Si finalmente en las elecciones de octubre se impone la oposición peronista, como ya sucedió en las PASO, Cambiemos dejará su turno de gobierno con múltiples cuentas por pagar y serios problemas fiscales. Habrá una excepción: Gracias al generoso aporte del “Seguro Verde”, el gobierno de Mauricio Macri pudo poner al día la elevada deuda por planes para implantar nuevos bosques, que llegaron a acumular atrasos de cinco años en el pago de los subsidios.
Lo reveló este jueves el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo “Willy” Bernaudo, quien encabezó la segunda reunión del año de la Comisión Asesora que regula el régimen de promoción forestal establecido por la Ley 25.080.
Ver Macri anunció un “seguro verde”, en las pólizas del auto, para financiar las nuevas forestaciones
“Podemos decir que estamos literalmente al día con el Régimen de Promoción de la Ley 25.080. Actualmente se encuentran en la próxima resolución de pagos, expedientes correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, algo impensado unos años atrás, donde el atraso era promedio de 5 años”, señaló Bernaudo.
Luego precisó que el denominado “Seguro Verde” permitió la inyección al sistema de 432 millones de pesos desde su puesta en marcha a comienzos de este año. Ese era el monto de deuda histórica, más o menos, que arrastraba el Estado por los planes forestales.
Es decir que gracias al aporte compulsivo impuesto a los conductores que pagan su seguro automotor, el sector público logró ponerse al día con uno de los sectores productivos con más posibilidades de desarrollo en el país. Siempre se dice que la Argentina tiene potencial para tener 5 millones de hectáreas de bosques implantados, pero desde hace más de 20 años de vigencia de la ley forestal está estancada esa superficie en 1,3 millones de hectáreas. En buena medida ese fracaso se debe a los atrasos en los pagos a las nuevas forestaciones.
El comunicado oficial que dio cuenta de esta buena noticia para los forestadores dice que “el Seguro Verde es un compromiso público privado entre el Ministerio de Agricultura, la Secretaria de Ambiente y la Superintendencia de Seguros de la Nación y 12 compañías de seguro para reducir la huella de carbono de autos, motos y camiones”.
Mediante este acuerdo, que fue motorizado a princpio de 2018 por el ex empresario Nicolás Larrahague, a quien Mauricio Macri puso al frente de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto industrial, esas empresas aseguradoras afirman destinar el 1% de cada póliza de seguro de auto, motos y camiones que emiten hacia el sector forestal. Las compañías de seguros afirman que ese dinero se lo hacen ahorrar al cliente al dejar de emitir las facturas en papel y digitalizar las operaciones. Pero en rigor no hay constancia de nada de eso y lo más probable es que el aporte -que no está reglamentado por ley o por resolución alguna- termine siendo cargado a las facturas.
El sistema, en rigor, está basado en una Resolución conjunta entre Seguros y Agroindustria que solamente dispone la creación del Programa de Sustentabilidad Ambiental y seguros (Prosas), el cual tendría como objetivo hacer frente a los pagos derivados de la Ley 25.080 pero además podría “destinar el 10%de sus recursos al desarrollo de actividades tendientes a fomentar la cultura aseguradora en la República Argentina”. Nada dice esa norma de cómo se generan esos recursos.
Recién en octubre de 2018, en una nueva resolución de la Superintendencia de Seguros define que los montos surgirán del 1% de todas las pólizas emitidas, aunque solo de aquellas compañías que acepten firmar un acuerdo voluntario. El mecanismo no prevé una consulta a quien asegura su auto y paga el seguro, quien finalmente así termina subsidiando a otro actor económico privado, con intervención previa del Estado.
Ver Un año después, Revista Noticias se hace eco de una nota de Bichos sobre el director de Forestación
Lo grave es que no hay modo alguno de controlar hoy el flujo de esos aportes en las páginas de los organismos que intervienen en este proceso. En la Dirección Forestal ni se menciona el Seguro Verde. Y en la página web de este programa en la Superintendencia de Seguros tampoco se encuentran datos exactos sobre tal volumen de flujo de fondos, estimado en unos 650 millones de pesos anuales,
“Sitio en mantenimiento. Este sitio no está disponible momentáneamente, volvé a intentar más tarde. Muchas gracias”, contesta la página de Presidencia sobre el Seguro Verde si uno hace click en el botón que ofrece “Informes de gestión”.
Es decir que, detrás de un fin loable como es el de impulsar la forestación, cohabita un programa público-privado que ofrece muy poca transparencia sobre la administración de fondos que finalmente salen de los bolsillos de los conductores de automóviles, por más que las empresas aseguradoras afirmen que se trata de un ahorro.
Como sea, la noticia era que el sector forestal está de parabienes con la cancelación de una deuda histórica. En la reunión de la cadena, Bernaudo informó que en lo que va del año se pudo ejecutar más de 350 millones de pesos en pagos de subsidios a las nuevas forestaciones y avisó que “próximamente entrará una nueva resolución de pagos por alrededor de 170 millones de pesos, también financiada por el acuerdo Seguro Verde”.
Contra lo que apuntamos en Bichos de Campo, en el comunicado oficial que da cuenta de esta buena noticia se subrayó además “el nivel de transparencia como eje de la gestión. En esta línea, se revalorizó el regreso de la Comisión Asesora, un ámbito que permite discutir y resolver cuestiones inherentes a la aplicación de la Ley 25.080, con el acompañamiento de técnicos, empresas, productores, representantes de las provincias y personas vinculadas al sector que suman ideas, opiniones y fortalecen así el régimen de promoción”.