Desde hace varias semanas hay preocupación en el mundo de los laboratorios veterinarios, ya que varios de ellos hicieron sonar las alertas por la importación de productos sin el correspondiente control sanitario por parte del Senasa. Ahora, en el marco de una guerra declarada por el control del negocio de la vacuna contra la aftosa, uno de esas empresas denunció al presidente del Senasa, Pablo Cortese, aunque por una importación de un pequeño lote de vacunas sucedida en diciembre, antes de la flexibilización de las normas que flexibilizan el ingreso de medicamentos para animales.
Durante muchos años, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) fue la autoridad encargada de asegurar que los productos veterinarios que ingresaban y se comercializaban en el país cumplieran con rigurosas normas de control sanitario. Esa responsabilidad continúa ahora. Sin embargo, en los últimos meses, una serie de resoluciones impulsadas sin demasiada consulta al sector privado modificaron esas reglas de juego y encendieron las alarmas dentro de la industria veterinaria local.
Con el respaldo del ministro Federico Sturzenegger, la Resolución 338/2025, firmada el pasado 17 de mayo, autorizó la importación de productos veterinarios -incluyendo vacunas, medicamentos y kits de diagnóstico- que ya cuenten con registro en países considerados “equivalentes”, sin necesidad de atravesar el habitual proceso de evaluación y registro exigido a nivel local. Esta disposición se sumó a la Resolución 333/2025, aprobada apenas dos días antes, y a la Resolución 11/2025, publicada en enero, que había marcado el inicio de un proceso gradual de desregulación del sistema.
Pese a que las medidas fueron presentadas como parte de una “simplificación burocrática”, referentes del sector advierten que se está ante un “cambio de paradigma” que podría poner en riesgo tanto el estatus sanitario del país como la viabilidad de la industria nacional de medicamentos veterinarios.
Este proceso hizo que los laboratorios nucleados en Caprove (Cámara de Productores Veterinarios) pongan el grito en el cielo porque entienden que esto no es una desregulación sino “una facilitación de importaciones”, y favorece a algunos empresarios puntuales en detrimento de toda la industria. Además del riesgo sanitario, los laboratorios creen que no están compitiendo en igualdad de condiciones.
“La modificación de las condiciones de registro de los productos veterinarios tendrá consecuencias directas sobre un sector que emplea más de 8.000 personas de forma directa y genera exportaciones por más de 108 millones de dólares al año”, advirtió Caprove en una carta enviada al presidente del Senasa Pablo Cortese y a Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Lo que también subyace detrás de todo esto es una interminable guerra entre laboratorios: Biogénesis Bagó y otros más pequeños ostentan casi la totalidad del mercado de la vacuna contra la aftosa, que en los últimos tiempos se puso en riesgo cuando Tecnovax comenzó el proceso de importación de productos de Brasil, y se dio una competencia feroz entre ellos, que todavía está candente.
Parte de esta guerra insólita tuvo un capítulo nuevo en las últimas horas, cuando Luis Genovesi, apoderado de Biogénesis, envió una carta documento a Pablo Cortese para que indique detalles sobre un cargamento sospechoso, que según entienden desde Bagó, se trata de lotes de vacunas que Tecnovax ingresó al país sin los debidos controles.
“Nos dirigimos a Usted, un su carácter de Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con suma preocupación por el grave impacto que determinadas operaciones de importación de vacunas antiaftosa podrían acarrear sobre la sanidad animal y el comercio internacional de la producción agropecuaria de nuestro país. Hacemos referencia a las operaciones de importación de vacunas antiaftosa OUROVAC, AFTOSA BIV elaboradas por el Laboratorio Ourofino de Brasil e importadas por Tecnovax S.A”, dice el apoderado de Biogénesis, antes de detallar los lotes importados por su competidor.
Sin embargo, en la carta documento se reconoce que los cargamentos sospechosos datan de hace más de siete meses, es decir de los primeros días de diciembre de 2024, antes de que se conozca la flexibilización. De hecho, en aquel momento Bichos de Campo informó sobre dicha operación, que fue comunicada y festejada incluso por el laboratorio Tecnovax. ¿Por qué se realiza la denuncia ahora? Es una buena pregunta.
De acuerdo a la intimación del denunciante, este proceso quedó descripto: “En el caso de las importaciones Ourovac-Tecnavax, no se habrían cumplido la totalidad de los controles y regulaciones vigentes. Esto así por cuanto el Laboratorio Ourofino, elaborador de las vacunas importadas, tiene suspendida la producción de sus vacunas y no contaba ni cuenta con habilitación vigente de la autoridad sanitaria brasilera. Por ende, las importaciones Ourovac-Tecnovax constituirían infracciones a la normativa vigente, pasibles de todas las sanciones y medidas aplicables, incluyendo pero sin limitarse a las sanciones previstas en la ley 27,233 y a las medidas previstas en la Resolución 38/2012 del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”.
De acuerdo a lo que publicó el periódico La Nación, desde el Senasa explicaron que la autorización para el ingreso de las vacunas al país se basó en una nota de mérito y conveniencia firmada el año pasado por Cortese. Además, señalaron que pondrán a disposición de la Justicia toda la documentación que se requiera para esclarecer lo sucedido.
Según precisaron, las 8.300 dosis arribaron al aeropuerto de Ezeiza, pero no pudieron ser habilitadas ya que no cumplían con la normativa sanitaria vigente. Frente a esta situación, y bajo custodia oficial, las dosis fueron retiradas por el laboratorio en conjunto con personal del Senasa para su posterior destrucción.
