Un trabajo realizado por la organización ambientalista Greenpeace asegura que cerca de la mitad de la superficie deforestada en 2017 en el norte del país se corresponde a áreas protegidas (en amarilla o rojo) por la Ley de Bosques.
La superficie desmontada durante 2017 en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 128.217 hectáreas, indicó la asociación internacional, que ha hecho de la lucha contra los desmontes una de sus banderas principales en la Argentina. “Casi la mitad de la deforestación se produjo en bosques protegidos por la normativa (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 59.541 hectáreas”, denunció luego.
Superponiendo los últimos desmontes con los mapas de bosques de cada una de esas provincias, Greenpeace concluyó que:
- En Santiago del Estero se desmontaron 42.827 hectáreas, de las cuales 28.987 hectáreas eran bosques protegidos.
- En Chaco se deforestaron 41.734 hectáreas, de las cuales 26.020 hectáreas eran bosques protegidos.
- En Formosa se desmontaron 23.736 hectáreas, de las cuales 663 hectáreas eran bosques protegidos.
- En Salta se deforestaron 19.920 hectáreas, de las cuales 3.871 hectáreas eran bosques protegidos. Curiosamente esta es la provincia en la que los activistas de Greenpeace son más activos.
“Los bosques nativos que fueron clasificados por las provincias en las categorías Rojo y Amarillo en sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos deben continuar en pie. Su destrucción tendría un impacto ambiental significativo y afectaría seriamente a muchas comunidades. Permitir el desmonte en esas zonas vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad”, acusó la organización.
Para Greenpeace, resulta evidente que las multas a los empresarios rurales que hacen esos desmontes “no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas”. Además, esgrimió la ONG “en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”.
Por eso Greenpeace comenzó a reclamar al Congreso la urgente sanción de una Ley de Delitos Forestales que establezca como delito penal al desmonte ilegal y al incendio intencional (cambio de uso de suelo), así como el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas protegidas. La ley, además, debería permitir a las organizaciones de la sociedad civil actuar querellantes y obligar a la restauración de los bosques nativos en los casos detectados.
“La Argentina se encuentra en emergencia forestal. En 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) advirtió que aquí ocurre el 4,3% de la deforestación global y que en la última década fue la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino”, apuntó la entidad.
También se mencionó un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015. En ese lapso se perdieron 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos, a razón de 300.000 hectáreas al año. El 80% de esa deforestación se concentró en las cuatro provincias analizadas.
La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un paso importante pero insuficiente, a juicio de los ambientalistas. Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos.
Greenpeace reconoce que el avance fue a medias: “En los últimos cuatro años disminuyó la deforestación y todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos. Sin embargo, en Formosa, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires fueron muy cuestionados por organizaciones sociales”, se recordó.
