Milei hizo un segundo gran gesto a favor de la industria semillera: Pide que la Argentina adhiera a la UPOV 91 para poder limitar el derecho al “uso propio”

Disimulado, casi escondido, en una maraña de artículos y capítulos contenidos en el megaproyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, aparece el artículo 241. Dice sencillamente que la Argentina “adhiere a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991)”. Parece la nada misma, inofensivo, pero representa un enorme gesto del gobierno de Javier Milei dirigido a la industria semillera, que desde hace años vienen bregando por el respecto de la propiedad intelectual en semillas.

Justamente, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) fue creada en 1961 en Europa y promueve legislaciones a nivel global para legitimar la propiedad intelectual de las empresas semilleras. Desde su nacimiento hace 60 años, la UPOV fue avanzando en la creación de normas cada vez más estrictas que sugiere a los países, que deciden si adherir o no. La Argentina ha sido siempre una figurita difícil, porque aquí el debate sobre donde terminan los derechos de los agricultores y comienzan los derechos de los obtentores nunca pudo ser saldado.

Para que se entienda: desde siempre (incluso antes de que existieran las leyes) los agricultores han podido guardar parte de su cosecha de un año para usarla como semillas de la cosecha siguiente. Es lo que se conoce como “derecho al uso propio”.

Con la intensificación de la agricultura, la aparición de los híbridos y sobre todo la irrupción de la biotecnología, han aparecido semillas que cada vez contienen más desarrollo científico. Por ejemplo, la soja transgénica RR -la más sembrada en la Argentina- tenía un gen de otra especie que le confería resistencia al uso del herbicida glifosato. La extinta Monsanto, su desarrolladora, pretendió siempre cobrar una regalía por ese avance, pero en la Argentina nunca pudo hacerlo por diversas razones. Por eso la industria semillera levanta la voz y reclama no solo la adhesión de la Argentina a la UPOV 91, sino incluso la sanción de una nueva ley de semillas que proteja mejor los intereses de los obtentores.

Para resguardar los derechos de los obtentores, hasta China logró actualizar su ley de semillas antes que en la Argentina

El convenio UPV 91 es el marco legal impulsado por las multinacionales del sector semillero para comenzar a poner límites más estrictos al derecho al uso propio, bajo el argumento de que al amparo de ese derecho milenario existe un comercio ilegal de semillas mejoradas (bolsa blanca) que impide que las empresas desarrolladoras “capturen el valor” adecuado por sus innovaciones.

Las organizaciones de la agricultura familiar han resistido siempre la aplicación de esta convención internacional en el país. E incluso todos los años convocan a una semana de resistencia. “Generalmente no escuchamos hablar de UPOV. Pero en cada uno de los países donde se intentan imponer sus normas, se aplican a través de leyes de semillas impulsadas por fuertes lobbies corporativos y también a partir de la firma de los Tratados de Libre Comercio (TLCs), que en sus capítulos de propiedad intelectual, casi siempre, contienen exigencias relativas a la adhesión a UPOV”, explicaba un texto muy crítico de ese sector.

Cuando se realizó la última revisión de este pacto global solo tenía 20 países eran miembros. Pero después la OMC (Organización Mundial de Comercio) impulsó en 1994 que todos los países miembros debían tener derechos de propiedad intelectual para las variedades vegetales, el número de países que adhirieron creció a 70.

En todo un gesto hacia la industria semillera, Vilella nombró a un hombre de Bioceres como presidente del INASE

La Argentina, que tiene su ley de semillas sancionada en 1972 (acaba de cumplir 50 años), jamás lo hizo, pese a la presión de las empresas nucleadas en ASA (Asociación de Semilleros Argentinos). Han sido varios los intentos de los sucesivos gobiernos (peronistas o macristas) de actualizar ese cuerpo legal, pero el mayor cortocircuito siempre radica en las limitaciones al uso propio.

En los considerandos del proyecto, el Ejecutivo convalida una alianza con el sector semillero, al declarar que con este artículo se podrá “incorporar mejores prácticas internacionales que estimulen grandes inversiones para la modernización del sector agrícola, generen incentivos para la innovación, promuevan el comercio internacional, mejoren el acceso a variedades mejoradas para los consumidores, incrementen la productividad agrícola, apoyen la investigación y desarrollo agrícola, y aumenten la protección contra el uso desautorizado de variedades protegidas”.

Con la inclusión de esta adhesión nacional a la UPOV 91, el gobierno de Milei está dando un segundo enorme gesto a favor de los intereses de la industria semillera. El primero fue la designación en el INASE (Instituto Nacional de Semillas) de un hombre claramente ligado a los intereses de ese sector a Claudio Dunan, el ex gerente de Estrategia de Bioceres, la compañía que logró varios de los primeros cultivos transgénicos de la Argentina.