El gobierno de Santa Fe resolvió rescindir el convenio de administración del Centro Operativo Experimental Tacuarendí (COET), un predio provincial de casi 7.900 hectáreas ubicado en el departamento General Obligado, luego de una auditoría que detectó graves irregularidades en la gestión a cargo de la Asociación Cooperadora Tacuarendí.
La decisión incluyó la recuperación de las tierras, la cancelación de la personería jurídica de la cooperadora y la remisión de las actuaciones a la Justicia para que se determine si existió perjuicio económico al Estado.
Según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo, la auditoría fue realizada por la Sindicatura General de la Provincia (Sigep) y abarcó la administración de un predio que estaba bajo control de la Asociación Cooperadora desde 1983. El informe detectó que el 91,82% de las tierras, unas 7.222 hectáreas, estaban ocupadas sin contratos formalizados, que más del 65% de los ingresos registrados por más de 44 millones de pesos no contaban con comprobantes fiscales y que maquinaria adquirida con fondos públicos fue desviada y posteriormente rematada.
También se identificaron plazos fijos no declarados por más de 24 millones de pesos y diferencias entre el stock ganadero real y los registros oficiales.
De acuerdo con lo informado oficialmente, la nueva etapa del Centro Experimental Tacuarendí estará orientada a consolidar un área de investigación y desarrollo agro-foresto-ganadero. El plan contempla la participación de universidades, organismos técnicos como INTA y Senasa, asociaciones de productores y entidades privadas. Entre los ejes de trabajo previstos se incluyen el fortalecimiento de la cadena forestal, el desarrollo de sistemas silvopastoriles y otras iniciativas productivas vinculadas al norte santafesino, en línea con los objetivos originales del establecimiento.
La Asociación Cooperadora que estuvo a cargo del COET rechazó las acusaciones de irregularidades planteadas por el Ministerio. Según consignó tiempo atrás El Litoral, la comisión directiva calificó de “falsas” las imputaciones por incumplimientos y desvío de objetivos y sostuvo que puso “a disposición y al servicio de controles de distintos organismos… toda la documentación probatoria correspondiente y actualizada”.
Claudio Cremona, presidente de la Cooperadora, afirmó que “a nosotros nunca nos auditaron, nunca nosotros brindamos una información que ellos digan ‘sí, por este o tal motivo’; o sea, sin fundamentos ellos salen con la resolución, por eso decimos nosotros que es falso eso”. En ese sentido sostuvo que la cesión de los campos se hacía “a préstamo precario y título gratuito” y que la Cooperadora “nunca recibió fondos del Estado”.
La Cooperadora también cuestionó la forma en que se llevó adelante la restitución de los campos, al expresar su rechazo a lo que consideraron una “exagerada, numerosa e innecesaria participación de un fuerte operativo policial” durante el traspaso de la posesión del predio.
Entre los asociados de la Cooperadora hay alrededor de 90 productores que arrendaban campos dentro del predio, muchos de ellos con contratos cuya vigencia se redujo recientemente de tres a un año. Según el mismo medio, algunos productores manifestaron incertidumbre sobre su futuro uso de la tierra y adelantaron que, en caso de no llegar a un nuevo acuerdo, podrían retirar el ganado de los campos.
El COET Tacuarendí fue creado originalmente como un espacio de apoyo al sector agropecuario, orientado a la investigación, la transferencia tecnológica y la multiplicación de material genético animal y vegetal. De acuerdo con la auditoría, esos objetivos se fueron desvirtuando con el paso de los años, al tiempo que el Ministerio señaló reiteradas faltas de respuesta a pedidos formales de información, lo que derivó en la decisión de avanzar con una revisión integral de la gestión.
Frente a esos resultados, el Ministerio de Desarrollo Productivo rescindió en octubre de 2024 el convenio de uso de las tierras y recuperó la tenencia del predio. Un mes más tarde, mediante la Resolución Ministerial 1691/2025, se canceló la personería jurídica de la Asociación Cooperadora y se solicitó su baja ante el Registro de Personas Jurídicas. Además, el 26 de diciembre de 2025 se elevó un pedido de investigación a la Fiscalía General para que evalúe la existencia de posibles delitos o daños patrimoniales al Estado provincial.
Con el predio nuevamente bajo control estatal, la provincia avanzó en una reorganización de su esquema de funcionamiento. En junio de 2025 fue designado como Coordinador General de los Centros Operativos Experimentales y laboratorios provinciales el veterinario Alejandro Abdala, quien quedó a cargo de la supervisión de Tacuarendí junto con otros establecimientos productivos y técnicos de la provincia. La responsabilidad operativa específica del predio quedó en manos de Martín Ponticelli.
