El trigo y el maíz están gravados con un derecho de exportación del 12%. Están además sujetos a las “retenciones cambiarias” (como todos los demás bienes y servicios de exportación). Y la exportación de los mismos está cuotificada por el gobierno nacional.
A pesar de esos tres “cepos”, que hacen que el precio interno de ambos cereales en el mercado argentino sea muy inferior al presente en países normales como Uruguay, Brasil o Paraguay, el gobierno de Alberto Fernández está promoviendo un nuevo “cepo” para planchar aún más los valores de tales granos.
La nueva creación, bautizada como “Fondo Anticíclico Agropecuario”, vendría a representar el mismo esquema que el presente en el “fideicomiso aceitero”, pero aplicado en cereales y para beneficio exclusivo de molinos harineros y empresas avícolas (posiblemente también de feedlots).
“Ante las versiones que circulan desde hace varios días sobre la puesta en marcha de fideicomisos para el trigo y maíz, desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias queremos dejar bien en claro que estos instrumentos no serían necesarios si no hubieran permanentes intervenciones y fijaciones de precio por parte del gobierno, si se pudiera trabajar libremente en la oferta y demanda, si se accediera a los precios que existen en la realidad”, advirtió hoy la comisión conformada por CRA, FAA, Coninagro y SRA.
La Comisión de Enlace aseguró que la incidencia del nuevo instrumento interventor, en caso de ser aplicado, tendría mínimo impacto en el precio mayorista de los alimentos básicos que se pretenden subsidiar.
“Este intento de política no resolvería el problema, ya que lo que incide en los aumentos de precios es la suba de los valores de los demás componentes del mismo, como la logística, la distribución, el procesamiento y la comercialización por efecto de la inflación misma. Y también, y muy importante, es el componente impositivo”, explicó la Comisión de Enlace.
“Creemos que esta propuesta de fideicomiso sería una retención encubierta, una alternativa que quieren imponer desde el gobierno al aumento de los derechos de exportación que quedó descartado tras la no aprobación del Presupuesto 2022”, sostuvieron los dirigentes del agro.
“Consideramos que, de prosperar esta medida, se trataría de otro mordiscón fiscal al productor, otro impuestazo para intentar sujetar el andamiaje que se cae a pedazos de intervenciones y fijaciones de precios unilaterales. El campo ya no acepta más nada de esto, por lo que le pedimos a los funcionarios que recapaciten sobre sus propuestas y posibles acciones”, concluyeron.
