¿Otra vez sopa? Las agroexportadoras pidieron al gobierno “no politizar” el proceso judicial de Vicentin y desterrar la idea de una estatización

En un comunicado emitido este viernes, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que agrupan a las principales empresas agroexportadoras del país, mostraron preocupación y disconformidad con las expresiones de miembros del gobierno en torno al proceso juridicial de la aceitera Vicentin, y abrieron el paraguas frente al coqueteo del Banco Nación de avanzar nuevamente -como acreedor privilegiado- con una posible estatización de la aceitera,

“Es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país”, afirmaron las cerealeras agrupadas en Ciara-CEC, tres de las cuales (Viterra, ACA y Bunge) habían participado del plan de salvataje que había propuesto la empresa que ingresó en concurso de acreedores en marzo de 2020, con un pasivo de 1.300 millones de dólares, y planeaban hacerse cargo de una parte de los activos.

Pero esa alternativa no prosperó porque hace unos días el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso, rechazó la propuesta de pago elaborada por el directorio de la empresa, y habilitó la apertura de un proceso de “cram down”, que es la última oportunidad que tiene la empresa para ser recuperada antes de ser declarada en quiebra. Esa decisión habilitó a que los acreedores, entre ellos el Banco Nación, comenzara a coquetear nuevamente con la idea de presentar su propia propuesta de rescate, al decir de su presidente, Silvina Batakis.

Última oportunidad antes de la quiebra: Lorenzini rechazó la homologación de la propuesta de rescate de Vicentin y abrió la posibilidad de que se presenten ofertas alternativas

“Desde CIARA y CEC se considera que las recientes medidas judiciales pueden tener consecuencias en la estabilidad laboral y eso deteriorar las condiciones de funcionamiento de toda la industria, en un momento de debilidad macroeconómica, fuerte caída de la industrialización y exportación por la sequia y tensiones sociales de público conocimiento”, indicaron los agroexportadores, abriendo el paraguas frente a esa posibilidad. El gobierno de Alberto Fernández, en junio de 2020, ya había ordenado una intervención e incluso coqueteó con la posibilidad de una expropiación de la empresa, aunque luego desestimó esa posibilidad y todo volvió a los carriles judiciales.

“Si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industria”, advirtieron ahora los socios de Ciara-CEC, que son los que explican al menos 40% de las divisas que ingresan al país.

Acto seguido, las exportadoras pidieron a las autoridades nacionales y provinciales que “eviten politizar las decisiones judiciales que no están en firme y que se abstengan de emitir  mensajes que pueden ser interpretados como riesgo laboral para las familias de la industria aceitera nacional”.