“Estamos comprometidos con la producción agropecuaria, el país y la familia rural”. Así lo indicó hoy el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, durante un acto en el cual el Instituto de Colonización –un organismo público– transfirió 515 hectáreas de la colonia Teresa Buzzalino a la Agremiación de Tamberos de Canelones.
“Estamos en un círculo virtuoso que es trabajo, cuidado, extensión y alimentos en una industria con horizonte oscilante durante un par de años, pero con buenos precios; estamos ante una preciosa oportunidad”, señaló en referencia a la coyuntura del sector lechero.
El mandatario afirmó que durante su gestión el Instituto de Colonización realiza su trabajo sin “complejo refundacional” porque se asumió el compromiso de cuidar la producción agropecuaria.
“En esta época de producción agropecuaria vamos a tener que pensar cómo tener un nuevo instituto, que no consiste en cortar lo que se hizo bien, sino pararnos sobre eso y tener a las familias arraigadas en los campos con posibilidad de continuar con esa vida”, aseveró.
Y apuntó que el sector lechero es complejo porque las vacas se deben ordeñar más de una vez al día y eso dificulta que la actividad pueda convocar a las nuevas generaciones.
Al evento asistieron el ministro de Ganadería, Fernando Mattos; el titular de Medio Ambiente, Adrián Peña; el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Julio Cardozo, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi; el presidente de Agremiación de Tamberos de Canelones, Luis Clavijo; y el titular del Banco República, Salvador Ferrer, entre otros funcionarios.
Cardozo expresó que la obligación del instituto es adjudicar tierras a trabajadores rurales siguiendo el compromiso histórico. En ese sentido, detalló que ese organismo terminará el 2021 con más de 30.000 hectáreas entregadas.
El predio entregado se ubica en Paso Belastiquí. El instituto adquirió el inmueble en enero de 2020 a 3450 dólares por hectárea y, en abril de ese año, el directorio lo denominó Teresa Buzzalino. Una vez elaborado el proyecto colonizador, en junio de 2021, fue adjudicado a la Asociación de Tamberos de Canelones.
La Ley Nº 11.029 (1948) y sus modificatorias establece que todo propietario, antes de vender un campo, está obligado a ofrecerlo en primer término al instituto, que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago que un interesado del sector privado.
La prioridad para el acceso a la tierra, según lo dispone la normativa, la tienen las familias integradas por personas jóvenes y con niños en edad escolar, así como los pequeños productores organizados que ya estén realizando explotaciones asociativas de la tierra.
El organismo uruguayo opera fundamentalmente con arrendamientos a familias y cooperativas, mientras que las ventas de tierras sólo se realizan de manera esporádica, dado que, en caso de que se incumpla el modelo productivo prometido por el arrendatario, tiene la posibilidad de dar por finalizado el contrato para llamar a un nuevo concurso, el cual se realiza de manera pública y transparente.
El gobierno actual de Lacalle Pou, no asigna los recursos que le otorga la mencionada ley