Las enormes distorsiones macroeconómicas y regulatorias promovidas por el gobierno de Alberto Fernández generaron situaciones complejas que dificultaban analizar la coyuntura ante cambios abruptos de las reglas de juego.
El sector de los biocombustibles no fue ajeno a esa situación, pero en el caso del bioetanol en los últimos meses los valores de ese producto renovable comenzaron a converger con los combustibles de origen fósil.
A partir de septiembre pasado la paridad de importación de la nafta –según cálculos de la consultora especializada Montamat & Asociados– se encuentra equiparada con el precio de la nafta salida de fábrica y bastante cerca del precio del bioetanol.
El fin del desarbitraje de esos valores es un factor clave para poder brindar sostenibilidad económica a un negocio que, gracias a los biocombustibles, ya cuenta con sostenibilidad ambiental y social, aunque en una proporción mínima debido al corte obligatorio del 12% (que podría ser superior como sucede en países vecinos).
Vale aclarar que el cálculo realizado por Montamat & Asociados está hecho con un valor promedio ponderado del bioetanol de caña de azúcar y de maíz, dado que ambos tienen precios diferentes. Mientras que el primero fue actualmente fijado en 657,4 $/litro, el segundo es de 602,5 $/litro.
De todas maneras, el precio de ambos biocombustibles siguen estando –medidos en dólares al tipo de cambio oficial– por debajo del valor de la nafta a la salida de planta, lo que indica que las fábricas etanoleras siguen “subsidiando” a la industria petrolera, aunque en menor proporción que en el pasado.
Ese proceso de arbitraje fue el que, en gran medida, hizo posible que a partir del 1 de octubre pasado se implementa una medida histórica: una reducción de los precios en surtidor en un 1% para las naftas; algo inédito en una Argentina con un “prontuario” en materia inflacionaria.
El proyecto de nuevo marco de régimen de biocombustibles, que está siendo debatido en el Congreso, precisamente propone terminar con la fijación de precios mínimos por parte del Estado nacional para introducir un desregulación que permita arbitrar precios con mayor eficiencia, lo que redundará en beneficio de los consumidores finales.
El proyecto no sólo está diseñado para promover la competencia entre privados mediante licitaciones, sino que incluso fija un tope a dichos valores, los cuales nunca pueden superar los precios de paridad de importación.
Ojo que el arbitraje de precios debe establecerse entre bienes de similares características, algo que no se da estrictamente en estas comparaciones. Así como hay diferencias de densidad energética entre estos combustibles, también hay diferencias todavía más importantes en cuanto a sus efectos ambientales. La verdadera sostenibilidad debe constituirse en base a la compensación de estas diferencias fundamentales.