Matías Tombolini, un mediático economista que ahora ocupa una silla en el Banco Nación, asumirá en la Secretaría de Comercio Interior. Será el cuarto funcionario que se sienta en esa silla desde mayo pasado, detrás de Roberto Feletti, Guillermo Hang y Martín Pollera. Todos ellos tienen algo en común: han impulsado o avalado un sistema de subsidios bastante escandaloso a empresas molineras, a través de un fideicomiso triguero que absorbe 400 millones de dólares de la soja. El mecanismo solo llega a un puñado de empresas y se ha mostrado totalmente ineficaz, porque el precio del pan ha subido en vez de bajar.
¿De qué estará hecha esta massa? ¿De los mismas harinas sospechosas de los funcionarios anteriores (incluso Feletti quedó imputado en una denuncia penal)? ¿Tombolini hará una cosa diferente?
El Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) luce tan trucho y direccionado que los molinos reciben instrucciones desde una cuenta de mail de Yahoo y no de un servidor oficial. Pertenece a una tucumana que es especialista en fideicomisos financieros pero no sabe demasiado del mercado de la harina. Se llama Inés Yamuss y no es ni siquiera empleada del Estado. Trabajó para BICE Fideicomisos (responsable de administrar este fondo) por lo menos formalmente hasta 2012 pero ahora lo hace para la Universidad del CEMA.
Yamuss es la única cara que se repite en esta sucesión de secretarios de Comercio que ahora sigue con Tombolini.
El FETA nació mal parido. En diciembre de 2021, a pedido de Feletti, el Ministerio de Agricultura hizo un primer estudio para ver la factibilidad de subsidiar la harina, para desacoplar así los precios internacionales del trigo de los locales. No hubo acuerdo con Comercio Interior. El Ministerio a cargo entonces de Julián Domínguez tomó nota del rechazo de la mayor parte de los molinos y adoptó esa posición. Además los funcionarios sabían que la incidencia del trigo y la harina en el precio final del pan era en el peor de los casos del 15 a 20%. No servía de mucho subsidiar la materia prima para detener la escalada inflacionaria.
Pero Feletti insistió y la guerra entre Rusia y Ucrania le vino como anillo al dedo, porque los precios del trigo volvieron a subir y metieron más presión. En ese contexto logró que Martín Guzmán subiera las retenciones de 31 a 33% para los derivados de la soja, lo que le permitirá recaudar unos 400 millones de dólares al año que iban a ser utilizados para subsidiar la harina mayorista. También forzó la creación del FETA aún a pesar de la oposición explícita de las tres cámaras que agrupan a los 160 molinos del país, que pidieron que la ayuda oficial se canalizara directamente a los sectores más desprotegidos.
El FETA nació repleto de sospechas. El mecanismo de pago y sobre todo de control del fideicomiso todavía no había sido bien reglamentado, pero Feletti ordenó pagar más de 1.400 millones de pesos a solo tres empresas, y dos de ellas del mismo grupo: Molino Cañuelas. Fue el viernes 21 de mayo -a minutos del cierre bancario- antes del lunes en que finalmente renunció, para ser reemplazado con Hang. El resto de los molinos que se habían opuesto quedaron con la boca abierta.
El FETA nació vulnerable. Unos meses antes, en septiembre de 2021, Cañuelas había ingresado en convocatoria de acreedores con una deuda tan abultada como la de Vicentin, unos 1.300 millones de dólares, pero para el gobierno esto no parecía ser un problema porque sus pasivos fiscales -también multimillonarios- estaban incluidos en el proceso y por lo tanto eran deudas “no exigibles”. No tener deudas fiscales o previsionales era la condición necesaria para recibir los subsidios.
Cañuelas tenía 24% de la molienda de trigo y por supuesto contar con la posibilidad de vender harina subsidiada por más de 1.300 millones de pesos jugó a su favor para potenciar sus ventas y disciplinar a sus clientes. El FETA quería abaratar el precio del pan común, pero sospechosamente también incorporó las harinas especiales y premezclas, que son uno de los negocios más fuertes de esa firma. Los molinos más chicos, nucleados en Apýmimra, reclamaron al sucesor de Feletti, Guillermo Hang, por esta competencia desleal. Tampoco los escuchó y al poco tiempo el ex funcionario ratificó el mecanismo de subsidios.
A varios molinos, entonces, no les quedó más remedio que pensar en ingresar al Fideicomiso. Lo hicieron Morixe, Pehuajó, Harinas Bajo Hondo, y un par más. Igual la mayoría de las empresas siempre mantuvo su oposición porque sabía que el FETA incidiría muy poco en el precio del pan y además temía que el Estado incumpliera muy pronto con los pagos, financiando la harina subsidiada a costa de los propios molinos.
Sucedió antes de lo que uno se imaginaba: el FETA pagó aceleradamente los anticipos a Cañuelas y los otros pocos molinos que adhirieron, pero luego comenzó a retrasar los pagos consolidados por haber volcado al mercado la harina vendida a menor precio. Luego de patalear y amenazar con cerrar sus plantas, el molino más beneficiado logró que le cancelaran las entregas de mayo, pero a partir de ahí va acumulando deudas.
