Resulta descabellado pensarlo de este modo. Pero si en la Argentina de hoy ya existe gente que revuelve la basura para sobrevivir, bien podríamos imaginarnos un nuevo rebusque con cuadrillas de desocupados que -luego de la cosecha de soja- pasen por los campos tratando de levantar, poroto a poroto, los más de 80 dólares de pérdida que quedan regados por el suelo.
Este es el cálculo que hizo, queriendo pero sin querer, la gente del INTA. Tratando de minimizar las pérdidas de cosecha, los técnicos del organismo evaluaron que esta campaña será cercana a los 142 Kilogramos por hectárea, en promedio. Si tomamos un valor internacional de 570 dólares por tonelada de soja (1.000 kilos), el valor del kilo de ese grano cotiza actualmente a 57 centavos de dólar. Los 142 kilos que no levanta la máquina por diversos motivos, equivalen entonces a más de 80 dólares.
Hay casi 17 millones de hectáreas sembradas de soja que se están cosechando en este momento. Si uno hiciera la cuenta, la soja que queda en los campos equivale a más de 1.300 millones de dólares. ¡Miren si no se podrían remediar los niveles de pobreza de muchísimos argentinos con esa suma! Pero claro, habría que recoger los porotos, de a uno por uno.
Por supuesto es un razonamiento absurdo, casi imposible. Además para los productores argentinos la pérdida de esos 142 kilos por hectárea no resulta tan elevado por el simple motivo de que a ellos la soja se la pagan mucho menos que esos 570 dólares, por efecto de las retenciones y de la brecha cambiaria. Algunos analistas dicen que apenas llegan a cobrar 40% del valor internacional. Los 80 dólares de pérdida serían si en la Argentina se cobrara el valor internacional de la oleaginosa.
Este ejercicio teórico sirve, de todos modos, para dimensionar la enorme cantidad de dinero que queda en el campo luego de cada cosecha. Según un informe del INTA, equivale a un 25% del margen neto de producción esperado para esta campaña 2020/21.
“Con un avance del 60% del área cosechada de soja a nivel nacional, los relevamientos realizados por INTA indican que los niveles de pérdidas de cosecha promedian los 142 kg/ha, lo que representa una pérdida de casi 1.300 millones de dólares para el país”, dice el documento.
Los técnicos agregan, tomando un área efectivamente cosechada de 16,7 millones de toneladas, que quedan en el campo -como parte del rastrojo- la friolera de 2,37 millones de toneladas de soja. “Significa una reducción del saldo exportable en aproximadamente 1.292 millones de dólares”, define ahora sí con corrección el documento. En rigor, recién al exportar se expresa el valor pleno de la soja, los mencionados 570 dólares. De allí empiezan todos los descuentos.
Aunque no sería una mala idea, el INTA no propone armar cuadrillas de desocupados para ir a levantar los granos caídos que quedan detrás de la cosechadora.
En cambio, afirma el documento, “la propuesta del INTA es lograr reducir los valores promedio actuales de pérdida en un 20%, aumentando el saldo exportable del país en 258 millones de dólares”. Esto implicaría reducir las pérdidas por hectárea a ni más de 75 kilos.
Lo más grave de todo es que, al parecer, esto se podría lograr sin tanto esfuerzo del productor. Para mejorar la eficiencia se necesitan tomar decisiones que “en la mayoría de los casos tiene un costo cero y que repercute notablemente en los márgenes de la actividad”, enfatizaron los técnicos.
“No es difícil lograr una reducción en el nivel de pérdidas de cosecha porque el parque de cosechadoras mejoró en cantidad y calidad, la información de cómo hacerlo está disponible, además que Argentina posee productores y contratistas de cosecha muy bien preparados para lograrlo”, subrayó el INTA, que está organizando una jornada virtual sobre este asunto el martes 11 a las 18.
Allí participarán todas las empresas de cosechadoras del país, donde se mostrarán distintas pruebas a campo realizadas con los modelos de cada marca: Case IH 7150, Massey Ferguson 9895, Metalfor 2635, New Holland CR 7.90, John Deere S780, Claas Lexion 7600 MTS y Vassalli V770, todas trabajando con la regulación necesaria para lograr niveles de pérdidas inferiores a los 40 kilos por hectárea.
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