Una inspección realizada por la de la división de Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en colaboración con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), derivó en el rescate de 31 trabajadores rurales de dos campos ubicados en la localidad de Pozo Borrado, del departamento santafecino de 9 de Julio, que se encontraban en severas condiciones de precariedad.
Las víctimas, entre las que se encontraban dos menores de 17 años, vivían bajo toldos de nailon, sin agua potable ni baños, y cumplían jornadas laborales de diez horas por las que recibían un salario quincenal de 300 mil pesos, al que se les descontaba el valor de la comida.
Los procedimientos, llevados a cabo en los establecimientos “Santa Ana” y “La Revancha e Isabelliana S.A.”, a la vera ruta provincial 77, arrojaron que los trabajadores eran oriundos de la localidad de Los Juríes, en Santiago del Estero.
De las entrevistas realizadas surgió que muchos eran indocumentados, que no sabían leer ni escribir, y que no contaban con medios de comunicación o posibilidades de retirarse del lugar.
Esto derivó en la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, en particular del fiscal Onel y los auxiliares Federico Grimm y Pablo Micheletti, quienes solicitaron al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, una orden de registro para profundizar la investigación.
Según dieron cuenta desde Ministerio Público Fiscal, En el marco de los allanamientos, que culminaron el pasado viernes último por la tarde, se identificó a dos personas que quedaron sujetas a la investigación, ante la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral. También se secuestraron sus celulares y un cuaderno con anotaciones.
Además, se dio intervención a Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación.
