La industria aceitera argentina volvió a encender las alarmas de Bruselas. Luego de que la Comisión Europea clasificara a la soja como materia prima de “alto riesgo ILUC” (cambio indirecto del uso del suelo), el sector exportador presentó un documento técnico para cuestionar esa metodología y pedir que se retire al cultivo de la denominada “lista negra”, una decisión que podría cerrar definitivamente el mercado europeo para el biodiesel argentino.
El planteo fue elaborado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), que difundieron una nota conceptual en la que analizan críticamente el informe COM(2026) 36 final de la Comisión Europea.
CIARA ha participado activamente de la consulta pública abierta por la Dirección General de Energía de la Comisión Europea relativa a la categorización de riesgo alto de cambio indirecto del uso del suelo en soja, lo que llevaría al cierre total de las exportaciones de biodiésel… pic.twitter.com/11WZujLMCv
— Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) February 20, 2026
Según las entidades, el enfoque utilizado por Bruselas para clasificar a la soja como de alto riesgo ambiental carece de base científica robusta y aplica supuestos metodológicos que no reflejan la realidad productiva argentina.
El núcleo del conflicto gira en torno al concepto de ILUC, que intenta estimar las emisiones asociadas a la expansión agrícola indirecta. El documento sostiene que ese indicador no puede considerarse una variable regulatoria cuantificable, ya que depende de modelos con alto nivel de incertidumbre. Incluso recuerda que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático no lo define como variable explícita en sus inventarios de emisiones, limitando la contabilidad a cambios de uso del suelo observables y atribuibles.
Pero más allá del debate metodológico, el punto central es cómo se calcula el riesgo. La Unión Europea utiliza un enfoque global que atribuye a todos los países productores el impacto de la deforestación detectada en regiones críticas, principalmente el Amazonas brasileño y el Cerrado. El informe presentado por CIARA y CARBIO señala que este criterio diluye el desempeño ambiental de países que no expanden su frontera agrícola y genera una suerte de “responsabilidad colectiva” que penaliza a sistemas productivos eficientes.
En ese sentido, el documento subraya que Argentina redujo su superficie sojera en más de dos millones de hectáreas durante la última década y que solo el 0,05% de su producción se ubica en áreas recientemente deforestadas.
Además, el crecimiento productivo se explica principalmente por mejoras en rendimiento e intensificación, no por expansión territorial.
El estudio también advierte que el método europeo confunde expansión agrícola con intensificación. En sistemas como el argentino, el aumento del área sembrada puede deberse al doble cultivo en una misma parcela y no a la incorporación de nuevas tierras, lo que introduce sesgos en la estimación del cambio de uso del suelo.
Desde el punto de vista ambiental, el documento sostiene que la metodología europea asume automáticamente que la expansión agrícola implica conversión de bosques con alto contenido de carbono, sin distinguir casos de recuperación de suelos degradados o rotaciones agrícolas dentro de áreas ya intervenidas.
Con este planteo técnico, la industria aceitera busca evitar que la soja argentina quede definitivamente etiquetada como insumo ambientalmente riesgoso, lo que pondría en jaque el acceso al mercado europeo de biodiesel, uno de los destinos históricos más relevantes para el país.
