La Justicia entrerriana ordenó este viernes una serie de medidas de prueba en el marco de la investigación penal que indaga la supuesta administración fraudulenta en las empresas de las que es socio el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, su madre y dos de sus hermanos. Muchos medios presentaron esta situación como un “allanamiento” al domicilio particular del funcionario. El fiscal Alejandro Cánepa aclaró que en realidad lo que hubo fue una requisitoria de documentación contable ligada a esas empresas, que fue contestada satisfactoriamente.
En un amplio escrito judicial al que accedió Bichos de Campo el fiscal también reclama un embargo sobre los bienes del funcionario y su citación a indagatoria.
La orden de “allanar” fue firmada por la jueza de Transición Susana María Paola Firpo, a pedido de los fiscales que llevan adelante la causa iniciada a partir de una denuncia de la hermana de Etchevehere, Dolores, contra sus tres hermanos y su propia madre, por presunto vaciamiento del grupo empresario para perjudicarla. No es un expediente nuevo, ya que se inició hace varios años, durante la gestión del kirchnerismo.
Los procedimientos abarcaron además la administración de El Diario, en cuya firma editora, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), el ministro Etchevehere y su familia tienen el 40% del paquete accionario. El trámite se cumplió durante la siesta en la administración, ubicada en Urquiza y Buenos Aires. También en el domicilio de la empresa Construcciones del Paraná SA, en la que participa como socio Etchevehere, que coincide con su domicilio particular, en calle Los Vascos 811.
El expediente de referencia es el 6418 F° 110, caratulado “Estafa, denuncia de Dolores Etchevehere”.
En su pedido a la jueza para realizar el operativo, Cánepa, Fiscal de Coordinación Nº 3 de Paraná, y Viviana Ferreyra, Agente Fiscal de Paraná, exponen diveros argumetos útiles para entender el estado de esa investigación.
En la descripción de los hechos, dicen los fiscales que “se le atribuye a Leonor María Magdalena Marcial de Etchevere, Luis Miguel Etchevere, Luis Miguel Etchevere y Juan Diego Etchevere, a la primera en su carácter de Presidente, y a los demás en su carácter de Directores de la sociedad Las Margaritas S.A., haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000 (dólares doscientos cincuenta mil), los que le fueron otorgados en fechas 29/07/2011 (U$S 200.000) y 12/08/2011 (U$S 50.000), bajo los términos de la Comunicación A4851 pto. 2.1.2 del Banco Central de la República Argentina, a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas”.
Pero que “en lugar de ello fueron distribuidos entre los miembros del Directorio de la firma referida, para fines personales y distintos del solicitado al Banco. Todo ello surge de la certificación contable de fs. 112/113, donde constan los montos registrados en el Libro Diario General del Ejercicio Nº 34 de Las Margaritas S.A., cerrado al 31/12/2011, en las cuentas “Préstamos Banco Itaú” y “Cuentas Particulares Directores”, por un monto de $1.066.000 (pesos un millón sesenta y seis mil)”.
La maniobra, al parecer, consistió en que “la devolución de tales créditos, por parte de la sociedad al Banco, fue pactada en dólares americanos, a una tasa del 8% anual, mientras que – paralelamente – los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar -cheques de pago diferido-, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, por lo que mientras el valor del dólar subía, al igual que – consecuentemente – el valor de las cuotas a pagar al Banco Itaú, las que debían devolver los Directores y la Presidenta de la sociedad se mantenían incólumes e incluso perdían valor frente a aquella moneda, al punto tal que la sociedad debió destinar parte de otro crédito tomado por la misma con el Banco de la Nación Argentina por un monto total de $900.000 (pesos novecientos mil) – otorgado mediente Resolución del Banco de la Nación Argentina del 07/09/2016, y también a tasa subsidiada para afrontar una situación de emergencia agropecuaria para pequños productores – para saldar las cuotas pendientes de los créditos del Itaú, conforme fuera decidido mediante Acta de Directorio de fecha 01/11/2016”.
“De esta forma, en violación a sus deberes, los nombrados obligaron abusivamente a la firma Las Margaritas S.A., que dirigen y administran, ya que ni los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación – antes referidos – fueron destinados a sus fines y destinos específicos y que hacen al objeto social de la misma, sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido”, infiere el fiscal a cargo de la causa.
El fiscal añade que se está investigando, a instancias de la hermana menor del ministro, “el presunto delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 del Código Penal), el que se verificaría a partir del vaciamiento patrimonial denunciado por la venta simulada de numerosos inmuebles de su propiedad, en perjuicio tanto de la denunciante como de terceros vinculados laboral y/o comercialmente con las empresas de la firma en cuestión”. En este punto es que aparece involucrado El Diario de Paraná, fundado por el bisabuelo de Etchevehere y cuya mayoría se vendió hace unos años.
“Debo agregar que atento a que resulta de público y notorio conocimiento – ya que ha sido objeto de numerosas versiones periodísticas – que tanto el Directorio como los accionistas de SAER han variado en los últimos años, es posible que oportunamente varíe también el requerimiento de instrucción formulado, en la medida en que alguno de los referidos no lo haya integrado (al Directorio) al momento de las operaciones cuya investigación se requiere, o sean otras las personas quienes – por su calidad funcional – se vean involucrados en las mismas”, indica el escrito judicial.
