Podría decirse que para los empresarios agrícolas argentinos no hubo aún, en términos impositivos, cambio de gobierno porque siguen experimentado con Javier Milei una extracción de recursos equivalente a la registrada con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.
La medición del presente mes de septiembre realizada por la Fundación FADA muestra una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 61,5% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que de cada 100 pesos de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, una suma de 61,50 pesos es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 61,5%, la participación del Estado en soja es del 65,6%, en maíz del 56,6%, en trigo 54,4% y en girasol del 56,6%.
Comparado los meses de septiembre de años anteriores, el Índice FADA en 2020 se ubicó en 62,0%, para septiembre de 2021 en 63,6%, en 2022 en un 61,3% y un 76,1% en 2023; en este último caso la suba obedece a que la renta estuvo afectada por un sequía histórico, es decir, una circunstancia fortuita (que se magnifica con una presión tributaria desproporcionada).
El último año en el cual hubo una mejora fue en septiembre de 2019, período final del gobierno de Mauricio Macri, donde el índice FADA fue de 56,4% y logró así perforar la barrera del 60%.
En lo que respecta al 61,5% de participación del Estado en la renta agrícola de septiembre de este año, los impuestos nacionales no coparticipables representan el 64,5% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales representan el 30% de los impuestos medidos. Aquí tenemos principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.
Las provincias reciben parte del 30% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. En el Índice FADA se consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este último impuesto. Por último, los impuestos municipales representan el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional.
“Un tema recurrente en este reporte es el federalismo fiscal de un esquema donde la mayor parte de los impuestos son nacionales no coparticipables, en una actividad que por definición es federal y está arraigada regionalmente”, señala el informe de FADA.
“Así, la vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la existencia de derechos de exportación”, resume.
La presión fiscal sobre el agro es asfixiante.
Nuestros costos ( gasoil, maquinari agroquímicos a valores internacionales y nuestros productos a niveles paupérrimos..
Un solo ejemplo: durante muchos años la semilla de un híbrido de maíz costaba una tonelada de producto. Hoy es un 50 % más caro
Si tan asfixiante es, entonces no se entiende por qué la locura que se paga por arrendar a quintales fijos de soja por hectarea no decrece