Una vez más y para no perder la costumbre, las palabras “kirchnerismo” y “robo” fueron asociadas en un debate entre la política y los productores agropecuarios. Esta vez el epicentro de esa acusación fue el partido bonaerense de Pehuajó, donde el intendente Pablo Zurro anunció un proyecto para imponer el cobro de dos litros de gasoil premium por hectárea y por máquina que realice tareas de pulverización allí.
A esa proclama, el funcionario “ultrakirchnerista”, como titularon varios medios, añadió la propuesta de extender el área de exclusión de operaciones con fitosanitarios a 500 metros de distancia a partir de la última vivienda, más 300 metros de búfer. Y como si eso fuera poco, sumó la iniciativa de colocar un GPS en todas las maquinas que efectúen aplicaciones.
Pero lo cierto es que más allá de los apellidos, los tintes políticos y las propuestas regulatorias, el asunto -devenido en ultra mediático- eclipsó lo que debería ser el verdadero tema de discusión: que la provincia de Buenos Aires no dispone todavía de una ley que regule las aplicaciones de agroquímicos, por lo que cada municipio se ve frente a la necesidad o posibilidad de legislar sobre el tema a “gusto y piacere”. Por eso hay partidos que permiten todo, otros que hacen legislaciones sesudas (como Tandil o Villegas) y otros que prohíben tanto que ponen en jaque su agricultura.
El caso de Pehuajó, que se ha instalado en los medios estos días, parece sumarse a otro grupo donde la discusión se degenera, se banaliza y se polariza entre un intendente de perfil alto que aprovecha la volteada para recaudar un poco más del campo, y los productores que no quieren ninguna regulación ambiental y mucho menos tener que volver a meter la mano en el bolsillo.
Vale recordar aquí que fue lo que motivo el inicio del debate que degeneró casi circense en Pehuajó. Una denuncia que quizás ya muchos olvidaron, y que tuvo lugar el 18 de septiembre del año pasado.
Contaba en aquel entonces Bichos de Campo que Javier Enrique González, un habitante de la pequeña localidad de Francisco Madero, se presentó en la Fiscalía Federal de Pehuajó para denunciar que su hija y la madre de ella habían resultado afectadas por una pulverización realizada en un campo vecino, gestionado por Javier Quiles y Ángela Cángele, según detallaba el documento oficial elaborado con esa denuncia.
El 20 de septiembre la Fiscalía remitió las actuaciones de la denuncia al juzgado de Héctor Andrés Heim, y el 17 de noviembre de 2023 la fiscal federal María Cecilia Mc Intosh efectuó el primer pedido de medida cautelar tendiente a “la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones”, en el predio donde se informó el suceso.
Diez días después, Heim convocó a una audiencia pública de la que participaron los denunciantes, los empresarios que gestionan el campo denunciado, representantes de los ministerios públicos, especialistas de INTA, del área de salud, activistas ambientales, personal de la Municipalidad y del Concejo Deliberante de Pehuajó, y referentes del sector agropecuario. Fue un lujo, porque todos pudieron decir lo que pensaban sobre este controvertido asunto.
Con los aportes pertinentes al caso, el juez dispuso una serie de medidas provisorias. Leáse bien, provisorias. En primer lugar definió una zona de exclusión para la aplicación terrestre de agroquímicos (un área prohibida) en todo el partido de 300 metros desde la terminación de la zona urbana. Es un promedio razonable como para parar la pelota. En el aquelarre bonaerense, hay partidos que tienen zonas buffer de 1 kilómetro y otros que no toman ningún precaución en este sentido. En Pergamino, por ejemplo, cuando la justicia intervino en un caso parecido, un juez federal estableció una distancia antojadiza y eterna de 1095 metros, que todavía se mantiene y que no tienen ningún sustento técnico.
En Pehuajó, por otro lado, la justicia también implementó una zona de amortiguamiento o resguardo de otros 300 metros a partir de la zona de exclusión, en la cual se habilita la aplicación de productos “banda verde o azul”, es decir con baja toxicidad, con un aviso previo a la población adyacente al predio de 48 horas. Sería del mismo modo obligatorio contar con el profesional firmante de la receta agronómica presente durante la pulverización.
“Nos encontramos ante intereses que entran en tensión, en donde resulta necesario una regulación completa y abarcativa de todas las problemáticas existentes en torno a la materia, lo cual permitiría garantizar los derechos de todos los ciudadanos”, dijo Heim en aquella oportunidad, y citó ordenanzas vigentes en otros departamentos como Adolfo Alsina, Bolívar, Carlos Tejedor, Daireaux, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Pellegrini, Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.
Sin embargo, lo más importante que definió la justicia es que la pasó la pelota a la política local. Por eso, ninguna de esas decisiones están aún fijas ya que se definió un plazo de 90 días corridos para que el Concejo Deliberante de Pehuajó haga su trabajo y sancione -a falta de una ley provincial- una ordenanza que regule de una vez por todas la aplicación de agroquímicos allí, con el debate correspondiente.
Dicho plazo se cumplirá muy pronto, el próximo 14 de febrero, momento en que se tendrán en consideración las propuestas del oficialismo –que en Pehuajó es Unión por la Patria-, así como las de la oposición (LLA y Cambiemos). Sobre la presentación oficialista es que Zurro busca añadir un impuesto adicional de 2 litros de gasoil a las aplicaciones.
En paralelo, los productores arman su contraofensiva. Los más reactivos al asunto calificaron de “ridícula y confiscatoria” la avanzada del intendente, y adelantaron que de resultar aprobada –esto es muy posible teniendo en cuenta que UxP es mayoría en el Concejo Deliberante- realizarán las presentaciones correspondientes en la Justicia. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también se mostró acompañando el reclamo de los productores.
En el medio quedan otros productores más moderados, que apoyan una regulación razonable en las aplicaciones, entendiendo que es una buena forma de asegurar las buenas prácticas agrícolas y de proteger a la población, pero que piden por un dialogo más nutrido de información técnica y científica que respalde cualquier decisión posible. Esto de hecho fue presentado días atrás en forma de carta a las autoridades del Concejo.
No queda más que esperar la decisión del próximo 14 de febrero, que ojalá arroje luz al verdadero tema de fondo: la falta de una regulación provincial.
Por ahora, al menos en los medios de comunicación, esta disputa ha degenerado en un show mediocre que esconde la discusión de fondo y distrae de la necesidad de buscar consensos políticos. En este caso, sobre las aplicaciones de agroquímicos cerca de las zonas pobladas.
Quizás haya que aplicar una tasa de 2 litros de gasoil a los dirigentes políticos y sociales, incluyendo a muchos productores. A ver si se ponen realmente las pilas.
Lo de los metros de distancia de la población es terrible! Los que trabajan en el campo son ciudadanos de segunda ? Son desechables ? Cómo puede ser que se tengan que alejar a 3oo metros ? Si es malo es malo para todos o no ?
Hay una gran discriminación hacia los productores y trabajadores rurales….
Lo de los metros de distancia de la población es terrible! Los que trabajan en el campo son ciudadanos de segunda ? Son desechables ? Cómo puede ser que se tengan que alejar a 3oo metros ? Si es malo es malo para todos o no ?
Hay una gran discriminación hacia los productores y trabajadores rurales……