Una nueva versión de defensa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto de Agricultura Familiar (INAFCI) tomó fuerza en el día de hoy, ya que el juez de Rawson, Hugo Sastre, se declaró competente en la acción de amparo contra el Estado Nacional por la Comunidad Aborigen de Laguna Fría y Chacay Oeste, de la meseta centro norte de Chubut.
En dicho proceso, la comunidad mapuche-tehuelche manifestó no haber sido consultada sobre la publicación del decreto 462/2025, ya que el derecho a la consulta previa es un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas a partir de la reforma de la Constitución del 1994 y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
De esta forma, toma envión un nuevo intento de defensa de los organismos suprimidos o degradados dentro del Ministerio de Economía de la Nación, mientras se espera la resolución legislativa sobre el futuro de los organismos, rechazada por el congreso y en vísperas de ser refutado el veto presidencial que contradice.
La acción de amparo fue presentada la semana pasada, cuestionando el decreto con el que el Presidente Milei, utilizando facultades delegadas en la ley “Bases” disolvió el INAFCI y afectó severamente el funcionamiento del INTA sin consulta previa a los pueblos indígenas.
La decisión de Sastre fue tomada hoy 18/8/25 luego del dictamen favorable del Fiscal Federal Fernando Gelvez, e implica considerar “admisible” el amparo y ordenar su notificación al Estado Nacional para que conteste la medida cautelar solicitada en el plazo de doce días.
La importancia del paso de hoy es que se reconoce que la Comunidad Mapuche Tehuelche, se encuentra habilitada para reclamar contra el decreto 462/25 y que la vía excepcional del amparo, en este caso se encuentra justificada.
La comunidad denunció que ninguna de las reformas a distintos organismos que se ocupan de los intereses de estos pueblos fue consultada y en el caso de INAFCI e INTA, se trata de entidades que tienen directa relación con el modo de vida y de producción de las comunidades.
La medida se en medio de cambios que el Gobierno Nacional realiza a la espera de lo que suceda en el Congreso. Hace diez días, la Cámara de Diputados votó por amplia mayoría el rechazo del Decreto 462/2025, que le quitaba la autarquía y degradaba institucionalmente al INTA y otros organismos. Este jueves, el Senado podría convertir en ley ese primer rechazo legislativo, dando automáticamente marcha atrás la decisión del Poder Ejecutivo.
Pese a la posibilidad concreta de dicho escenario, el presidente Javier Milei -en un abierto desafío al Congreso- está avanzando en una estrategia de hechos consumados en una nueva estructura organizativa para el Instituto de tecnología agropecuaria, del cual ya excluyó de la conducción a las organizaciones rurales para concentrar todo el poder en un único funcionario.
“Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo del INTA, organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, de conformidad con el Organigrama y la Responsabilidad Primaria y Acciones” contenidos en diferentes anexos que deberían ser publicados el lunes en el Boletín Oficial. Eso es lo que establece el artículo 22 del nuevo decreto que el presidente Milei firmó el jueves 14, y que abarca múltiples decisiones también vinculadas a otros organismos que han perdido su autarquía en las últimas semanas.
