Autorizados) para poder participar del régimen de importación temporaria para procesamiento industrial. Dicha exigencia se había creado en el año 2012 cuando se restableció el sistema derogado en 2009. Pero desde el 2012 y al existir diferendos entre las empresas del sector con la AFIP (en su mayoría derivados de la denominada Ley Martinez Raymonda; relativa al tema derechos de exportación) su vigencia no tuvo ningún impacto en la actividad de las plantas argentinas durante los últimos años. No hubo prácticamente operaciones de importación de soja desde Paraguay o Bolivia en los últimos tiempos (hasta 2015). La normativa publicada el lunes en el Boletín Oficial dispuso que ‘cuando el producto resultante a exportar sea aceite de soja, harina o pellets de soja, no se requerirá la inscripción en el ROSA’, y encarga a AFIP la fijación de los valores de importación a deducir para la determinación de la base imponible de los tributos a pagar al momento de exportar”.
Sigue al análisis efectuado por la BCR a comienzos de 2016: “El sistema de importación temporaria habilita a la industria a deducir el costo de la importación de la base imponible de los derechos de exportación, calculada a partir de la cantidad declarada para embarque multiplicada por el valor FOB oficial informado por el Ministerio de Agroindustria. De este modo, el exportador solo paga al fisco por el valor agregado local, y no por el valor total de la harina o el aceite que está exportando. De alguna manera, concede un tratamiento diferencial al industrial que tuvo que originar la materia prima a precios internacionales”.
Volvemos a nuestro análisis. En muchos casos esa ecuación hasta puede resultar “negativa” no solo evitando el pago de los derechos de exportación sino también reduciendo el pago de un eventual impuesto a las ganancias. Ello es posible porque en muchos casos el “calculo efectuado por las empresas y su documentación” determina que se puede haber gastado mas en la compra de la materia prima a precio internacional lleno que lo obtenido por la venta del producto derivado (valuado como grano considerando sus costos de transformación). No siempre es así, pero es una posibilidad.
El argumento que utiliza el gobierno macrista, asesorado por los empresarios del sector, y tal como lo menciona en las resoluciones citadas, es el siguiente: “Conforme a la experiencia recogida y al actual contexto económico corresponde tomar las medidas que permitan impulsar la actividad agroindustrial y la generación de valor agregado en el territorio nacional, así como la plena ocupación de la capacidad industrial instalada, con la consecuente generación de empleo, sin que ello implique atentar contra la producción nacional de soja”.
El impacto en el precio interno es ineludible. Sencillo, a más oferta menor precio: En la nota ya mencionada, la Bolsa de Comercio de Rosario, que se mostró muy satisfecha por la medida, incluía el siguiente párrafo:
“Uno de los temores que se abre con esta medida es que la oferta doméstica pueda sufrir una mayor competencia con el ingreso de producción extranjera, lo que podría deprimir los precios y restar rentabilidad al cultivo. Esta preocupación se sustenta en el hecho de que -por la vigencia de los derechos de exportación- los productores argentinos sufren descuentos del 30% en los valores que reciben de los compradores. Los productores paraguayos o bolivianos, por caso, recibirán el ‘precio lleno’ cuando su soja se destine a procesamiento industrial en Argentina. Si bien es un argumento atendible, creemos que no corresponde justificar la inconveniencia de la medida por la vigencia de otra (las retenciones) que se encuentra en un plan gradual de disminución de acuerdo a lo planteado por las autoridades”.
De alguna manera se está reconociendo en ese párrafo que la existencia de los derechos de exportación para los productores argentinos los pone en una clara competencia desigual frente a sus competidores de otros países. A la fecha los derechos de exportación de la soja siguen existiendo y están en el 28%.
Una medida de esta naturaleza como es la apertura sin aranceles de importación de soja, debió haber contemplado esta situación.
Sin embargo, también es una realidad que no puede desconocerse que la industria aceitera argentina es la mas desarrollada y moderna del mundo y tiene una capacidad de procesamiento mas allá de la producción argentina de soja. Pero acá también valen algunas consideraciones.
Una industria eficiente construida en gran parte al esfuerzo de los productores y sus recursos: En primer lugar, gran parte del crecimiento de dicha industria fue construido en base a una transferencia de recursos del sector productor a través del diferencial de retenciones entre las exportaciones de poroto y la de producto con elaboración como los aceites y las harinas.
