Para subsidiar a los molinos amigos con el escandaloso FETA, ni Tombolini respeta la pauta de 5% que él mismo impone a los Precios Justos

Ni la renuncia del presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, cansado de la feroz división que provocó entre las empresas del sector el fideicomiso triguero que armó el gobierno en 2022, logró poner en debate esta herramienta antiinflacionaria, que destina parte de la recaudación por retenciones de la soja al supuesto objetivo de bajar los precios del pan.

Los valores de este alimento de consumo popular han subido de 250 pesos a más de 800 pesos desde abril de 2022, cuando el ex secretario de Comercio, Roberto Feletti, decidió armar el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA). El gobierno lleva gastados unos 50.000 millones de pesos con el objetivo de “compensar” a un grupo de 20 molinos que supuestamente deben vender la bolsa de harina común más barata a las panaderías. Pero una sola empresa, Molino Cañuelas, la líder del mercado, ha absorbido casi 70% de todos los recursos.

Ahora el sucesor de Feletti, Matías Tombolini, se ocupa mes a mes de actualizar los precios de esa harina subsidiada, como para que no quede demasiado retrasada en un contexto de inflación galopante. En una nueva resolución que lleva su firma, aplicó un incremento de 7,9% a ese producto a partir de esa fecha, lo que lleva el valor de la harina a 2.471 pesos por bolsa de 25 kilos.

Lo curioso de esta resolución es que Tombolini vuelve a mostrar que en la política de control de precios hay hijos y entenados, porque mientras este mes -luego de una devaluación del 22%- autorizó a muchas empresas que aplicaran aumentos de solo 5% en la lista de productos incluidos en Precios Cuidados, a los molinos que cobran FETA (y que son apenas 20 sobre un universo de 150 plantas) les otorgó un aumento de casi 8%. Distintos dirigentes del sector panadero, más allá de esto, dijeron en los últimos días que con este incremento el precio del pan superaría con holgura los 800 pesos.

El FETA, de todos modos, incide poco y nada en la conformación del valor final del alimento. En eso tiene que ver que la incidencia del trigo y la harina no llega al 15% en ese valor al consumidor, donde tallan otros costos como la mano de obra, la energía, el alquiler de locales. Pero además, como no hay controles sistémicos en que se cumpla efectivamente con el precio fijado por el fideicomiso, termina siendo dinero tirado que no cumple con un objetivo claro y que termina siendo un giro de capital a ciertas empresa, sobre todo Cañuelas.

Diego Cifarelli renunció a la presidencia de la Federación Molinera: La entidad estaba casi fracturada por el polémico fideicomiso triguero

Es tan visible esta maniobra que en las dos últimas resoluciones, Tombolini incluyó un premio sobre ese precio oficial de 10% y 20% según la calidad de la harina, según su contenido de proteína, que es algo que tampoco nadie controla. Los molinos que no están en el FETA denunciaron que con este mecanismo se acelerarían los giros hacia Cañuelas, Lagomarsino y otro pequeño grupo de empresas, justo en un año donde todo el sector ha logrado una alta calidad triguera debido a los bajos rendimientos que provocó la sequía.

Esta última disputa fue el motivo central que desencadenó en la renuncia de Cifarelli. El presidente de FAIM reconoció estar cansado de lidiar en la fuerte interna entre grupos molineros. La frontera está planteada entre quienes cobran el FETA y quienes lo rechazan argumentando que es distorsivo y no sirve.

Por cierto, otra cosa clara es que no sirve,

En la Resolución 1327/2023, publicada ahora en el Boletín Oficial, se reconoce que la bolsa de harina que recibe esta compensación ha subido 55,2% desde principios de año y 90% respecto de agosto de 2022, que es casi lo mismo que la inflación general de precios. El INDEC, en medio, ha medido que el precio del pan francés en GBA subió 85,4% en lo que va de este año y 130,9% desde agosto de 2022. Es decir que poco y nada de efecto ha tenido esta millonaria transferencia de dinero público a un pequeño grupo de molinos para hacerle más fácil la vida de los argentinos.