Finalmente el gobierno de Javier Milei escuchó los reclamos del agro argentino y decidió no renovar una resolución crediticia discriminatoria que había sido creada por el kirchnerismo para intentar forzar ventas de soja por parte de los productores.
“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso no renovar la circular que impone un mínimo en la tasa de financiamiento bancario a la que pueden acceder productores cuando mantienen un stock de soja superior a 5% de su producción”, señaló este miércoles la entidad por medio de un comunicado.
La norma, que había sido implementada en septiembre de 2022 por el gobierno de Alberto Fernández, vence el próximo 30 de junio, lo que implica que desde el mes que viene dejará de existir.
“Esta decisión constituye un paso más en el camino trazado por el BCRA con miras a normalizar el funcionamiento del sistema financiero y fomentar el crédito doméstico al sector privado productivo”, apuntó la entidad presidida por Santiago Bausili.
“A medida que el BCRA avanza en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sus autoridades seguirán evaluando opciones para flexibilizar regulaciones distorsivas y discriminatorias, con el fin de facilitar el redireccionamiento del crédito bancario desde el sector público al sector privado productivo”, añadió.
La medida, que ahora tiene los días contados, establece que aquellos productores que no hayan vendido al menos el 95% de su cosecha de soja deben ser castigados con una tasa de interés superior a la del resto de las empresas que integran las distintas actividades de la economía argentina.
La norma especifica que “la tasa nominal anual de interés compensatorio de las financiaciones de entidades financieras en pesos –cualquiera sea la forma de instrumentación– a clientes con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de productor con acopio de su producción de soja será como mínimo el 120% de la última tasa de Política Monetaria publicada” en caso de tener en stock más del 5% de su última cosecha de la oleaginosa.
La resolución no sólo era esperada por el sector productivo, sino también por la industria bancaria, dado que la restricción hizo que buena parte de la demanda de financiamiento de las empresas agrícolas se canalizara hacia orígenes comerciales y bursátiles.
“Celebramos que se haya dado de baja una reglamentación injusta que castigaba la producción agrícola. Es una buena señal que, sumada a otras medidas que desregularon actividades o removieron barreras, indican que estamos en un camino positivo”, indicó José Martins, presiente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Cada vez más clara la posición política de este diario. Socialista y Kirchnerista. Una pena.
Nos conformamos con muy poco. ¿Que relevancia tiene la suspensión de esta medida? Si el gremialismo agropecuario lo toma como una conquista esta resolución discriminatoria estamos liquidados.
Lo que importa son los DEX, brecha cambiaria y los impuestos a los combustibles