Si los vecinos de cualquier barrio aprovechan esta etapa de elecciones para pedir el asfalto de alguna cuadra o que arreglen una plaza, los dirigentes del campo deberían subirse a este tren y reclamar a los funcionarios cosas de posible cumplimiento. Es decir, dejar de arengar por las retenciones o el tipo de cambio y aprovechar estos meses en que los funcionarios están “dulces”, justamente porque quieren conservar sus puestos en el Estado, para sacarles cosas concretas y posibles. En especial, cuando se trata de desmantelar la inmensa red de burocracia.
Una prueba de este es un camino posible sucedió este miércoles, cuando el vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Rodolfo Acerbi, anunció que el organismo daría marcha atrás y pondría bajo revisión la decisión de obligar a los productores de ganado a actuar casi como agentes de tránsito. ¿Por qué? Porque hace unos días se anunció un Plan de verificación que implicaba que Senasa no iba a emitir más DT-e (el documento electrónico que ampara el traslado de hacienda) si los productores que los pedían no verificaban antes que los camiones jaula estuvieran debidamente matriculados.
La medida, que significaba depositar en los hombros de los privados una tarea que debía hacer el propio Senasa (que para eso tiene funcionarios que cobran un salario), fue cuestionada en los últimos días con dureza por algunas sociedades rurales, tanto en público como en privado. Un documento de las combativas rurales del norte bonaerense llegó a decir que “la ineptitud del Senasa para ejercer los controles en el movimiento de hacienda ha transferido la responsabilidad a los particulares dadores de carga”.
En privado, ese fue uno de los reproches que se escucharon en una reunión entre Acerbi y el equipo de Senasa y la comisión de Carnes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Por eso allí “se acordó suspender la implementación de la medida de verificación del registro de transportes de animales y la realización de una mesa de análisis y evaluación conjunta para lograr una mejor aplicación del Plan de trabajo”, según se informó en un comunicado oficial.
“Tanto las autoridades del Senasa como los productores coincidieron en la necesidad de avanzar en instrumentos que cuiden la calidad de los transportes y garanticen la a trazabilidad de la producción ganadera”, agregó ese parte de prensa, tratando de suavizar lo que a todas luces es una clara marcha atrás.
De hecho, el Servicio Sanitario había anunciado este plan hace apenas quince días y con plazos perentorios de aplicación. Desde el pasado 21 de junio y hasta el 24 de julio los productores que tramitaran la emisión del DT-e debían registrar el dominio del transporte que iba a realizar el traslado de los animales. Luego, desde fines de julio, la verificación de la habilitación del transporte ante Senasa iba a ser obligatoria y no cumplir con ella implicaría la posibilidad de no seguir con el trámite. Y por lo tanto, de no mover las tropas.
El recule de Senasa es una situación impensada en otros tiempos políticos cercanos, donde el organismo imponía muchas reglas sin consensuarlas antes con los sectores privados y rara vez aceptaba revisarlas si se equivocaba. Incluso todavía la opinión pública está esperando una explicación por la prepotencia con la que el organismo actuó en el caso de la avícola correntina Santa Ana, donde casi se sacrifican miles de gallinas ponedoras pese a que no había certezas de que el primer análisis oficial de Influenza Aviar había dado positivo, como argumentó el propio Senasa. La intervención de la justicia, que ordenó otros dos análisis que dieron negativo, evitó una masacre innecesaria disfrazada de medida sanitaria.
Desde que a fines de la semana pasada el ministro de Economía, Sergio Massa, fue ungido como precandidato presidencial del gobierno para las próximas elecciones, ha habido un visible reacomodamiento de la estrategia oficial de los organismos que dependen del funcionario, incluyendo la Secretaría de Agricultura y en consecuencia el Senasa. La idea es salir a mostrar gestión y resultados, y ceder a las peticiones del sector privado en caso de que sea necesario para conservar cierto caudal de votos.
Sin delirarse con reclamos imposibles de cumplir para esta gestión saliente de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como una rebaja generalizada de retenciones, los meses que quedan de gobierno parece ser una instancia propicia para canalizar reclamos pendientes de larga data ante los organismos públicos, que muestran ahora una singular predisposición para escuchar a los actores privados y hasta podrían canalizar ciertas inquietudes que dormían en los cajones de un escritorio hace años.
Si los funcionarios de SENASA tuvieran un poco más de contacto con la realidad, esta resolución nunca se hubiera pensado
Un disparate por el lado que se analice.
Con el mismo criterio descabellado, los productores tendríamos que controlar las VTV de los camiones de cereal
Cuando la vacunacion aftosa paso a los “ENTES” compuesto por productores ,tambien fue una manera de traslado de responsabilidades a otras manos , y hoy es un costo mas a nuestra produccion y un “kioskito”(o super) para algunas soc. Rurales .