El informe del valuador del proceso de “cram down” de Vicentin determinó esta semana que el valor de liquidación estimado de la empresa es equivalente a un 22% del pasivo concursal. Para Gabriel Vénica, empresario agropecuario del norte de Santa Fe, esa noticia tiene que se contextualizada para no perder el foco sobre la oportunidad perdida.
“Más que resaltar la situación dramática de Vicentin, lo que es necesario remarcar es que hace tres años y medio estaba la solución para la situación de Vicentin, que era una propuesta de rescate aprobada por una amplia mayoría de acreedores”, apuntó Vénica.
El acuerdo de rescate del concurso de Vicentin –proceso que se inició en febrero de 2020– contaba con las mayorías necesarias para poder homologarse y proceder con la compra de los bienes de Vicentin por parte de un grupo conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra.
Sin embargo, el proceso de homologación de ese acuerdo, que contaba con las mayorías concursales necesarias, fue interrumpido en reiteradas oportunidades por acciones judiciales e intervenciones directas del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.
“Si se hubiese homologado la propuesta original, los acreedores ya habrían cobrado y la situación de la empresa estaría encaminada; ninguna de ambas sucedió. Además, con la propuesta inicial el acreedor que menos cobraba lo hacía en una proporción del orden 40% de la deuda concursal”, comentó.
Vénica asegura que la propuesta original fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia de la Santa Fe a pedido de un único acreedor (Commodities SA del Grupo Grassi), quien afirmaba que cobraría el 20% de su deuda.
“El cálculo del 20% era erróneo, pero, aunque tuviese razón, hoy tendría un mayor capital del que podría llegar a percibir con el estado actual de la empresa, que ha perdido mercados y profesionales, parte de su infraestructura está deteriorada, está trabajando a media máquina y con el ‘agua al cuello’ al no tener flujo suficiente para abonar servicios básicos”, sentenció.
Vénica afirmó que el mayor responsable de la situación de la concursada es la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que en 2022 dispuso la suspensión del concurso de acreedores de Vicentin y la interrupción de todos los plazos procesales, lo que derivó en una serie de idas y vueltas que fueron desgastando a la empresa.
“¿Qué gana el Grupo Grassi, Vila Manzano y su operador CIMA con todo esto? Gana que durante los tres años y medio que el poder judicial demoró la solución, compró deuda que muchos acreedores vendieron al 10% de su valor y hoy puede quedarse con Vicentin por ‘chaucha y palitos’, imponiendo su mayoría (en el “cram down”) –por la deuda que compró– y perjudicando al resto de los acreedores”, sostuvo Vénica.
En diciembre del año pasado CIMA Investments S.A., propiedad de Esteban Antonio Nofal, adquirió las acreencias concursales de International Finance Corporation (IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), Natixis New York Branch, Coöperatieve Rabobank, MUFG Bank, ING Bank NV y Sumitomo Mitsui Banking (SMBC), las cuales, en conjunto, representan una suma de 447,1 millones de dólares.
CIMA es un grupo cercano a Commodities S.A., lo que implica que la propuesta presentada por la familia Grassi tiene, considerando la mayoría por capital, mayores probabilidades de obtener la victoria en el proceso de “cram down” en curso.
