El Gobierno, mediante el Decreto 230/2020 publicado este jueves en el Boletín Oficial, concretó finalmente la suba de las retenciones a la soja y sus derivados, llevando la alícuota al 33% (el máximo autorizado por el Congreso) justo a pocos días del inicio de la cosecha. A la par, en la norma se producen una serie de bajas del peaje que el Estado cobra a los exportadores, lo que termina ubicando las alícuotas de las economías regionales entre el 5 y el 7%.
La normativa, firmada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y los ministros Luis Basterra y Martín Guzmán, incluyo un largo anexo con las posiciones arancelarias del Mercosur que sufrieron modificaciones en sus alícuotas de derechos de exportación (DEX). Desde aquí puede consultar ese anexo:
En sus consideraciones, el gobierno recordó de entrada que “el apartado 1 del artículo 755 de la Ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, faculta al Poder Ejecutivo Nacional a gravar con derechos de exportación” determinadas mercaderías.
Luego, raramente, alude a que “resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales que mejoren su desempeño y que incrementen la competitividad de la exportación de bienes y servicios a medida que mayor sea su valor agregado”, refiriéndose a las bajas establecidas para algunos cultivos como el maní, el arroz, el maíz pisingallo y las legumbres, que habían sido ubicadas con tasas del 9 o 12% en diciembre y ahora bajarán a alícuotas de entre el 5 y el 7%.
Distinta es la explicación para el aumento de la soja y sus derivados, incluyendo el biodiésel que tributará 30% y los balanceados que contengan soja en su formulación, que tendrán alícuotas de entre 27 y 33%, según el caso. “Resulta imprescindible mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria”, indicó al respecto el gobierno.
Con el complejo sojero tributando al máximo, un 33%, la recaudación del estado por la cosecha 2019/20, que se estima entre 53 y 54 millones de toneladas, se acercaría a los 6.000 millones de dólares. Como parte de esa cosecha ya se vendió antes de esta suba, con esta medida habría una transferencia de recursos desde los productores al fisco cercana a los 400 millones.
Según el ministro Basterra, que hace 48 horas presentó este nuevo esquema a los dirigentes de la Mesa de Enlace, esa mayor presión fiscal no implicará mayores ingresos para las arcas públicas, pues la rebaja de retenciones a los cultivos regionales y algunas productos animales (el cerdo, el ovino, la lana y los productos de la pesca) implicará resignar unos 170 millones de pesos a favor de dichas economías, de menor escala que la soja.
Un monto semejante, aunque hay muchas dudas al respecto, prometió asignar el gobierno en las compensaciones a los productores de hasta 1.000 toneladas de soja, mediante una suerte de devolución de retenciones. En realidad, los chacareros de entre 500 y 1.000 toneladas -en este esquema- seguirán tributando 30%, como hasta ahora, pues se le reintegrarían 3 puntos. Y solo los de hasta 200 toneladas (30 hectáreas) tendrán una mejoría real respecto de la situación que tenían en diciembre pasado, cuando Alberto asumió el gobierno y comenzaron los retoques de las retenciones.
Pero habrá que esperar para ver el alcance de estas políticas, porque las resoluciones respectivas no fueron publicadas todavía en el Boletín Oficial y todavía no pasan de ser una promesa.
Como en muchos otros casos, el gobierno aplicó al agro primero una cachetada. Y luego vendría la caricia.
