La política que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei respecto al sector productivo yerbatero, sumó una nueva víctima en las ultimas horas, ya que la Cooperativa Andresito, de las más representativas del mundo yerbatero, anunció oficialmente que comenzó un proceso de cesación de pagos “debido a la situación económica actual”.
Se trata de la primera gran cooperativa misionera que acusa la crisis económica, pero no es la primera víctima de las políticas nacionales para con el sector: los pequeños y medianos productores de yerba mate fueron los primeros, quienes vienen denunciando desde diciembre del 2023 que el sector productivo estaba ingresando a una crisis como la que se vivió en los ´90 y expuso a la marginalidad a cientos de colonos misioneros y sus familias, que tienen como actividad principal la yerba mate.
Este proceso de debilitamiento de las fuerzas productivas tomo impulso en diciembre de 2023, cuando mediante el DNU 70/23 se desreguló en parte la actividad, quitando facultades de mediación al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), que nació al calor de la Ley Yerbatera (25.564) de 2002, que justamente mediaba para evitar que las grandes industrias se aprovechen de los productores, pagando por el kilo de yerba un valor muy por debajo de los costos de producción, incrementando la concentración industrial. También, la decisión de no designar a un presidente para el organismo fue clave para mantener a los colonos sin ningún tipo de protección frente a las condiciones leoninas de los molinos que compran la materia prima y la industrializan para luego venderla en los supermercados, o exportar.
“Estimados socios, la Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda. se dirige a ustedes para informarles que, debido a la situación económica actual, la cooperativa se encuentra en una posición financiera compleja.
Lamentablemente, no se podrán realizar pagos hasta nuevo aviso.
Agradecemos su comprensión y les pedimos que se mantengan informados a través de nuestros canales oficiales para cualquier actualización”.
Firmado por el consejo de administración de la cooperativa, ese fue el mensaje con el que se comunicó oficialmente la drástica decisión. La primera de las firmas es la de Juan Carlos Amann, presidente de Andresito.
Hasta la publicación del DNU 70/23, el INYM funcionaba como órgano rector y negociaba precios mínimos, mediaba entre sectores de la cadena y contenía la presión de grandes molinos sobre los productores. Con el decreto, el mercado quedó abierto a la libre negociación, sin piso de valores para la materia prima.
Con la eliminación de precios mínimos, el valor de la hoja verde se desplomó. De acuerdo a productores, el kilo pasó de valores superiores a cubrir costos a niveles muy por debajo de los mismos. En algunos distritos de Misiones, el precio ofrecido por la industria fue de entre 180 y 220 pesos por kilo de hoja verde, lejos de los más de 350 pesos que representan apenas cubrir los costos básicos. Los pagos, además, se realizan con cheques a 90 y 120 días, lo que complica la logística productiva.
Esto ocurre en un contexto de aumento de costos de insumos, logística y mano de obra, que en muchos casos supera la rentabilidad de la producción. Una consecuencia inmediata fue que un número creciente de productores decidió no levantar parte de la zafra de verano, porque hacerlo implicaba costos sin retorno económico claro.
La respuesta de los productores no se hizo esperar. En todo 2024 y 2025 se reportaron múltiples marchas, protestas y “yerbatazos” en Posadas y en Buenos Aires, con miles de productores reclamando la restitución de mecanismos de regulación y precios justos.
Además de reclamos sectoriales, hubo cortes de ruta y movilizaciones frente a secaderos en protesta por precios y plazos de pago que los productores califican de abusivos, incluyendo transferencias de deuda con cheques hasta 180 días.
Organizaciones como la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) calificaron la desregulación y la actuación industrial como un modelo “excluyente y depredador social y económico”.
La crisis no afecta solo a productores individuales. Las cooperativas yerbateras, que habían funcionado como alternativas de organización y comercialización, también se encuentran en una situación crítica, tal como explica el ejemplo de Andresito.
Sin regulación y con precios a la baja, muchas cooperativas han visto socios obligados a entregar producción sin recibir pagos, lo que presiona su flujo de caja y amenaza la continuidad operativa.
La desregulación también favorece la concentración de mercado en pocas industrias, con 10 empresas controlando la mayoría del procesamiento industrial y comprando yerba incluso a través de importaciones crecientes de Paraguay y Brasil, según informes económicos.
La Cooperativa Yerbatera Andresito, integrada por alrededor de 130 familias productoras, ha sido históricamente un pilar del desarrollo local en Comandante Andresito, municipio que concentra una de las mayores producciones de yerba mate de la provincia. En períodos de bonanza, la entidad destacó por su crecimiento comercial, inversiones en infraestructura y premios nacionales por la calidad de su producto.
