La prórroga por 60 días del régimen de promoción de los biocombustibles de parte del Gobierno, mientras continua el debate legislativo en torno a un marco regulatorio, no hace más que estirar la agonía de muchas pymes que se dedican a su fabricación y que, asediadas por la falta de reglas claras y por los aumentos de costos de la materia prima, sobre todo el aceite de soja para hacer biodiésel, no encuentran salida a una extensa crisis.
Hay cerca 33 plantas de biodiésel en Argentina que ven un futuro negro por delante. Las hya muy grandes, pero también muy chicas. Uno de esos casos es el de la planta de Marcelo Rossini, ubicada en Piamonte, Santa Fe. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que mis 30 empleados no queden en la calle, pero no podemos trabajar 15 días y parar otros dos meses”, dijo el empresario en diálogo con Bichos de Campo.
Rossini comentó que su empresa viene mal desde 2018, cuando se enfrentaron a la primera devaluación en el país. Luego, con el advenimiento de la segunda devaluación luego de las elecciones Paso de 2019 y con la disparada de tasas de interés, se vieron obligados a pedir concurso preventivo para poder darle solución a su complicada situación financiera, dado que se les dificultó afrontar los costos crecientes de la materia prima con que trabajan para elaborar el biodiésel, que es el aceite de soja. Y que cotiza en dólares.
“Ahora que la soja llegó a 600 dólares, el aceite de soja vale mas de 900 dólares la tonelada, y para pymes como la nuestra es imposible costearlo, no nos dan los costos y esto nos pasa hace mucho tiempo”, explicó el empresario.
Rossini comentó que el aceite de soja esta expresado en dólares y las petroleras a ellos les pagan en pesos el biocombustible para el corte obligatorio del 10% del gasoil. “Esto siempre fue así, pero ante una adversidad o devaluación del 40% la empresa entra en ruinas. Cualquier pyme pierde dinero con el actual costo de la materia prima. Hoy no sabemos cómo sostener los puestos de trabajo”, manifestó.
La firma de Rossini, Energías Renovables Argentinas SA (ERA), además de fabricar biodiésel tiene otras unidades de negocio tales como la distribución mayorista de combustible, la operación de tres estaciones de servicios, lubricantes y agro productos. Eso le permite aliviar algo las cosas.
¿Qué opinan los productores de biocombustibles sobre la prórroga por 60 días del régimen vigente?
Rossini destacó la ayuda que le brindan tanto la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) como la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) y los proveedores de aceite de la zona a los que les compran. “Todos ellos nos ayudaron muchísimo, sobre todo Sergio Bernardi, presidente de la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado de Santa Fe (CIDEP). Tanto a él como a otros extrusores de la zona les compramos el aceite de soja y no tengo palabras de agradecimiento con ellos”, expresó.
¿Por dónde pasaría una posible solución? Rossini declaró: “Más allá de que estallamos en el gobierno anterior de Macri, creo que no hay que ponerle nombre y apellido a ningún gobierno como responsable directo. Hoy nadie tiene en cuenta a la materia prima nuestra que es el aceite de soja. Por eso yo creo que tenemos que tener una ley tiene que esté atada al costo del aceite y luego debemos sentarnos entre todos para buscarle la vuelta, petroleras, cámaras de biocombustibles y políticos”.
Para Rossini hay una evidente falta de entendimiento entre las partes que deben tomar las decisiones. “Hay que poner reglas de juego claras. Quizás, pienso, una solución sería darles impuestos diferenciales a las petroleras de modo tal de incentivarlas a que nos compren el biodiésel para cortar sus naftas. Pero esta situación tiene que terminar. Es una locura trabajar 15 días y parar dos meses. Estamos todos desanimados, hasta los empleados. Necesitamos que se llegue a un número que nos cierre a todos”, enunció.
En cuanto a la errática publicación de los precios del biodiésel, que deben ser fijados por el propio Estado, Rossini recordó que hubo valores fijados a inicios de 2021, lo que les permitió trabajar durante el primer trimestre, pero con la posterior suba del aceite perdieron rentabilidad y tuvieron que parar nuevamente la producción.
ERA comenzó a operar en el año 2011 y da trabajo a unas 30 personas de modo directo y a otras tantas de modo indirecto, mas las empresas de transporte que contratan para que les haga llegar el aceite de extrusadoras de la zona cercanas a su planta.
Hasta el 15 de abril de este año en Rossini pudieron entregar biodiésel a las petroleras. “Por tonelada nos pagaban aproximadamente 900 dólares, pero en ese momento el aceite valía menos, estaba algo de 700 dólares, entonces había una relación. Ahora el aceite subió y esto nos deja fuera de margen”, resumió.
“Esto no es en contra de ningún actor puntual sino que involucra a muchas personas. Hay que dejar de discutir en torno a partidos políticos. Es muy importante aplicar una política de promoción de los biocombustibles”, concluyó Rossini.
Desde el sector piden un debate amplio y un tratamiento que remarque la importancia de los biocombustibles para el desarrollo de las economías regionales, pero ahora no reina más que la incertidumbre porque desde hace tiempo que no se respetan los precios ya fijados ni los cupos.
Hay una veintena de iniciativas acumuladas en el Congreso que están frenadas. A su vez, para sumar más incertidumbre, desde el oficialismo impulsan un proyecto de ley que propone cambiar el esquema actual, bajando los porcentajes de corte de biodiésel con gasoil del 10% a un rango ubicado entre el 5% y el 3%, según lo disponga la Secretaría de Energía, mientras que el corte obligatorio de bioetanol elaborado con caña de azúcar con nafta se mantiene en un 12% pero podría pasar al 6% según lo decida Energía.
Si se aprobara ese proyecto del Gobierno, muchos empresarios piensan que la industria bioenergética entraría en decadencia. Lo más probables es que Rossini forme parte de ese proceso. Su localidad, Piamonte, tiene menos de 4.000 habitantes que de seguro la extrañarían.
