Un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) se propuso la ambiciosa tarea de recorrer la historia reciente –y no tan reciente- de los derechos de exportación (DEX) en Argentina, que en apenas 21 años le hicieron aportar al sector agropecuario más de 150.000 millones de dólares (a precios de septiembre de 2024), considerando solo las exportaciones de las cadenas de la soja, el maíz y el trigo.
Denominados cotidianamente también como retenciones, estos tributos gravan los bienes que se comercializan al exterior, tomando como base imponible las cantidades declaradas al precio internacional vigente, es decir, al precio FOB (por sus siglas en inglés Free On Board que traducido al español quiere decir Libre a Bordo) que cada día es calculado por la Secretaría de Agricultura.
Revisando la evolución de los DEX puede notarse que los mismos no siempre se modificaron del mismo modo para cada complejo productivo. Por ejemplo, si bien con el Plan de Convertibilidad, en abril de 1991, se eliminaron para el maíz, el trigo y los subproductos de la soja, el poroto continuó con una alícuota que comenzó siendo del 6% y recién llegaría a su mínimo histórico en 1992, pasando a ser de 3.5%.
Esto, sin embargo, no se mantuvo, ya que con el fin de la convertibilidad en marzo de 2002, el ejecutivo nacional retomó esta política tributaria.
En el caso del trigo, la mayor alícuota se percibió en junio de 1989, posicionándose en 30% y manteniéndose así hasta agosto de ese año. Recién en noviembre de 1990 se redujo al 0%. Por otro lado, en el caso del maíz, el mayor porcentaje registrado fue del 31% en octubre 1984, y se redujo al 0% a fines del año 1990.
Para marzo de 2002, de acuerdo con el informe de la BCCBA, los DEX para ambos cultivos se ubicaron en el 10%, para luego subir al 20% en abril, manteniéndose por un período de cinco años. A finales de 2008, este tributo se ubicó en torno al 23% para el trigo.
En diciembre de 2015, con el inicio del gobierno de Mauricio Macri, las retenciones fueron nuevamente eliminadas, a excepción de aquellas aplicadas al complejo sojero que solo experimentaron una baja de cinco puntos, pasando a ser del 30% para el poroto y del 27% para los subproductos. La situación económico llevó a reinstalarlas en septiembre de 2018, posicionándose en el maíz y en el trigo en torno al 10.4%.
Esto volvió a incrementarse durante el gobierno de Alberto Fernández, llegando a los valores que se mantienen en la actualidad: 33% para el poroto de soja y 31% para sus subproductos; 12% para el trigo, el sorgo, el maíz y la cebada; entre el 5% y el 7% para los abonos minerales, harina de maíz, carne bovina y caballar, maquinaria y harina de trigo.
Vale mencionar aquí dos cambios importantes. Por un lado, en septiembre de 2023 se estableció, a través del Decreto 462, la eliminación de los derechos de exportación de las economías regionales, entre las que se incluyen el complejo arrocero, manisero, vitivinícola, pescado y cítricos, “con la finalidad de incentivar la producción y posterior comercialización de productos con agregado de valor”.
Por otro lado, a principios de agosto de este año, el gobierno sancionó el Decreto 697 a través del cual extendió la alícuota del 0% de DEX para ciertos productos lácteos y derivados (establecidos durante el mandato de Sergio Massa al frente de Economía). Más tarde, en el gobierno actual, el 0% se estiró para la categoría vaca (excepto animales vivos).
¿Y cuánto es lo que se recaudó durante las distintas gestiones de gobierno? Tomando como referencia los últimos 21 años, “la recaudación más elevada se alcanzó durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en un contexto de elevados precios de los granos”, indicaron en el informe.
“En segundo lugar, la gestión que más recaudó fue la de Alberto Fernández, promediando 29.900 millones de dólares. Le sigue la administración de Mauricio Macri, que, en promedio fueron 22.257 millones de dólares y en cuarto lugar Néstor Kirchner con 18.790 millones. Mientras que, en lo que va del 2024, la gestión de Javier Milei lleva recaudando en concepto de DEX 5.680 millones de dólares”, detallaron a continuación.
Estas variaciones estuvieron relacionadas en parte a los distintos precios FOB percibidos. Según calculó la BCCBA respecto de los FOB promedios, máximos y mínimos en términos reales (a precios de septiembre de 2024) para cada administración presidencial, para el caso de la soja, “el precio promedio más alto fue de 662 dólares por tonelada experimentado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), con un máximo de 889 dólares y un mínimo de 462 por tonelada.
