Luego de que los representantes legales de la concursada Vicentin SAIC presentaran una denuncia contra Commodities SA, Olzen y Mariano Grassi por una supuesta participación en hechos que configurarían los delitos de estafa procesal y extorsión, Grassi salió a contestar y afirmó que el accionar de Vicentin se explica porque “la justicia les puso un freno y no les permitió pagar una parte insignificante de la deuda con el botín robado”.
Por medio de un escrito, Grassi, titular de Commodities SA, dijo que resulta insólito que lo denuncien por estafa y extorsión cuando “fue la auditoría forense la que dejó en evidencia que Vicentin omitió contabilizar los pasivos comerciales, fundamentalmente de soja a fijar, por más de 580 millones de dólares, con la consecuente subvaluación de los costos de producción, es decir aumentando las ganancias”.
Además recordó que en 2020 la justicia penal congeló todos los activos de Vicentin y de sus accionistas para evitar el vaciamiento de la empresa. “Entre esos activos están las acciones de Renova SA que le quedan a Vicentin (33%), luego de que días antes de declarar su default le vendiera al grupo Viterra el 16,7%, encontrándose en investigación por la justicia penal el destino que se le dio a los fondos de esta venta”.
El comunicado de Grassi rememora la acusación, realizada un año atrás por los fiscales Miguel Salvador Ernesto Moreno y Sebastián Rodrigo Narvaja, relativa a ex directivos de Vicentin y al auditor de la empresa KPMG que validó los balances previos a la cesación de pago, a pesar de que los mismos contenían enormes irregularidades, por supuestos delitos de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta.
“Vicentin engaña diciendo que presentamos una ‘falsa denuncia’ contra Renova S.A. porque la fiscalía recabó una gran cantidad de evidencia sobre las 55.600 toneladas de soja de Commodities S.A. que estaban a depósito en Renova SA y que Vicentin denunció como deuda en su concurso. Esto motivó que el 5 de noviembre de 2024, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja acusaran y pidieran la elevación a juicio oral a todos los directivos de Renova y de Vicentin acusándolos de administración fraudulenta en carácter de coautores y en grado consumado”, señaló Grassi.
El titular de Commodities indicó que los directivos de Vicentin se oponen al proceso de cram down “porque no les gusta que los ‘chiquitos’ nos plantemos y ejerzamos nuestra defensa como nunca antes se hizo en Argentina”.
“Desde el primer comunicado del fideicomiso acreedores granarios de Vicentin dejamos claro que no ahorraríamos esfuerzos para aportar a una solución superadora para todos los acreedores granarios. Pero el negocio de Vicentin siempre fue para unos pocos”, añadió.
Vale recordar que el acuerdo de rescate de la concursada –proceso que se inició en febrero de 2020– ya cuenta con las mayoría necesarias para poder homologarse y proceder con la compra de los bienes de Vicentin por parte de un grupo conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra.
Sin embargo, para poder avanzar con la homologación de la propuesta de rescate es necesario que los jueces penales que tramitan causas contra ex directivos de Vicentin levanten las medidas cautelares dispuestas sobre los bienes de la concursada.
Adicionalmente, en octubre pasado la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió admitir un recurso de inconstitucionalidad solicitado por Commodities SA con el propósito de frenar la homologación del concurso de acreedores de Vicentin.
Al respecto, Grassi dijo que “si Vicentin está convencido de la legalidad de su propuesta abusiva y parcial, que compita en el cram down y lo gane” en referencia a la propuesta de rescate de la concursada de los acreedores granarias, la cual aún no fue hecha pública.
A vicentin le molesta la Justicia por Grassi
