En un breve comunicado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que ya se efectivizó el envío de 1.046 millones de pesos desde el Fondo de Emergencia Agropecuaria a los municipios afectados por las inundaciones.
Lo hizo a través de la resolución 250/2025 y los beneficiarios de estos aportes no reintegrables fueron Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, 25 de Mayo, Bolívar, Monte y 9 de Julio.
En realidad, la demorada ayuda económica representa sólo la mitad de lo que había prometido el gobierno nacional cuando, a principios de noviembre, se enteró de la crisis atravesada en el centro provincial y anunció medidas de apoyo.
De acuerdo a lo que había confirmado el propio director de Apoyo Federal a Emergencias (AFE), Santiago Hardie, a Bichos de Campo, la suma final sería de 2100 millones de pesos, y no de 1900 como se había difundido inicialmente. Hasta ahora, no se informó el destino que tendrá lo que resta de esos anuncios, que son otros 1050 millones.
Lo que pasará con el resto de la suma prometida no es el único “olvido” de la comunicación oficial, pues tampoco se aclara qué le corresponde al resto de los municipios que hasta ahora no recibieron ayuda económica.
Algunas de las curiosas excepciones son General Viamonte y Lincoln -que formaban parte de ese primer “centro de operaciones” montado por Patricia Bullrich- e incluso Pehuajó, un municipio que había denunciado discriminación por parte del gobierno nacional pero que -de acuerdo a lo que informó el propio Hardie a este medio días atrás- también recibiría dinero del Fondo de Emergencia Agropecuaria.
Según pudo saber Bichos de Campo por fuentes oficiales, los municipios que más recursos habían solicitado fueron 9 de Julio -170 millones-, Carlos Casares -100 millones- y Bolívar. El intendente casarense, Daniel Stadnik, había dicho a este medio que aguardaba la ayuda de Nación para “antes del pan dulce navideño”, y su pedido fue escuchado.
Cabe destacar que, una vez completada la documentación -gestiones que las intendencias hicieron con premura- fue luego la cartera dirigida por Sergio Iraeta la que procesó los pedidos y giró los fondos. Todo lo relativo al envío de maquinaria y equipos de trabajo -que llegaron antes que el dinero- había quedado bajo la órbita de las direcciones nacional y provincial de Vialidad y el Ejército.
La liberación de los fondos, sin embargo, se produjo a un mes y medio de la visita de Patricia Bullrich a 9 de Julio, una de las últimas “misiones” de la ministra de Seguridad antes de desembarcar en el Congreso y dar por finalizada su responsabilidad en la zona. A quien había dejado trabajando allí fue al equipo de la AFE en conjunto con funcionarios provinciales.