Si ponemos el foco en el precio promedio más bajo de la serie, la gestión de Néstor Kirchner exhibió un valor de 413 dólares por tonelada, con un máximo de 645 dólares y un mínimo de 329 por tonelada. En el periodo que transcurrió desde la asunción de Javier Milei hasta septiembre del corriente año, el precio promedió los 432 dólares por tonelada, ubicándose como el segundo menor precio promedio de la serie”.
En el caso del maíz, “el mayor precio promedio se manifestó en el primer mandato de CFK con un valor de 308 dólares por tonelada, con un máximo de 439 y un mínimo de 208. Al igual que en la soja, el precio promedio más bajo para el maíz fue de 186 dólares por tonelada que se presentó durante el gobierno de Néstor. El precio actual del cereal no se encuentra muy alejado de ese promedio ya que hasta septiembre se posiciona en 194 dólares por tonelada”.
Finalmente, para el trigo “el precio promedio más alto fue de 391 dólares por tonelada que también se presentó durante el segundo mandato de CFK, con máximos que alcanzaron los 493 dólares por tonelada y mínimos de 245 dólares por tonelada. Mientras que, en la actualidad se experimentan los precios más bajo de la serie con 258 dólares por tonelada en promedio, con un valor máximo de 289 y un mínimo de 222”.
Ahora bien, para lograr estas recaudaciones, se debe tener en cuenta que el sector agropecuario tuvo primero que invertir en cada campaña nacional para llevar adelante la producción.
De acuerdo con los datos recopilados por el informe, por campaña los productores invierten a nivel nacional más de 13.800 millones de dólares para producir soja, maíz y trigo. De esta manera, se invierten más de 55.000 millones de dólares por período presidencial (cuatro años), monto similar a las primeras inversiones proyectadas por el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).
Finalmente, ¿cuáles son los efectos de las retenciones sobre los productores? “Los derechos de exportación disminuyen el precio recibido por el productor que, expresado en quintales por hectárea (qq/ha), representan una transferencia de ingresos hacia el Estado Nacional por el equivalente a 14 qq/ha en el caso de la soja (1400 kg/ha), 10 qq/ha en el maíz (1000 kg/ha) y 4 qq/ha para el trigo (400 kg/ha), considerando las alícuotas vigentes”, explica el informe.
Por otro lado, teniendo en cuenta que en Argentina más del 70% de la producción de granos es llevada a cabo en campos arrendados, “gran parte de los productores deben afrontar un arrendamiento independientemente del resultado que obtengan durante el ciclo productivo”.
Respecto de la distribución de la torta, de los ingresos generados por, por ejemplo, una hectárea de soja (precio de exportación por rendimiento promedio), el 33% se dirige a las arcas nacionales, el 27.4% se destina a los costos directos de producción, el 27,1% al arrendamiento, y el 13,7% los gastos comerciales (transporte y acondicionamiento).
Desde la BCCBA indicaron que, en función del actual escenario bajista en los precios internacionales, la “rentabilidad de los productores de cara a la campaña 2024/25 enfrenta una situación delicada”.
Tomando como ejemplo el total de ingresos que se generan de una hectárea en Córdoba, “el productor no recibe ningún tipo de ingreso luego asumir el riesgo de realizar la inversión y producir”. Según se estimó, con los precios a cosecha vigentes, el resultado para la producción de soja en campo arrendando sería negativo considerando un rendimiento promedio
A todo esto hay que sumarle los efectos de la brecha cambiaria, que “no solo dificulta el correcto funcionamiento de la economía, sino que también actúa como un impuesto adicional, ya que las ventas de granos son liquidadas al tipo de cambio oficial”.
Frente a esto, y con el objetivo de incentivar las ventas por parte de los productores, se han implementado sucesivos programas de incremento exportador (PIE). Actualmente esta modalidad sigue vigente, y las exportaciones son liquidadas al tipo de cambio denominado “blend” compuesto por el 80% del tipo de cambio oficial y el 20% del dólar contado con liquidación (CCL).
“Bajo la gestión del gobierno de Alberto Fernández, la brecha entre el dólar oficial y el blue promedió el 85%. En lo que va de la actual administración, dicha diferencia se posiciona en los niveles más bajos de los últimos cuatro años, promediando el 30% en lo que va del 2024”, señaló el informe.
“Mientras más baja sea la brecha, mayor es el precio recibido por el productor en dólares, lo cual se observa en los siguientes gráficos. En el caso de la soja, el precio disponible ajustado al dólar MEP, ha subido casi un 35 % desde julio, pasando de USD 200 por tonelada a USD 270. Mientras que, la suba del maíz fue del 37%, al pasar de USD 113 por tonelada a los USD 155 actuales”, detalló a continuación.
