La cadena láctea argentina atraviesa en este 2024 un momento clave para repensarse, para plantear una nueva posición no sólo en el mapa mundial, en el que los precios no son los protagonistas, sino también en todo lo referente a las regulaciones internas que hacen al diagrama de un futuro de oportunidades que -alguna vez- deberían ser aprovechadas.
Lo más inquietante que se estuvo tratando en los últimos meses es una supuesta intención de algún laboratorio de irrumpir en el negocio lechero de la manera menos correcta. Hubo una reunión en la que se planteó ante autoridades de Senasa y en vínculo con algunos representantes de la industria, no así de la producción primaria, la posibilidad de comenzar a utilizar algunos productos que suenan raros y resultan peor al momento de su implementación.
Lo que es un orgullo para la lechería argentina puede ser puesto en peligro por algunos intereses en esta suerte de liberación del mercado, que pretenden algunos, ya que en ese encuentro en el marco de la Comisión Nacional de Sanidad y Bienestar de Bovinos y Bubalinos se planteó la utilización de productos controversiales, con la excusa de hacer crecer la producción.
Un país que tiene estancada su productividad en leche, no por la incapacidad de crecer, sino por los impedimentos políticos y económicos, no puede permitirse la supremacía de algunos intereses puntuales.
A espaldas de los productores, se intentó sugerir la posibilidad de contar con el registro de un producto de laboratorio en base a RBST (somatotropina bovina recombinante), la hormona de crecimiento que puede producirse sintéticamente por recombinación de ADN, que no se necesita localmente, e incluso podría limitar negocios en algunos de los mercados actuales de la lechería argentina.
Hubo sugerencias sobre las opciones de uso de fosfomicina, un antibiótico para tratar infecciones en órganos urinarios, que podrían afectar de forma directa a la calidad de la materia prima.
Según pudo saber Bichos de Campo, en el Senasa el tema no cundió como se esperaba entre laboratorios veterinarios y esa presentación ante la Dirección Nacional de Sanidad Animal tendría inconvenientes para prosperar, a pesar de la falta de reacción concreta del Centro de la Industria Lechera al respecto.
El bienestar animal, la capacidad productiva natural y la obtención de leche que se puede colocar en todos los mercados a un menor costo de producción, es lo que debe primar ante este avance del lobby veterinario.
En lo que fue un capítulo más de la mansedumbre sectorial, en noviembre de 2021 se aprobaba la Ley 27.642 de etiquetado frontal y junto con el Decreto reglamentario 151/22 de promoción de la alimentación saludable, el sector lácteo recibía una de las mayores opresiones y los sellos se apoderaron de productos saludables, convertidos de golpe en su apariencia por los octógonos negros.
A diferencia de los ultraprocesados de otros segmentos de la industria alimenticia, en el sector lechero la normativa tiene un impacto nocivo para la concepción real sobre los productos, sin tener hasta la actualidad y en la región la real constatación de la reducción de la obesidad a partir de la implementación de esta estrategia, muy impulsada a nivel nacional por figuras controversiales vinculadas a la nutrición, que incluso se negaron a poder incluir en la normativa el destaque de ventajas en el consumo de los productos, no sólo sus puntos negativos.
Los lácteos que tienen al menos un sello no pueden ofrecerse en entornos escolares, no pueden regalarse y se los limita en la función de nutrición en comedores y merenderos.
De la misma manera, los confusos sellos argentinos le generan una desventaja comercial en comparación con el resto del Mercosur, con asimetrías innecesarias para posibles negocios.
A partir de la bebida más completa del planeta y con la capacidad productiva y exportadora de Argentina es que se debe trabajar oficialmente para revertir estas condiciones de etiquetado en el sector.
Podría darse un tratamiento particular para los lácteos, en cuanto al detalle del manual de aplicación, para alinear de mejor manera a los productos con las necesidades de los consumidores, de los problemas de alimentación actuales y de la recomendación vigente de la ingesta de tres porciones de lácteos por día, por persona.
Es remarcable que durante el mes de abril la Federación Panamericana de la Leche, de la cual Argentina es miembro y pudo normalizar su afiliación recientemente, se manifestó sobre este tipo de normativa, donde los lácteos deben tener una consideración particular por la calidad de sus ácidos grasos, por la composición natural que tiene la leche donde se incluye al sodio y a otros nutrientes fundamentales, frente a otros productos falto de calidad nutricional.
De todas maneras, estos puntos podrían ser salvados de mejor manera con sustento técnico si nuestro país retomara la senda global correcta, a través de la recuperación del estatus de miembro activo de la Federación Internacional de Lechería, que del 15 al 18 de octubre tendrá en París su cumbre anual.
Aquella gestión que había parecido encaminarse con la condonación de deuda el año anterior, acarreaba una historia de incumplimientos iniciada en 1962, un año después de pagar la primera cuota, con años de recordatorios sobre el tema, salvados parcialmente en 1987, con una renuncia a la pertenencia en 199, retornando de 1998 a 2002.
Se recuperó la adhesión en 2018, con Alejandro Sammartino que era director Nacional de Lechería como titular ante la entidad, pero se pagó la cuota parcialmente en 2019 y al año siguiente se informó que no se estaba en condiciones de completar el monto. Los servicios de la IDF se suspendieron a partir de 2021, acumulándose al momento deuda de ese período, de 2022 y 2023.
Por no pagar 49 mil euros, la lechería argentina se está quedando afuera del mundo
En el gobierno de Alberto Fernández se gestionó la condonación de deuda, la consideración de un socio histórico, aunque problemático, no se llegó a concluir el acuerdo y más allá de los cien suscriptores de información que tiene la IDF en Argentina y siendo incluída en los informes anuales, la importancia técnica para INTA e INTI no termina de pesar para que las organizaciones industriales decidan abocar unos 49 mil dólares de pago anual para contar con detalles clave para la producción de lácteos y una suma similar para la asistencia a eventos internacionales.
Ahora que las retenciones no son una limitante para un aporte extraordinario del sector, deben las emrpesas entender el costo de quedar afuera de las reglas de juego globales, en momentos donde la exportación es el punto central del negocio lechero nacional.