El FETA nació endeudado: se estima que cada quincena de harina subsidiada que debe a Cañuelas ronda los 700 millones de pesos, así que ya acumula un pasivo de más de 2.000 millones.
El FETA ha sido sumamente inestable. Con Martín Guzmán se fue también el secretario Hang y el pan no había bajado: por el contrario siguió subiendo. Con Silvina Batakis asumió en Comercio Martín Pollera, quien también ratificó el fideicomiso a pesar de las visibles inconsistencias que aquí relatamos. Pollera también escuchó las razones de los molinos que no querían sumarse porque desconfiaban de sus resultados y sobre todo percibían que todo se trataba de una maniobra para que Cañuelas se posicionara mejor en el mercado. Pero Pollera, y siempre atrás la tucumana Yamuss, volvieron a desoir las razones de la mayoría.
Por el contrario, como sus antecesores, comenzando por Feletti, Pollera se reunió con grupos bastante inorgánicos de dirigentes panaderos, algunos de los cuales son reconocidos militantes del kirchnerismo en Avellaneda. A ellos la semana pasada, antes de que irrumpiera Massa en escena, les autorizó una suba del pan común que se supone gracias al FETA debía congelar sus precios en torno a los 250 pesos. Pese a los subsidios, nadie lo vende a ese valor. Pollera aceptó que el kilo del alimento pudiera ser vendido desde los 340 y hasta los 400 pesos.
El FETA, hasta este momento, acumulaba solo fracasos y operaba con un pequeño grupo de empresas que representaba menos del 30% de la molienda. Pero el pasado jueves 28 -horas antes de le eclosión del viejo gobierno- sucedió algo que volvió a mostrar que el gobierno de Alberto y Cristina está emperrado en utilizar esta herramienta de modo más que sospechoso y discrecional: anunció su adhesión al Fondo la firma Lagomarsino SA, que explica otro 10% del mercado de la harina.
El FETA volvió a llenarse de sospechas. Cualquier análisis comercial de los disponibles en el mercado permite observar fácilmente que Lagomarsino acumula deudas por aportes patronales en los últimos meses. Además hay varias empresas que han recibido intimaciones de la AFIP porque este grupo molinero les habría retenido impuestos que luego no depositó. El Fideicomiso era claro respecto de esto: no podían recibir subsidios los molinos que no tuvieran un comportamiento fiscal intachable. Cañuelas les metió dentro del concurso. Lagomarsino las tendría visibles y sin embargo se permite su adhesión.
Cuando el jueves pasado en la reunión en la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) se conoció esta situación, muchas empresas vieron venir el acabose: imposible competir con Lagomarsino si esta empresa también comenzaba a ofrecer la harina subsidiada. Por eso varios molinos que hasta ese momento ofrecían resistencia al FETA comenzaron a apurar sus papeles para adherir forzosamente al mecanismo. Es que el subsidio prometido es cuantioso y podría determinar quién queda dentro y fuera del negocio: de una tonelada de trigo que vale casi 50.000 pesos, el FETA debería depositar unos 27.000 pesos en las cuentas de las empresas.
Pero el golpe de gracia no fue la dudosa adhesión de Lagomarsino al FETA sino una curiosa imposición que Pollera había anticipado a los panaderos y que comenzó a insinuarse a los molinos a través de la dirección de correo electrónico de la experta tucumana, que habló de incorporar un nuevo “anexo” a los reglamentos del fideicomiso: Comercio Interior establecería como fecha tope el 15 de agosto para que las empresas adhieran al FETA y de lo contrario ya no podrían acceder.
Peor todavía, en la reunión entre molineros se anticipó que toda la recaudación obtenida (los famosos 400 millones de dólares de la suba de retenciones a la soja) sería distribuida solo entre las empresas adheridas, con Cañuelas y Lagomarsino a la cabeza.
“Esto género un desorden mayúsculo en la reunión”, relata una minuta sobre el encuentro de la FAIM. El escándalo recién cesó cuando Daniel Ercoli, el representante de Molino Cañuelas, que había permanecido callado y de visible malhumor, pidió un cuarto intermedio para “tratar de calmar los ánimos”.
Mientras tanto, los sectores más críticos del FETA hacen cuentas que ofrecen resultados asombrosos, pero que se basan en datos oficiales. Afirman que Molino Cañuelas tuvo una molienda promedio en los últimos tres años (el criterio para distribuir los fondos del fideicomiso) de 108.509 toneladas mensuales. Esto implicaba una participación en el mercado interno a fines del 2021 del 24,90%. Entre enero y abril esa participación bajó algo, pero a partir de la irrupción del FETA -y pudiendo vender la bolsa de harina unos 700 pesos más barata que el resto de los molinos- logró moler en mayo 134.800 toneladas, lo que representó el 29,45% de participación en el negocio. Magia pura: incrementó su participación en casi cinco puntos.
El FETA nació y creció podrido. El nuevo secretario de Comercio Interior, de quien depende este operativo, deberá decidir si modifica las cosas de raíz o si se convierte en el cuatro funcionario kirchnerista que avala este escandaloso sistema en menos de tres meses.
