Un ganadero del norte de Santa Fe, que además fue el jefe de la policía rural de la Provincia, más conocida como Los Pumas, deberá enfrentar una multimillonaria multa ambiental que podría hacerlo perder su propio campo. El delito que se le imputa es ambiental: Hace unos años decidió “limpiar” un renoval que había crecido sobre los alambrados de su propio campo, lo que a los ojos de la autoridad ambiental santafesina constituyó una violación a la Ley de Bosques.
El insólito caso fue dado a conocer por el Foro de Seguridad Rural Argentino (Fosera) en un comunicado. Este grupo, dedicado a visibilizar los casos de inseguridad que se viven en el medio agropecuario, mostró “profunda preocupación por el tratamiento brindado a Eduardo Alejandro Bieler, productor ganadero de la zona de Vera, provincia de Santa Fe”. El hombre fue jefe de la Policía Rural entre 2018 y 2020, así que conoce bien las normas. En su carta de despedida y balance a ese cargo, antes de dedicarse por completo a la producción de ganado, escribió: “Pude salir por El Arco y no por el puesto 4 o por el fondo”.
Lo cierto es que un año después, el ex jefe de Los Pumas ya aparece como parte de un expediente iniciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, por haber cometido una supuesta infracción. “De acuerdo a lo manifestado por el propio productor, y que consta en las actuaciones administrativas, sólo efectuó tareas de limpieza de alambrados y picadas ya existentes, que se habían cubierto por el renoval natural del monte”, explicó el comunicado de Fosera.
El renoval, en la jerga ganadera del norte, es el “monte que vuelve”. O más precisamente, el término se refiere a un terreno poblado de renuevos o brotes de especies leñosas. Esto es que las especies nativas vuelven a apoderarse de un espacio desmontado previamente. Para los ganaderos es un dolor de cabeza permanente, pues deben lidiar con el renoval mediante diferentes métodos (mecánicos o químicos) para evitar perder superficie destinada a sus animales.
En el caso de este ganadero de Vera, en el norte de la provincia, estas tareas de limpieza del renoval habrían sido realizadas sin maquinaria pesada y estuvieron “orientadas exclusivamente al adecuado manejo de su hacienda”. Pero la multa se la aplicaron igual. La objeción de las autoridades ambientales es que Bieler no había realizado “la presentación previa de un plan ante el organismo competente, hecho que el productor reconoce como un error involuntario”.
El problema actual es que las sanciones fueron ratificadas recientemente por el gobernador Maximiliano Pullaro mediante el Decreto 909/2024. El conflicto escaló al punto que “culmina con la reciente promoción del juicio de apremio fiscal en el que, para cobrar la exorbitante multa de 379.809.189,00 pesos, más el 20% provisoriamente estimado para responder a intereses y costas, se embarga su propiedad rural familiar”.
Para los colegas productores que salieron en defensa del ex jefe de la Policía Rural, está más que claro que la controversia “derivó en una sanción económica de magnitud extrema, la cual es evidentemente desproporcionada, al punto de ser confiscatoria, superando con creces el valor de la pequeña propiedad productiva de Bieler”.
El policía debió sentir el mismo gusto amargo que muchas veces nos queda a los ciudadanos de pie al reclamar por las sanciones de las autoridades, ya que argumenta en su defensa que “el descargo oportunamente presentado no fue debidamente considerado y que la resolución sancionatoria recién fue emitida un año después, profundizando la incertidumbre y el impacto emocional sobre la familia”.
Lo cierto es que hay datos en el expediente que son más que claros: Uno de ellos es que la superficie en la que se hizo limpieza de alambrados y picadas preexistentes no superaría las 6 hectáreas, y por lo tanto no representa más del 3% del inmueble rural en cuestión. Por eso, según esta visión, “jamás podría haberse considerado como susceptible de ocasionar un supuesto daño ambiental o de cualquier otra naturaleza”.
Pero además se reafirma que en este caso no hubo desmonte sino simplemente limpieza del renoval. “En época pasada gran parte del inmueble rural en cuestión estuvo desmontada, y la casi totalidad de los árboles que actualmente hay en el no configuran un monte originario sino un mero renoval, y se encuentran deliberadamente intactos todos los árboles grandes”, indicó el Foro de Seguridad Rural.
“¿Cómo, entonces, por escasas 6 hectáreas, un imaginario monte de las características indicadas, se puede aplicar tamaña aberrante multa?”, se preguntaron los productores solidarios con el ex policía.
Por ello, el Foro solicitó a los poderes provinciales, incluido el Judicial, “la revisión exhaustiva del caso, con criterios de proporcionalidad, razonabilidad y
atendiendo a la letra y al espíritu de la Ley 26.331, a fin de asegurar un tratamiento justo y razonable que contemple las implicancias humanas, económicas, sociales y hasta ambientales, especialmente tratándose de productores cuya actividad sostiene la economía regional y constituye el
sustento de numerosas familias rurales”.
