El proceso de transición que se da en el paso de una gestión a otra siempre puede suponer una primera instancia de trámites demorados, “congelados” o –en el peor de los escenarios- traspapelados, que recuperan su marcha en cuanto “la cosa se ordena”.
Esa es la premisa que Bichos de Campo tuvo en mente a la hora de preguntarse por los expedientes de emergencia agropecuaria tramitados en 2023 que, en un contexto de sequía, sin dudas fueron numerosos. ¿Hay alguno pendiente de homologación y, por ende, de resolución?
“No tenemos ningún trámite colgado en la provincia”; “la provincia no tiene expedientes demorados”; “no tenemos pendientes expedientes. Todas presentaciones para homologar fueron 2023 y se realizaron en ese año”.
Con esas frases respondieron, a este medio, fuentes de los gobiernos provinciales de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En todos los casos, se celebró que Nación haya resuelto los trámites antes del cambio de año. En el nuevo periodo, ciertamente, el clima mejoró sustantivamente, pues llovió en todas las zonas y salvo alguna tormenta puntual no hubo mayores trastornos. Esto ayudó a aliviar el número de trámites en 2024.
Por el contrario, un caso disonante resultó ser el de Buenos Aires, que afirmó no tener los papeles en orden con el gobierno nacional. Según indicaron fuentes de la provincia a Bichos de Campo, todavía existen más de 700 expedientes de productores afectados por la sequía que esperan la homologación de Nación.
Pero este reclamo no es nuevo. Ya en marzo el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, arrojó ese dato en un encuentro del Consejo Federal Agropecuario (CFA) realizado en la ciudad de Rosario, donde también indicó que “el sector productivo tiene muchísima incertidumbre y desconocimiento acerca de cuáles son las políticas nacionales en materia agraria y agroalimentaria”.
Y en abril, Rodríguez envió esto mismo por escrito al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, así como al secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella.
“En total, son más de 700 productores afectados por la sequía que ya recibieron los beneficios de ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) y del Banco Provincia, pero que no pueden acceder a los beneficios impositivos a nivel nacional ni a los créditos especiales del Banco Nación. Hoy los dos trámites están frenados”, afirmó.
En esa oportunidad, desde la provincia indicaron que el principal problema giraba en torno a dos decretos provinciales. El 2157/23 que ya tiene recomendación favorable de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios (CNEYDA) desde fines de noviembre de 2023, pero que aún no fue firmado por el ministro de Economía de la Nación; y el 50/24 que fue firmado por el gobernador Axel Kicillof el pasado 17 de enero y fue presentado para su homologación nacional ante la CNEyDA. Sin embargo, según indicaron, la misma no fue convocada por su titular, Fernando Vilella.
Desde el ministerio detallaron a este medio que las localidades comprendidas por el decreto 2157/2023 que están pendientes de homologación son: 9 de Julio, Alsina, Gonzáles Chávez, Alberti, Azul, Bahía Blanca, Bolívar, Bragado, Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Rosales, Alvear, Arenales, Belgrano, Villegas, Junín, Lincoln, Lobos, Magdalena, Patagones, Pergamino, Pila, Púan, Rauch, Rivadavia, Saavedra, Saladillo, Giles, San Antonio de Areco, Suipacha, Gordillo, Tornquist, Trenque Lauquen y Villarino.
Por otro lado, las comprendidas por el 50/24 son: 25 de Mayo, Dolores, Madariaga, Lavalle, Guaminí, Luján, Maipú, Monte, Navarro, Ramallo, Rojas y Tres Arroyos.
“Con el argumento de que lo están revisando, tienen frenado el decreto 2157/23 y con ello la asistencia del gobierno nacional a los productores afectados. En tanto, en relación al decreto 50/24, no dieron ningún argumento de por qué no convocan a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria”, sostuvo Rodríguez en su carta.
En el día de ayer, en el marco de la realización de la primera reunión del Consejo Federal Agropecuario Regional Pampeana 2024, de la que participaron representantes de los gobierno de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense expuso otra vez esta problemática.
De acuerdo a lo que informaron fuentes asistentes a Bichos de Campo, el reclamo fue apenas “anotado” por las autoridades nacionales.
Es allí que este medio se preguntó por los motivos que existen detrás de la demora en un expediente.
“Si avanza o no avanza es una decisión política generalmente del ministro. Y si no es del ministro es porque el ministro perdió el control de la cuestión. Pero es él quien debería hacerlo”, dijo una experimentada fuente a Bichos de Campo.
“Cada provincia tiene su propio ritmo para determinarla localmente (en referencia a la emergencia), pero una vez que salió de provincia es 100% responsabilidad de Nación, que no tiene mucha complicación más que hacer una verificación muy general y convocar a la Comisión de Emergencia Agropecuario. Es sencillo, solo falta tener voluntad”, remató.
