El gobierno de la Provinicia de Buenos Aires decidió tomarse un período de un año para revisar y corregir la normativa que lanzó el 1° de enero pasado para poner orden en el controvertido asunto de la utilización de agroquímicos en cercanías de escuelas rurales y zonas pobladas. Aunque algunos atribuyeron esa decisión a la presión de grupos ambientalistas y de figuras influyentes, en el entorno del ministro Leonardo Sarquis confesaron que la norma dejaba algunos vacíos que ahora una comisión de especialistas se ocupará de llenar.
Esta decisión no significa que de ahora en más, y hasta que haya una nueva regulación, todo sea un “viva la pepa”. En realidad, la resolución provincial intentaba servir como marco de referencia para que los municipios unifiquen sus propias ordenanzas, ya que la disparidad de posiciones es enorme, con casos de partidos que prohíben las fumigaciones aéreas y otros que a las aplicaciones terrestres les imponen zonas “buffer” o de amortiguamiento que van de los 50 hasta los 2 mil metros. En total habían adherido hasta ahora medio centenar de municipios, menos del 40% de los que hay en la provincia.
En una nueva resolución, el Ministerio de Agroindustria suspendió por un año su resolución previa y anunció la creación de una comisión especial para perfeccionar la normativa que ahora debería entrar en vigencia recién el 1 de enero de 2020.
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La norma establecía una serie de pautas para la aplicación de agroquímicos en los campos bonaerenses. Por ejemplo, reservaba como zonas de amortiguamiento ciertos lotes lindantes entre el campo propiamente dicho y sectores urbanos, residenciales y, especialmente, en sitios donde existen escuelas. Pero la resolución no hablaba de zonas de “exclusión”, donde la aplicación de productos químicos quedara directamente prohibida. Este fue uno de los aspectos más criticados desde la sociedad civil.
La falta de criterios más precisos respecto de los establecimientos educativos figura entre los vacíos que ahora deberán completarse. En este aspecto abundaron las críticas de ONG ambientalistas y hasta por cátedras universitarias de medicina,. En enero esos sectores le pidieron a la gobernadora María Eugenia Vidal, que derogara la resolución. Algunos medios, como el diario La Nación, incluso mencionaron la influencia que ejerció sobre la mandataria bonaerense Guillermina Valdez, la esposa del conductor de TV Marcelo Tinelli, quien simpatiza abiertamente con las posiciones de los ambientalistas. Esta versión fue relativizada por fuentes oficiales.
Lo cierto es que por ahora la cartera de Agroindustria resolvió suspender la resolución por un año “a fin de poder trabajar en forma precisa, eficiente y detallada, y a su vez optimizar las condiciones de operatividad con los municipios suscriptores del convenio de colaboración y asistencia que permita lograr la mayor eficiencia y puesta en marcha de esta normativa”.
El equipo de trabajo que tendrá a cargo esa tarea será “técnico multidisciplinario e interinstitucional” y su objetivo sera “elaborar un protocolo específico de aplicación en la zona de amortiguamiento, en el marco de las Buenas Prácticas Agropecuarias, para la aplicación de fitosanitarios”.
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La comunidad agropecuaria sigue con atención este debate en el contexto de la mayor provincia de la Argentina. Fernando Vilella, especialista en Agronegocios de la UBA, respaldó la decisión de Sarquis de impulsar una legislación común ya que “algunos partidos habían dictado normas sin ninguna base científica”.
El especialista lamentó que frente al intento de conciliar posiciones, “la jauría política gremial que nunca había hecho nada armó un escándalo diciendo una mentira, que se había autorizado algo que antes no se podía”. Esto en referencia a que ciertos sindicatos docentes muy politizados acusaron a la resolución promovida por Sarquis de permitir las fumigaciones sobre establecimientos escolares, que antes estaban vedados.
Justamente para poner claridad sobre esos conceptos es que la resolución ingresará a boxes.
“hallan”?
Muchachos de la “el mundo” para la información, le ley 1173 de la Pampa norma eso desde 1990, en base a decreto ley de 1983, receta, asesor, a ver si salen “al campo”.
Esta variedad de Papa se exporta? Si esta Papa se consume solo en Argentina y mejora la rentabilidad del productor a que intereses se refieren?