El 29 de noviembre de 2024 el Consejo Directivo del INTA solicitó a su Dirección Nacional analizar y definir cuál sería la “dotación de personal óptima” que acompañe la estrategia de “un INTA moderno y eficiente”. El plazo para esa tarea era de 75 días, que se cumplieron el pasado 14 de febrero.
Como respuesta a esa tarea, que muchos calificaron como un intento de intervencionismo y desmantelamiento de ese Instituto al incluir no solo despidos sino también venta de inmuebles y tierras, la Dirección Nacional elaboró una propuesta integral que calificó como de “adecuación y fortalecimiento de los recursos humanos del INTA”, que espera todavía ser formalmente presentada.
A simple vista, se trata de un planteo mucho más moderado que el de los recortes pretendidos por el gobierno nacional. Sin ir más lejos, en la reunión del Consejo Directivo realizada hoy en el centro porteño, emisarios de Juan Pazo -que desde diciembre del año pasado integran una “unidad consultora para la modernización institucional”- propusieron cerrar a todas las Agencias de Extensión Rural (AER) y a los Institutos de la Agricultura Familiar (IPAF), lo que implicaría el despido de al menos 1.500 trabajadores.
De acuerdo con el documento al que accedió Bichos de Campo, la dotación de los recursos humanos del INTA se ha mantenido relativamente estable en términos cuantitativos durante los últimos 18 años, registrándose, no obstante, cambios entre las modalidades de contratación”.
A números de enero de 2025, el INTA contaba con 6123 agentes en funciones, de los cuales 5280 son de planta permanente (86%), y 843 de la planta no permanente (14 %).
Según las proyecciones de la Dirección Nacional, se espera una disminución de 180 agentes durante ese año, en función de trámites jubilatorios iniciados y aquellos no iniciados. Ese valor podría incrementar con otros procesos de bajas como cesantías, renuncias, exoneraciones, fallecimiento y jubilaciones voluntarias de mujeres entre 60 y 65 años.
“Si consideramos las proyecciones por bajas estimadas para los próximos años, a fines de 2025 la planta se estima en 5720 agentes y para fines de 2026 con 5560 agentes, cifra cercana a la identificada con la dotación del año 1990. Esto acumula en dos años una reducción de la planta de INTA en un 16%, y si se considera el valor de la dotación óptima, la reducción es del 23%”, detalla el documento.
Hay que considerar aquí que entre enero y diciembre de 2024 ya hubo una importante reducción de la dotación inicial del personal.
Desde el INTA reconocieron que las bajas producidas generaron “un impacto negativo en muchas de las actividades sustanciales” del Instituto.
“A modo de resumen, se destacan las principales áreas, temáticas, servicios y/o actividades más afectadas. Por ejemplo, se han perdido referentes en disciplinas tales como fitopatología, patología animal, ecofisiología, meteorología, edafología, entre otras. Esto también impacta en capacidades y servicios clave que solo el INTA puede proveer al sector, como podemos observar con disminución de capacidades en conservación del germoplasma, en previsión del impacto meteorológico, en laboratorios de referencia de alcance nacional e internacional”, puntualizaron.
En materia de inversión presupuestaria, en 2024 fue del orden de los 216 millones de dólares en moneda corriente. Pero analizando el beneficio que genera dicha inversión, el documento remarca que estaría en torno a los 635 a 1.080 millones de dólares al sector privado.
En ese escenario, desde la Dirección Nacional se propuso en primer fortalecer y redefinir el sistema de evaluación de desempeño, que permita vincular la evaluación con la planificación y los procesos de mejora. Eso se sumaría a la realización de Planes Operativos Anuales (POA) para definir estrategias institucionales.
“Esto será claramente explicado a los gremios para garantizar la transparencia, y además se dará una amplia y profunda comunicación a la totalidad del persona”, sostuvieron. A esto se sumaría el compromiso de seguimiento de la normativa referida a la gestión del personal.
En segundo lugar, el plan propone un rediseño y reducción de estructuras vigentes. Esto contempla la “reducción del 20% de las gerencias dependientes de las Direcciones Nacionales; la restructuración de la Coordinación Nacional de Financiamiento Extrapresupuestario para Proyectos a una Coordinación dependiente de la DNA de Planificación, Monitoreo y Evaluación; baja del Programa de Apicultura y traspaso de las actividades a la actual Red de Unidades Demostrativas Apícolas; reducción de las Redes y Plataformas existentes en la cartera programática”.
A esto le seguiría la eliminación del total de las Plataformas de Innovación Territorial (PIT).
En cuanto a las Agencias de Extensión Rural (AER), se definió una reducción de la mismas pero evitando perder presencia territorial. “La sumatoria de las bajas es de 41 AER, siendo una disminución importante del 14%, no obstante, sin perder la presencia territorial de INTA, indicando un considerable esfuerzo organizativo acorde a la presente propuesta”, señalaron.
¿Cuál sería el impacto de estos recortes? Según detallaron, sería de “un total $ 1.483.372.961,00. Este valor, traducido en términos de salarios del personal, equivaldría a 65 vacantes de profesionales, o a 115 agentes menos incorporando grupos de apoyo y técnico. Como se dijo anteriormente, este valor se vería incrementado una vez incluidas las otras bajas”.
“Este informe se encuentra enmarcado en una propuesta integral de redefinición institucional. Tal como se detalla al principio del documento, nace de una demanda particular, pero que también entendemos como una oportunidad de mejora. Para que este esfuerzo institucional propuesto en el presente documento tenga el impacto esperado, es menester dar continuidad a lo planteado para el resto del 2025”, concluyeron.
insuficiente.