Según el fiscal, la venta del diario se relaciona con el presunto “vaciamiento” relatado en el punto anterior, ya que luego de la venta de esa empresa, “los miembros del Directorio de Las Margaritas S.A. se repartieran para sí mismos el dinero proveniente del crédito del Banco Itaú, también conformaron la sociedad Construcciones del Paraná S.A., de la cual la denunciante no es socia, y a la que fueron transferidos – mediante contratos de compraventa que en realidad simulaban otras operaciones financieras – numerosos inmuebles de propiedad de SAER, con el objetivo de desapoderarla o, como comúnmente se dice, vaciarla”.
“La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente”, señaló el oficio.
Según este razonamiento, “dado que los denunciados no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales la denunciante es socia (SAER y Los Vascos S.A.), crearon la firma Construcciones del Paraná S.A. – cuyo paquete accionario recae en las mismas personas denunciadas – con el fin de transferirle tales inmuebles; pero como – a la vez – esa sociedad no contaba con fondos para abonar el exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria – AMUS – y Mutual 10 de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente CONSTRUCCIONES DEL PARANA S.A. por el importe que ésta debía entregar como precio por las propiedades”.
“Entonces, más concretamente, la maniobra habría sido perpetrada de la siguiente manera: por cada escritura se confeccionó un mutuo, emitido por una mutual que hacía de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná; esta sociedad endosaba dichos cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble; luego SAER derivaba los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos. Es decir, que el dinero volvía a su ‘dueño’ – u original prestamista – mientras que los inmuebles cambiaban de titular (de sociedad), que a la postre terminaban siendo las mismas personas físicas que integraban su Directorio”, se añadió.
En total Cánepa individualizó 7 inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná que habrían sido transferidos hacia la firma Construcciones del Paraná S.A. en estas circunstancias.
“Otro ejemplo de una maniobra similar se observa claramente también de los testimonios de los autos Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná c/Sociedad Anónima de Entre Ríos – Monitorio Ordinario – Escrituración, que remitiera el Juez en lo Civil y Comercial Nº 7 de Paraná a este Ministerio Fiscal, donde se solicita la escrituración de un inmueble sito en la esquina de calles Urquiza y Buenos Aires de Paraná, que fuera de propiedad de SAER y que fue vendido a la Mutual 10 de Abril, por la suma de $2.000.000 (pesos dos millones), con pacto de retroventa”, agrega Cánepa en la presentación que dio origen el procedimiento.
Para el fiscal “tal valor resulta, cuando menos, llamativo por lo bajo – y sin dudas encubre un tipo de operaciones financieras como las descriptas – en función del indudable valor comercial, patrimonial e histórico del inmueble en cuestión, en donde funciona nada menos que la sede administrativa de El Diario de Paraná – empresa ícono de la firma SAER -, lo que no deja de dar verosimilitud no solo a la denuncia en sí misma, sino también a las medidas que a continuación se solicitarán”.
“Lo que quedaría claro, a partir de los ejemplos citados, es que los denunciados han realizado actos por los cuales descapitalizan la firma SAER y la endeudan, desprendiéndose de gran parte de su patrimonio, e insolventándose a sabiendas de que tal resultado que podría llevarlos – por lo menos – a la imposibilidad de asumir compromisos comerciales y/o laborales con terceros, o incluso con los propios socios, o con la querellante – existen no menos de 10 causas civiles, que fueron solicitadas ad effectum videndi a lo largo de la presente investigación, en donde se tramitan reclamos de carácter patrimonial de Dolores Etchevere hacia el grupo familiar sindicado-“, añader el escrito.
Las “allanamientos” a “requerimientos”, según cada versión de la historia, no fueron la única medida solicitada por el fiscal en esta causa. Pidió además que se libren oficios exigiendo documentación a diversos organismos sobre todas las empresas involucradas, y también “se libre oficio al Banco Central de la República Argentina, y por su intermedio a todas las entidades bancarias y financieras que operen en el país, a los efectos que informen sobre todos los activos y servicios de cualquier naturaleza existentes a nombre de la firma Construcciones del Paraná S.A.”.
La AFIP, además, debería levantar el secreto fiscal y remitir a la justicia “copias fieles de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2011/2015 de las firmas SAER y Construcciones del Paraná S.A.”
Cánepa también pidió que se cite a prestar declaración testimonial al Cdor. Guillermo Budassof y que “oportunamente se fije fecha de indagatoria por el hecho descripto, sin perjuicio de su posterior ampliación y/o modificación, a Luis Miguel Etchevere, Arturo Sebastián Etchevere, Juan Diego Etchevere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevere, y Luis Alberto Guevara”.
“Por otro lado, y atento a los fundamentos del requerimiento anterior, también solicito se disponga la INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES de la firma Construcciones del Paraná” , así como “solicito a V.S. se trabe EMBARGO sobre los bienes de los Sres. Luis Miguel Etchevere” y el resto de las personas imvolucradas en la investigación.
Estos embargos reclamados por el fiscal deberían llegar “hasta cubrir la suma de U$S 250.000 y $900.000, tal los montos involucrados en los créditos tomados de los Bancos Itaú y Nación”.
