Unos pocos medios periodísticos, entre ellos el diario El Cronista y Bichos de Campo, contaron el fin de semana, antes de los anuncios sobre las retenciones del lunes, que las empresas exportadoras se habían apurado a declarar entre el jueves y viernes más de 8 millones de toneladas de granos y subproductos, para así minimizar el impacto que tendría sobre sus números la suba de derechos de exportación.
La situación, fácilmente verificable en la página web de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios del ex Ministerio de Agroindustria, provocó varias reacciones, entre ellas la presentación de una denuncia penal contra el titular de esa cartera, Luis Miguel Etchevehere, por no haber ordenado el cierre del registro a tiempo, para evitar esta maniobra.
Frente a la ola de rumores y denuncias públicas, las cerealeras y aceiteras mantuvieron reuniones este martes y se decidieron a dar batalla, en defensa de su honorabilidad y de sus balances. Un comunicado de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) anunció que “las empresas exportadoras, de manera individual, se presentarán voluntaria y espontáneamente ante todos los organismos de control competentes con toda la documentación necesaria para acreditar que esas operaciones se hicieron en el marco de las normas vigentes”.
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Básicamente se apuntará a aclarar los tantos frente a la Oficina Anticorrupción y la AFIP, de la que depende la Aduna, el organismo responsable del cobro de las retenciones. También se pondrá la documentación a disposición de las autoridades de Agroindustria, aunque con ellas la situación parece mucho más tensa.
Sucede que Etchevehere promovió a mediados de mes un retoque previo de las retenciones, que eliminó el diferencial histórico de 3 puntos que retenciones que promovían la exportación de aceite y harina de soja y desalentaban las ventas del poroto. Esa paridad entre los productos de la cadena sojera se mantuvo en el nuevo esquema anunciado esta semana.
Desde Agroindustria, en tanto, el martes salió una carta oficial reclamando
a las cerealeras que justifiquen las exportaciones que anotaron entre jueves y viernes. “Este organismo ha advertido un incremento llamativo en el flujo habitual del volumen y número de DJVE”, indicó el ex Ministerio. Esta es la carta:
Ya lo contamos en este portal: el miércoles a la nochecita, luego de otra febril suba del dólar, el ministro Nicolás Dujovne anticipó que anunciaría el lunes un paquete de medidas para calmar a los mercados. De inmediato, todos dieron por sentado que ese paquete incluiría una nueva modificación del esquema de retenciones, como finalmente sucedió.
Hubiera correspondido, a la par del anticipo de Dujovne, que Agroindustria tomara medidas preventivas como las que ya adoptó el 13 de agosto, durante el anterior cambio del esquema de retenciones sojeras. Pero esta vez la cartera rural cerró muy tardíamente el registro de DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior), que permite a las exportadoras anticipar sus ventas y congelar de ese modo la situación tributaria de cada embarque. La resolución recién la firmó Etchevehere el viernes a las 14,10 y se publicó el lunes en el Boletín Oficial, junto con los anuncios de la suba de los derechos de exportación.
Advertidos los operadores de que las retenciones a la soja podían subir y que además podían reimplantarse las retenciones al trigo y el maíz (que habían sido eliminadas por completo ni bien asumió el gobierno), luego de las declaraciones de Dujovne -solamente entre el jueves 30 y el viernes 31- Agroindustria recibió declaraciones por más de 8 millones de toneladas de granos y subproductos, más del 10% del saldo exportable de todo un año.
“La semana pasada todos sabíamos que las retenciones iban a subir y por eso, en el marco legal vigente, las cerealeras hicieron algo que tenían permitido para defender sus intereses. Si el Gobierno no tomó medidas, entonces se debe investigar a los funcionarios por incompetencia”, dijeron fuentes del mercado agrícola.
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Dispuestas a dar explicaciones, las grandes cerealeras deben explicar por qué anotaron DJVE por 3,5 millones de toneladas de maíz, unas 630 mil toneladas de aceite de soja, 2,45 millones de toneladas de harina de soja, 1 millón de toneladas de trigo, además de unas 400 mil toneladas de cebada cervecera y forrajera y unas 30 mil toneladas de aceite de girasol.
¿Qué deberían explicar las empresas? Pues que tenían comprada esa cantidad de productos y que entonces actuaron en legítima defensa, ya que si pagaron los granos con ciertas retenciones a los productores también deberían poder exportarlos con la misma estructura tributaria. En cambio, si no pueden demostrar que ya tenían los granos en su poder, estaríamos delante de una maniobra muy favorable para ellas, ya que exportarían con la retención previa (de 0% para los cereales y 25,5% para el complejo sojero) y aplicarían a los chacareros un descuento mucho mayor, debido a que esas alícuotas hoy son superiores.
Quienes hacen cuentas a mano alzada aseguran que si ese último fuera el escenario, el dolo cometido podría superar los 100 millones de dólares.
En este contexto, el abogado Marcelo Parrilli, que usualmente aparece ligado al movimiento por los derechos humanos, presentó hoy una denuncia penal contra el ministro Etchevehere y las empresas cerealeras por una supuesta “tentativa defraudación a la administración pública”. Parrilli además solicitó “allanamiento del Ministerio de Agroindustria, secuestro de documentación y medida cautelar para que no se eluda el pago de retenciones”.
El hecho puntual que pide investigar el abogado es una supuesta “registración irregular llevada a cabo entre el 27 y el 31 de agosto de 2018, en el Registro respectivo de DJVE, con el evidente propósito de facilitar la elusión del pago de las retenciones impositivas sobre los mismos fijadas por el gobierno nacional”.
