Por Nicolás Razzetti.-
Desde hace años que en el sector no se acuerda qué se debe hacer con la Ley de Semillas. En un extremo hay sectores de la producción que no están dispuestos a cambiar casi nada de la ley actual, vigente desde principios de los setenta, sobre todo en lo que refiere al uso propio gratuito de las semillas que recolecte cada productor. En la otra punta, los proveedores de este insumo que reclaman que se regule el pago de regalías y se ponga límites al uso propio.
Se esperaba que con el nuevo Gobierno esas diferencias quedaran zanjadas. De hecho, el Poder Ejecutivo anunció a poco de asumir que enviaría al Congreso su propio proyecto para actualizar esa ley, que con retraso finalmente ingresó al parlamento sobre fin de año pasado.
Pero más allá de algunas sesiones de debate en las cuales expusieron referentes de diferentes entidades del sector privado, no hubo avances. Y teniendo en cuenta que este año habrá elecciones legislativas, ni la discusión en comisiones de esta iniciativa podría llevarse a cabo en lo que queda de 2017. Mucho menos la votación en el recinto.
Gilberto Alegre, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, dijo: “Para que cualquier proyecto de ley prospere se requiere del consenso del Poder Ejecutivo, que es el que motoriza los cambios que se necesitan en la legislación y como tiene bajo control la mayoría de las comisiones puede controlar el Congreso. Lo que vemos es que no hay demasiado interés en propiciar el debate sobre la Ley de semillas”.
Alegre agregó que “este año es poco probable que se debata, es casi imposible porque como el Gobierno tiene minoría en la cámara, no llama a sesiones y sólo buscan sesiones especiales cuando tienen que tratar un punto que les interesa”.
En tal sentido, ejemplificó: “ayer se convocó a sesión extraordinaria fuera de término y en horario inusual y con 24 horas de anticipación por el paro del transporte de Córdoba, buscando un rédito político. Pero no estábamos dispuesto a sesionar si no se tratan otros temas como la disminución de las pensiones por discapacidad. Como el gobierno se niega a tratar esos temas es difícil consensuar”, explicó el legislador del Frente Renovador.
