Un nuevo capítulo acaba de tomar forma en la lenta caída del gigante lácteo santafesino Verónica. Tras varios meses de mantener la producción industrial al mínimo, los trabajadores vienen reclamando el pago de los salarios adeudados, tal como se había acordado, cosa que no pasó.
En este tiempo se sucedieron varios momentos de tensión entre los empleados de la histórica usina y los empleadores, que piden tiempo para encontrar una solución. Lo que dicen los empleados es que la fábrica no fabrica. Ni siquiera la materia prima de los dueños es usada para producir, ya que la destinan a otras industrias.
En ese contexto, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) denunció formalmente ante la Dirección Nacional de Relaciones Laborales y Regulación del Trabajo la situación que atraviesan los trabajadores de la empresa Verónica, lo que entiende es “a raíz de un lockout patronal, incumplimientos salariales y retención indebida de aportes”.
De acuerdo con la presentación realizada por el sindicato, la empresa mantiene impagos los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, así como la segunda cuota del aguinaldo de 2025, mientras que desde el 8 de enero comenzó a reducir su actividad productiva hasta detenerla completamente el 16 de febrero.
Esta situación que vive Verónica afecta a más de 400 trabajadores convencionados en distintas plantas del país y genera un fuerte impacto social que alcanza a alrededor de 700 familias que dependen directa o indirectamente de la actividad de la empresa.
Atilra se hizo eco de los reclamos de los trabajadores y los tamberos, con quienes mantiene una abultada deuda: “La empresa dejó de ingresar materia prima a sus establecimientos, paralizó la producción y en algunos casos impidió el acceso de los trabajadores a los lugares de trabajo, lo que el sindicato interpreta como un lockout patronal ilegal”, dijeron desde el gremio lechero.
Según cuenta Atilra, desde comienzos de febrero, trabajadores de diferentes plantas comenzaron a recibir cartas documento que notifican una reducción del 50% de la jornada laboral y de los salarios, lo que consideran como “suspensión encubierta que agrava aún más la situación social de los empleados”.
En este contexto, dirigentes sindicales advirtieron que el conflicto tiene consecuencias directas sobre cientos de familias trabajadoras. Domingo Possetto, secretario general de Atilra Rafaela, que representa a los trabajadores de la planta cercana a la localidad de Lehmann, describió la situación de la empresa como un “abandono real” por parte de la familia propietaria y señaló que el impacto social en la provincia de Santa Fe “es peor que el caso Fate en Buenos Aires”.
Desde el gremio sostienen que los trabajadores no deberían verse arrastrados por conflictos internos dentro de la empresa. Según trascendió, la sociedad estaría integrada por unos veinte socios pertenecientes al mismo grupo familiar —entre primos, hermanos y sobrinos— y existirían diferencias internas sobre la conducción y el control de la compañía.
En ese marco, desde hace más de un año se registran problemas financieros, cheques rechazados, atrasos en pagos a proveedores y demoras en salarios, aguinaldos y aportes de los trabajadores, lo que habría derivado en la actual paralización de la actividad.
Atilra también informó que existen investigaciones judiciales en curso vinculadas a la empresa. Entre ellas, una denuncia presentada en la Justicia Federal por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos, radicada en el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Asimismo, se investiga una causa por presunta estafa en la Fiscalía de Criminalidad Económica y Compleja de Rafaela.
Ante este escenario, el sindicato solicitó la intervención urgente de las autoridades laborales nacionales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa y resguardar los derechos de los trabajadores, quienes hoy atraviesan una situación de profunda incertidumbre.
