A los fideicomisos mejor no eliminarlos sino controlarlos.
Algo así deben estar pensando en el Ministerio de Economía, donde primer elaboraron una lista de fideicomisos a cargo del Poder Ejecutivo con ganas de eliminarlos de cuajo (al menos eso proponía la Ley Bases), pero después decidieron que era mejor tomar el control de esos fondos.
La Resolución 124/2024 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo, es un buen ejemplo de la nueva premisa del Palacio de Hacienda, que ya no aparece desesperada por eliminar ese tipo de fondos fiduciarios (que le permiten a sus administradores moverse al margen de las tediosas reglas y controles del Estado) sino que más bien va tomando posesión de ellos.
En este caso, lo que define la resolución es que Caputo tomó el control del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro), uno de los fideicomisos que formaba parte de los que debían ser eliminados, y a la vez una de las pocas cajas que quedaban bajo control del secretario de Agricultura, Fernando Vilella, quien ahora ya prácticamente no manejará ni un céntimo del presupuesto de su sector.
En el Presupuesto 2023, que se replicará en 2024, se proyectaron para el funcionamiento de ese fono transferencias del Tesoro Nacional por la suma de 1.000 millones de pesos, “destinándose la mayor parte a subsidios corrientes al
sector privado y a provincias y municipios”.
Vilella, ex decano de la Fauba, ya había cedido la estratégica Subsecretaría de Administración de la Secretaría a manos de Juan Pazos, su par de Industria y uno de los funcionarios de mayor confianza de Luis Caputo. Tampoco pudo retener el control del área de créditos internacionales (la ex Prosap) ni sugirió el nombre de quien manejará el multimillonario Fondo del Tabaco. Es decir, que se ha transformado casi en una figura decorativa.
La “intervención” del Fondagro por parte de Caputo y sus leales es casi el tiro de gracia para la poca autonomía que le quedaba a la Secretaría de Agricultura. Ese fondo había sido creado por la Ley 27.341, que definió el Presupuesto de 2017, y fue un gesto del gobierno de Mauricio Macri hacia la gestión de Ricardo Buryaile en el entonces Ministerio de Agricultura. Se trataba de “un fideicomiso de administración y financiero, con el objeto de incentivar, fomentar y desarrollar, a través de las acciones que se consideren más eficientes, el sector agroindustrial” mediante el apoyo financiero a diferentes acciones.
Finalmente una parte del presupuesto de Agricultura se canalizaba hacia allí para poder ser más ágiles y efectivos en la política territorial.
En febrero de 2017 se estableció que el Fondagro tendría un Comité Ejecutivo integrado por el propio ministro de Agricultura, su jefe de gabinete y los secretarios del ministerio, hoy degradado a secretaría dependiente de Economía.
“Considerando el objeto fundamental y trascendental del mencionado Fondo para el sector agroindustrial es preciso implementar un método dinámico para futuras conformaciones del Comité Ejecutivo del Fondagro que acompañe su desarrollo”, dice ahora la resolución firmada por Caputo, que le arrebata el control de ese fideicomiso a Vilella.
La nueva norma genera un Comité Ejecutivo novedoso, que estará integrado por cinco miembros, tres por el Ministerio de Economía y solo dos (la minoría) por la Secretaría de Agricultura. “O la que en un futuro la reemplace”, dice la norma, dejando la puerta abierta a un cambio de denominación hacia Secretaría de Bioeconomía, que es lo único que ha despertado la libido de Vilella desde que asumió el cargo.
De todos modos, aunque se garantiza la mayoría del comité ejecutivo, Caputo es coherente al ceder la presidencia a un representante de Agricultura.
En el artículo 2º, Economía designó de inmediato a los nuevos funcionarios que manejarán el fondo: Por Economía serán María Eugenia Barbieri; Rita Mónica Almada; y Felipe Berón. Faltaría que Vilella, en un gesto casi oprobioso, designe a la minoría por Agricultura.
María Eugenia Barbieri es un caso a tener en cuenta: Desde hace años que se desempeña como consultora en asuntos públicos y comunicación estratégica, pero últimamente -en la anterior gestión- venía desempeñándose como asesora en temas estratégicos de la Subsecretaria de Agricultura de la Nación Argentina, a cargo de Delfo Buchaillot, un hombre cercano a las exportadoras agrícolas.
La abogada Mónica Almada, en tanto, fue designada por Caputo en febrero pasado como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad de Articulación Estratégica de Áreas Económicas y Productivas”. Y Felipe Berón, en tanto, es el actual Subsecretario de Análisis y Planificación Productiva de la Secretaría de Industria, que depende de Juan Pazo.
Preparen la vaselina, porque me parece que les rompen el to or.
Pero cpmo no era que SE ELIMINABA BUROCRACIA hum me parece QUE NO ES LO PROMETIDO