Cuando le quedan apenas seis meses de gestión, y como hizo al principio de su gobierno, cuando todo relucía con otros brillos y tenía un capital político mucho más elevado que ahora, el presidente Alberto Fernández volvió sobre la idea de destinar tierras fiscales para el armado de proyectos productivos o colonias campesinas. Es algo que algunos de sus socios políticos, especialmente Juan Grabois o Emilio Pérsico, pregonan constantemente, aunque a lo largo de la gestión hubo demasiadas palabras y pocos hechos concretos.
Ahora, en su anunciado ocaso, sin demasiado margen de maniobra, el Presidente abrió una ventana concreta en el Decreto 292/2023, que fue publicado en el Boletín Oficial y planteó una magra reglamentación de la vieja Ley de Agricultura Familiar sancionada en 2014. Es que allí se habilitó la participación activa de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en un nuevo consejo consultivo del Instituto de la Agricultura Familiar, que es dirigido por el Movimiento Evita. Ambos organismos dependen de la Jefatura de Gabinete, donde talla fuerte el ex dirigente piquetero.
Dicen textualmente esa reglamentación, referida al artículo 16° de esa vieja ley, que la AABE “informará gradual, progresivamente y de común acuerdo al Instituto Nacional de la Agricultura Familiar (INAFCI), acerca de todos aquellos inmuebles rurales que por sus características específicas y técnicas sean aptos y se encuentren disponibles en el marco del Régimen de Reparación Histórica”.
La creación de un “banco de tierras rurales” es uno de los postulados de la vieja ley de 2014, sancionada cuando el ex gobierno de Cristina Kirchner intentaba construir un relato propio en materia agropecuaria. La reglamentación ahora de este ley comienza a darle forma, ya que establece que la AABE “procederá en caso de requerirlo el citado Instituto Nacional INAFCI, a su asignación en uso al Banco de Tierras para la Agricultura Familiar”.
Luego se define en el decreto que una “zona rural”, a los fines de ingresar a este banco de tierras, es “toda aquella vinculada al territorio con escasa cantidad de habitantes donde la principal actividad económica es la agropecuaria, diferenciándose así de la zona urbana, que tiene un mayor número de habitantes y economías destinadas a la industria o a los servicios”. Obviamente los predios deberán estar fuera del ejido urbano.
Luego esta nueva ofensiva de Alberto “El desahuciado”, escondida dentro de una reglamentación demorada por ocho largos años, define que deberá ser el Instituto de Agricultura Familiar comandado por los militantes de Pérsico el que deberá “impulsar el pertinente decreto para la afectación de los bienes inmuebles que asigne la referida AABE al Banco de Tierras para la Agricultura Familiar”.
Y al parecer no queda margen para la discusión: “Las donaciones a las que refiere el inciso que se reglamenta en todos los casos serán aceptadas por la mencionada AABE, la que en el mismo acto dispondrá la asignación en uso al INAFCI para su incorporación al citado Banco de Tierras para la Agricultura
Familiar”, dispone el nuevo decreto.
“Igual procedimiento que el detallado en el inciso anterior se aplicará en caso de transferencias de inmuebles provenientes de Estados Provinciales y Municipales a la Nación al fin indicado en la ley que se reglamenta”, añade el decreto.
En este lógica, que apunta a destinar luego las tierras fiscales a proyectos productivos seguramente timoneados por las organizaciones políticas ligadas al oficialismo, la AABE informará sobre las nuevas tierras rurales que vayan ingresando al patrimonio estatal indicando “el estado de afectación y disponibilidad en que se encuentran para su posterior asignación al citado
Instituto Nacional”.
Sobre cómo se repartirán dichas tierras la reglamentación no dice demasiado. Apenas incluye una línea que marca que “serán sujetos preferenciales en la adjudicación de bienes por parte del Banco de Tierras para la Agricultura Familiar las mujeres y las personas género diversas”.
