Luego de varios meses de quejas sin resultados concretos, ya que el Senasa viene postergando una solución definitiva sobre la decisión de permitir el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, los productores ganaderos de Río Negro presentaron un recurso administrativo frente al organismo, que podría ser la antesala de un planteo judicial, en el que vuelven a expresar su oposición y cuestionan el modo en que el gobierno de Javier Milei impuso esa flexibilización de la barrera sanitaria contra la fiebre aftosa.
El sitio Más Producción, que tuvo la primicia, relata que la presentación tiene “duras objeciones al encuadramiento legal, cuestionando la validez de los informes técnicos, y sobre todo señalando que no se describe un propósito claro” de la medida lanzada por el Senasa hace más de dos meses, resistida por los gobernadores de toda la región y cuya aplicación ya ha sido postergada en dos ocasiones.
Ahora, “los dirigentes rurales de Río Negro y del partido de Patagones presentaron un recurso administrativo por el cual pretenden que se anule la resolución 180 del Senasa”, cuya principal impacto era que se permitía el ingreso de asado con hueso al sur de la barrera sanitaria del Río Colorado, que protege la región libre de fiebre aftosa sin vacunación.
Bichos de Campo se comunicó con este abogado productor.
-¿Por qué presentaron un recurso administrativo y no uno judicial?
-Un recurso administrativo es un paso obligatorio en casos que afecten de alguna manera intereses que son colectivos. La ley exige la votación de una instancia administrativa para poder tener expedita la vía judicial. Entonces esto implica que primero hay que presentarse ante el mismo organismo que dictó la medida o la resolución que se está objetando. En el caso de un rechazo o bien se puede ir a la vía de un recurso jerárquico o se puede recurrir directamente a la vía judicial.
-¿Cuáles son los argumentos que ustedes esgrimen para impugnar esa resolución?
-Acá la cuestión es la siguiente: la resolución en principio no está adecuada ni siquiera a la propia normativa de procedimiento administrativo. La ley Bases trajo una introducción a la ley de Procedimientos Administrativos e incorporó un artículo 8 Bis en el que obliga a todos los servicios públicos nacionales a hacer una consulta pública. Acá la cuestión es que no se hizo. Se está queriendo hacer pero es post facto, después de que todos criticaron al recurso. Cuando se fijó esta prórroga de 90 días, salieron a las corridas a querer cumplir con esta etapa del procedimiento administrativo que no se cumplió. Y si esto no se cumple, entonces la resolución es nula de nulidad absoluta e insanable. Indefectiblemente no cumple con la normativa y lamentablemente tendrían que derogarla y eventualmente volver a reiniciar el expediente.
-Así que se objetará sobre todo el procedimiento del Senasa…
-También hay otras cuestiones dentro del proceso administrativo que a nuestro juicio no se cumplieron satisfactoriamente. Lo que quiero decir con esto es que la norma está mal concebida desde el inicio. Además de que no cumplió con el procedimiento administrativo desde lo formal, tampoco cumple con el procedimiento desde la parte intrínseca, desde los elementos del acto administrativo. En principio, toda decisión del Estado tiene que tener una motivación y acá la motivación no está clara, no está definida, no hay una motivación concreta.
-Los funcionarios dicen que se intenta bajar los altos precios del asado en las ciudades patagónicas.
-¿Cuáles son las razones que llevan al Estado a tomar esta determinación? Se deja traslucir que acá hay una cuestión de valor de la carne. Lo primero que voy a decir con respecto a esto es que es mentira, porque si vas a llamar hoy a Fridevi -por ejemplo-, que es un frigorífico bastante importante de la Patagonia, hoy baja a las carnicerías locales a 6.800 pesos el kilo de la media res. Entonces explícame cómo llega de 6.800 pesos el kilo a que en esa misma carnicería, en esa misma góndola, esté a 18 o 20 mil pesos el kilo. No hay una razón, ahí hay una distorsión.
-¿Dónde se produce la distorsión?
-Si el frigorífico está vendiendo a 6.800 pesos el kilo de carne es porque nosotros (los ganaderos) lo estamos vendiendo a 4.000 a 5.000 pesos en el mejor de los casos, que fue en el momento en que se dictó esta resolución. Estábamos un poco más arriba de lo que es faena en provincia de Buenos Aires o La Pampa. La realidad es que la distorsión no está entre el productor y el frigorífico sino en otra parte de la cadena de comercialización. Pero no tiene absolutamente nada que ver con una cuestión sanitaria ni de barrera.
-¿Entonces Senasa estaría defendiendo intereses comerciales y no sanitarios?
-Esa es la explicación más lógica. Esto lo saben porque pocos días antes de dictar la resolución hubo personal jerárquico del Senasa en el frigorífico Fridevi de Viedma. Lo poco razonable es que no se llamó a nadie de la Provincia, al ministro, al secretario. No llamó absolutamente a nadie. Pero no pueden decir que no conocen cuál es el precio de la carne a salida del frigorífico.
-¿En eso también se cuestiona al Senasa?
-Volvamos al tema de la motivación. Si esa es la motivación, o no queda muy claro cuál es, entonces el acto administrativo necesita tener una motivación, según dice la misma ley de Procedimiento Administrativo. Pero después tenés una colisión con un montón de normas. Ahí es donde afecta el principio de legalidad. No podés dictar desde una resolución algo que afecte a la generalidad de las personas o de los productores sin hacer la consulta pública y sin verificar de qué manera eso colisiona con los derechos adquiridos que ya otorgaron otras leyes nacionales.
Este es el texto completo de la presentación:
