La negociación salarial de 2026 en la industria láctea volvió a poner en evidencia la voracidad sindical y la diferencia entre las grandes empresas y las pymes del sector procesador de leche.
Curiosamente son las empresas más chicas las que usualmente soportan los aprietes de un gremio que por todos los medios intenta saltar los límites que imponen los documentos refrendados ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación, del cual depende la Secretaría de Trabajo.
A comienzos de febrero se selló el acuerdo paritario entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), el Centro de la Industria Lechera (CIL) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), fijando un aumento del 31,5% sobre los básicos en los salarios, formalizando así los ajustes por inflación que se fueron dando durante el último año. Este esquema de acuerdo se sigue dando mensualmente.
Sin embargo, sigue sin encontrar coincidencia entre grandes industrias y pymes el pago de un bono que se orienta exclusivamente para el sindicato.
En el acta paritaria se destacaba que Apymel, encabezada por Pablo Villano, “en disidencia y en minoría no suscribe este acuerdo arribado”. Esta falta de acuerdo radicaba en el pago del bono 40 mil pesos por trabajador, por única vez en el año, supuestamente destinado a sostener fondos de salud, educación y cultura del gremio, que es un ingreso que desde la pandemia Atilra encontró como nueva forma de financiamiento.
Tal como sucediera el año pasado, ante la misma situación, en este mes y medio desde la firma de la paritaria el sindicato ya utilizó varias maneras de amedrentamiento a las pequeñas industrias, para intentar un pago compulsivo del aporte extraordinario.
Es así que con fecha 20 de marzo, Apymel envió una carta al secretario de Trabajo, Julio Cordero, donde se consigna sin rodeos: “Nuestras representadas se ven constantemente presionadas y coaccionadas por el gremio para que abonen el denominado ´aporte a la salud, educación y bienestar´ cuyo pago es convenido por las grandes empresas y la representación sindical de manera exclusiva no siendo de aplicación para las Pymes lácteas representadas por Apymel”.
“Frente al hostigamiento permanente, las empresas exhiben la resolución homologatoria de esa Secretaria en la cual se deja expresamente asentado que ese convenio es de aplicación exclusiva a las partes que los suscriben”, agregó la misiva.
En ese escrito, firmado por Villano, se solicita un dictamen que ratifique la inoponibilidad de los acuerdos salariales, firmados entre Atilra, CIL y las pymes lácteas. La entidad advierte que el gremio recurre incluso a la justicia para reclamar el aporte a sus socios, obteniendo embargos y medidas cautelares que paralizan la operatoria de las empresas.
“Estas causas se inician a sabiendas de que no los asiste el derecho y para generar una presión tal en las empresas que éstas se ven compelidas a ´transar´ para evitar perjuicios mayores y/o irreparables”, señala el documento.
Son procesos que se inician, que perjudican el funcionamiento diario de las empresas y que en un tiempo intermedio terminan con una sentencia a favor de las empresas, con la simple contrastación del acta paritaria. Sin embargo, el daño temporal en lo operativo y económico es clave para muchas firmas.
Claro que hay casos en los que la presión gremial logró el cometido y alguna pyme pagó obligada un aporte que no le correspondía y que no tiene impacto alguno en la realidad de sus trabajadores, sino en las arcas de Atilra.
Es así que Apymel reclama que Trabajo informe de manera fehaciente cuáles acuerdos han sido homologados y que se establezca su “inoponibilidad” a todas aquellas empresas que no estén representadas por el CIL. Esto es que el acto válido entre Atilra y el CIL no produce efectos frente a terceros específicos, como es el caso de Apymel, que no aceptó esa condición.
El objetivo es dar seguridad jurídica a las pymes, evitar la extorsión sindical, y frenar los perjuicios derivados de causas judiciales que las obligan a negociar bajo presión. Para el sector, estos pasivos indefinidos representan un riesgo económico y social que compromete su competitividad y su función en el entramado productivo.
En un país donde se está reconfigurando el mapa de protagonistas industriales, donde hay dos grandes empresas en crisis desde hace años y el gremio juega un rol clave en su definición, pero donde también los costos laborales ya son elevados y la relación de trabajadores por litro es una de las más altas a nivel internacional, la definición de la Secretaría de Trabajo será clave para garantizar la sustentabilidad de estas pequeñas empresas, dando incluso más confiabilidad a la cadena en su fase industrial.