Al productor se le descuenta el porcentaje de retenciones lleno del poroto y el procesador paga menos por el diferencial existente. Se aclara que no es un subsidio (reintegro) que sale de las arcas del Estado sino que sale del bolsillo de los productores. Esta normativa con diferentes niveles de diferenciales esta vigente desde la década del 70.
También durante gran parte de los últimos 40 años, las inestables políticas económicas argentinas le permitieron a este sector obtener recursos adicionales de los regímenes de prefinanciación de exportaciones vigentes en cada momento.
Asimismo hay que reconocer que sin este desarrollo de la industria aceitera, a lo mejor, no tendríamos la producción de soja actual y que ayudo a muchísimos productores a “sobrevivir” a las nefastas políticas aplicadas al sector por diferentes gobiernos.
¿Pero, y si no hubiesen existido las retenciones? ¿De cuanto sería hoy la producción de soja? Miremos a Brasil, que en 10 años paso de 50 a 115 millones de toneladas, mientras la Argentina se quedo en los 50 millones, con un máximo de 58 millones.
¿A dónde vamos?: Llegado a este punto es necesario mencionar que comparto absolutamente la idea del agregado de valor. Comparto absolutamente la idea de abrirse al mundo siempre y cuando la apertura sea de ida y vuelta. Comparto absolutamente la idea de competir con el mundo siempre y cuando sea en igualdad de condiciones para los productores locales con aquellos de los países de los cuales se están importando esos productos.
Comparto absolutamente la idea proclamada por el Presidente Macri de convertir a la Argentina en supermercado del mundo (solo le falta definir si eso significa que la Argentina va ser a ser un proveedor de alimentos a ese mundo o las góndolas de los supermercados argentinos van a estar llenas de productos importados). Por ahora su política va por la segunda alternativa.
Comparto absolutamente la idea de siempre recordar de donde venimos, pero me gustaría que quienes tienen la responsabilidad, por el voto popular, de conducir el país me dijeran claramente a dónde vamos.
Si creemos que todas estas condiciones ya están dadas en la Argentina, bienvenida la importación de soja de países limítrofes como Brasil, Paraguay o Bolivia, y mucho mas de Estados Unidos, cuyos productores reciben -vía su política agrícola- importantes niveles de subsidios. Ahora, si mal no recuerdo al productor argentino le cobran 28% por producir soja, adicional a todos los demás impuestos que pagan las actividades económicas. Repito la pregunta, ¿si eso no fuera así y más allá de la situación climática faltaría soja en la Argentina?
Más realidades que suman argumentos y muchos interrogantes: Quedan algunas cuestiones más, algunas de de fondo y otras de forma.
De fondo. En momentos en que las mismas empresas reclaman por la falta de mercadería para alimentar sus fábricas, todos los años destinas alrededor del 20% de la cosecha a exportar grano sin procesar. Eso lo hacen porque en determinado momento del año esto resulta mejor negocio. Las empresas están en todo su derecho de privilegiar su beneficio, eso es el fin de toda actividad empresaria, pèro el gobierno, debiera impedir con sus políticas que eso se haga perjudicando a los productores y no a la inversa, como en este caso de la apertura de la importación temporaria de soja.
De forma, pero no menor. Lamentablemente las estadísticas oficiales están empezando a sufrir el mal “Echegaray-Moreno”. En la actualidad no sabemos la magnitud de las perdidas por la sequía ya que el Ministerio de Agroindustria sigue sin informarlas y además, desde hace dos meses ha dejado de publicar el nivel de existencias, con lo cual es muy difícil de determinar la realidad de la situación de oferta y demanda del principal complejo de las exportaciones argentinas.
Y hablando de balanza comercial, el resultado de la importación de soja, por la razones ya explicitadas hasta puede profundizar el déficit comercial (se exporta por menor valor al que se importe). Es posible que esto ocurra por la forma en que se liquiden las operaciones según se explicara previamente) y, por supuesto el gobierno dispondrá de menos recursos por derechos de exportación y no por habérselos reducidos a los castigados productores argentinos sino por transferírselos a los productores de los países competidores: Brasil, Paraguay, Bolivia y ESTADOS UNIDOS.
Se trata de una forma muy particular de promover la producción interna. Salvo que como tal se entienda favorecer a los de siempre que han sido “amigos” de todos y cada uno de los gobiernos de las ultimas décadas.
