La cartera que conduce Fernando Vilella no esconde sus intensiones. Tras reunirse con los representantes de los principales semilleros del país el martes pasado, para mostrar su apoyo al proyecto de adhesión de Argentina a la UPOV-91 contenido dentro de la Ley Ómnibus, la Secretaría de Agricultura publicó un documento explicando por qué el país no puede quedar fuera de ese convenio. El aval oficial que se hizo público ya había circulado entre los diputados nacionales que por estos días debaten ese paquete en Extraordinarias.
“La adhesión al Acta de UPOV 1991 permitirá que el productor argentino acceda a la mejor tecnología genética del mundo, que es clave para incrementar la productividad y nutrición de los cultivos, los saldos exportables y la resiliencia de los mismos frente a la creciente volatilidad climática”, inicia el comunicado
“El ACTA 1991 crea el uso propio por parte de los agricultores; excepción que no existe en el ACTA 1978 a la cual Argentina se encuentra adherida hoy. En la actualidad, autorizar el uso propio de determinas especies en Argentina es un requisito que debe cumplirse para poder ejercerlo, esto implica declarar variedades utilizadas, cantidad de producción, entre otras; bajo apercibimiento de multas y de perder este derecho”, añade a continuación.
La publicación luego menciona que los países ya adherentes han “reglamentado que los pequeños productores quedan exceptuados de pagar por el uso propio”, sin aclarar qué ocurrirá con aquellos pequeños y grandes agricultores.
Desde la cartera indicaron que el Convenio “potenciara a desarrolladores de genética locales tales como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que es el principal obtentor de variedades de Argentina con inversión pública en mejoramiento, y a otros como al Conicet, a la estación experimental Obispo Colombres y obtentores PYMES nacionales garantizando un desarrollo federal inclusivo”.
También que “dará impulso al desarrollo genético en cultivos tales como arvejas, lentejas, garbanzo, lechuga, tomate, maní, porotos, claves para mejorar la seguridad alimentaria, donde la Argentina tiene el potencial de ser líder global”.
En cuanto a los años de protección de los desarrollos, señalaron que de los 20 años que hoy se aplican para todas las especies, definida en un acta previa de 1978, esta de 1991 aplicaría un plazo extra “5 años para árboles y vides que se determinaría en 25 años”, mientras que “el resto permanecerá igual”.
“La Adhesión de Argentina a UPOV ACTA 1991 representará una ventaja competitiva para nuestra bioeconomía ya que nos permitirá una mayor inversión en desarrollo y adopción en genética vegetal. Es un salto cualitativo sobre el ACTA 1978; nos compromete con la inversión, con la I+D y con los principios consagrados en el artículo 17 de la Constitución Nacional”, concluyeron.
Vale decir que este capítulo de la inmensa ley enviada al Congreso ha dividido aguas entre el gobierno de Javier Milei y las entidades de productores, que salvo Coninagro ya han expresado su rechazo a esta adhesión, incluso en términos más duros de los que rechazan la suba de retenciones.
El mayor beneficiario economico de firmar UPOV 91 es de las multinacionales para poder controlar las autogamas ej. soja, trigo
El problema es el control de la bolsa blanca, no el uso propio de estos dos cultivos y otros. .Las mismas manejan los agroquímicos y otra las exportaciones de granos.
Los avances biotecnológicos son posteriores a la UPOV 78. Así todo funcionó con los híbridos transgénicos y derecho de obtentor registrado. El tema patentes es muy complejo y el de descriptores no es nada sencillo. He sido mejorador y el productor no tiene conciencia del costo de obtener una nueva variedad, los años y trámites que conlleva. más con biotecnologia. Nada es gratis. Hace años se habla de modificar la ley de semillas pero no pasó nada.