El avance genético representa un aspecto clave para el desarrollo agrícola. Y el avance sobre las libertades individuales representa una amenaza contra la iniciativa privada por parte de la “organización criminal” (Javier Milei dixit) del Estado.
Justo cuando se están incrementando las presiones por parte de EE.UU. hacia la Argentina para que se apruebe un marco regulatorio en semillas en base al sistema UPOV 91, surgió con un cultivo norteño un conflicto que pone en la “vidriera” la cuestión en pugna.
Un año atrás, tal como advirtió oportunamente Bichos de Campo, las autoridades del Instituto Nacional de Semillas (Inase) inhabilitaron de facto el uso de semilla de uso propio de garbanzo por medio de una metodología un tanto particular.
Por entonces los productores de garbanzo comenzaron a recibir intimaciones del Inase para que presentasen la factura de compra de las variedades sembradas. Esa metodología, que es habitual en soja y trigo, resulta insólita en el caso del garbanzo porque el cultivar más sembrado –Norteño– tiene más de 25 años de antigüedad.
La normativa vigente habilita el “uso propio” de semillas de propia multiplicación siempre y cuando el usuario pueda demostrar que la semilla original fue adquirida legalmente. La cuestión es que, con un cultivar tan viejo, es una auténtica “misión imposible” saber dónde puede llegar a estar la factura de una compra realizada más de dos décadas atrás, cuando la digitalización de comprobantes era por entonces “ciencia ficción”.
Previamente el Inase había determinado que a partir del presente año 2025 la semilla fiscalizada de garbanzo era la única habilitada para ser comercializada para evitar –según se indicó– la proliferación del hongo Ascochyta rabiei, responsable de causar la enfermedad conocida como “rabia del garbanzo”. No se trata de un “chiste”, porque no existe ningún fungicida para tratar esa enfermedad, la cual es capaz de generar pérdidas productivas significativas.
Más allá de las razones sanitarias, lo cierto es que, desde una perspectiva libertaria, todo parecía indicar que los funcionarios estatales se encargaron de armar un “corralito” para que este año los productores de garbanzo se vean obligados a comprar cultivares a empresas semilleras.
La mayor parte de los productores, quizás envalentonados por el hecho de tener a un presidente libertario, decidieron hacer uso pleno de su libertad y este año sembraron Norteño en un 69% del área nacional de garbanzo; si se suman otras variedades sin propiedad intelectual, el área en esas condiciones sumó un 72%.
Los productores, vale aclarar, no vulneraron ningún derecho de propiedad porque sembraron variedades que son de uso público al haber expirado sus derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, las autoridades del Inase este año dejaron de lado las intimaciones y comenzaron a hacer uso pleno del “corralito” al enviar multas millonarias a los productores que no podían encontrar la factura de una compra realizada más de dos décadas atrás.
Este miércoles el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Carlos Castagnani, acompañado por dirigente gremiales tucumanos, mantuvieron una reunión en la sede porteña de la Secretaría de Agricultura con autoridades del Inase para intentar revertir las multas enviadas por el organismo a los productores que quedaron comprendidos en el “corralito”.
Pero la cuestión es mucho más amplia que un mero reclamo sectorial. ¿Tiene el Estado derecho a usar su poder coercitivo para obligar a los productores a sembrar determinadas semillas compradas en el mercado cuando la legislación los habilita a emplear variedades de uso propio? Si existe un riesgo sanitario, ¿no bastaría con informarlo para que luego cada uno decida qué riesgo correr? ¿Por qué no usar incentivos en lugar de garrotes?
Si se tiene en cuenta que el propietario de algunos de los pocos cultivares de garbanzo inscriptos es el propio Estado nacional a través del INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba, entonces hasta podría argumentarse que el “corralito” instrumentado por el Inase tiene un interés específico.
No son preguntas triviales porque, además de tener la suerte de vivir en el marco de un Estado de Derecho, el gobierno de turno asegura que tiene como eje de sus decisiones la filosofía libertaria, cuyo fundamento es el respeto de las decisiones individuales y la autonomía personal –bajo el principio de no agresión– por encima de cualquier uso de la fuerza de coacción.
Por supuesto, no puede descartarse que eso se trate sólo de una cuestión propia de una narrativa política para justificar el accionar de la “organización criminal”. Si ese es el caso, entonces el Inase sólo está cumpliendo su función. Y no hay nada más que agregar.
