Aunque en las últimas horas se confirmó que la Unión Europea (UE) podría prorrogar una vez más (hasta 2027) la entrada en vigencia de su reglamento anti deforestación 1115/2023, otra vez se reeditó aquí la polémica en torno a los sistemas de certificación requeridos para demostrar a ese cliente que la soja y la carne argentina provienen de campos que no han sido desmontados en tiempos recientes, tal como exige esa normativa.
En realidad, aunque no es el único habilitado, cada vez que se habla de este asunto salta la perdiz y aparece un nombre: Visec. Se trata del sistema para poder hacer la georreferenciación de los campos y la trazabilidad de los cargamentos, que pica en punta porque tiene el apoyo tanto de los exportadores agrícolas, a través de Ciara-CEC, como de los frigoríficos de carne, ya que fue adoptado por la cadena reunida a través del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).
Pero en materia de carnes, no todos están convencidos. Y de hecho, este viernes se conoció un comunicado muy crítico contra el VISEC, firmado por 15 asociaciones rurales y algunos productores y referentes ganaderos a título personal. Aseguran que las exigencias de ese sistema privado “claramente están en contradicción con las acertadas posturas del Presidente de la Nación en esta materia”, en referencia a las posturas críticas de Javier Milei contra la Agenda 2030 y las políticas ambientales que propicia Europa.
Firman el comunicado las siempre díscolas “sociedades rurales del norte bonaerense” (Baradero, San Pedro, Colón, Lincoln, Rojas, Capitán Sarmiento, Areco, General Pinto), pero además otras entidades de base de otras provincias Por Santa Fe figuran las rurales de la capital provincia, la de Rosario, la de La Criolla y la del Noroeste. Por Entre Ríos la Comunidad Islera Asociación Civil y por Chaco la Rural de Pampa de Indio. Además adhirió una fundación antiaftosa del centro bonaerense, la Fundazul.
Adicional firman este repudio al VISEC, a título individual, Jorge Mercau, Guillermo Farbman, Martín Sturla, César Pereyra, Catalina Melon Gil y Federico Vignale.
Todos ellos exigieron a las gremiales de la Mesa de Enlace un pronunciamiento más firme de rechazo a ese sistema de certificación. “El VISEC no es una plataforma, es una asociación privada que busca reemplazar al Estado”, argumentaron, recordando que ese sistema “es financiado por la Unión Europea, AL-Invest Verde, Global Gateway, junto con The Nature Conservancy, Tropical Forest Alliance, Peterson, Land Innovation Fund y la cámara exportadora Ciara-CEC”.
En el documento, los díscolos productores se preguntan por qué la certificación no la realiza el Senasa o directamente la Secretaría de Agricultura. En rigor, con este debate instalado el año pasado, desde ese organismo el ex secretario Juan Pazo y su cuñado Sergio Iraeta dispusieron el año pasado que los productores no estarían obligados a tramitar sus certificaciones con el VISEC sino con cualquier plataforma privada que eligieran.
La principal crítica ahora de este sector es que el VISEC “no es un organismo público argentino, pero usa datos oficiales, certifica y condiciona a los productores como si lo fuera. Pide acceso a información productiva protegida por secreto fiscal. Pide datos extra que ni siquiera exige la resolución europea”, que “nunca pidió certificar, sólo geolocalización”.
