La Presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Jimena López, dentro de las facultades que le confiere el reglamento interno del ente portuario, le propuso a Terminal Quequén un permiso de uso por el término de un año, en las mismas condiciones en las que se encuentra hoy. De este modo, alejó temores a una intervención del estado provincial en ese negocio de elevación. Al menos hasta que se convoque a una nueva licitación internacional, tal como ya habían anticipado las autoridades de la Provincia de Buenas Aires.
De este modo, se garantizaría la continuidad de la operatoria portuaria en los sitios 4,5 y 6 por el término de un año, además de las condiciones laborales de las cien familias que se nutren de las actividades que ahí se desarrollan. El consorcio que está a cargo de operar los elevadores de la ex JNG había amenazado con dejar de prestar el servicio a partir de fines de setiembre si no había precisiones de las autoridades del consorcio.
“El término de un año es más que prudencial para el tratamiento del pliego y la licitación nacional e internacional que por ley se debe cumplir”, aviso la presidente de ese ente.
A partir de esta propuesta, y de ser aceptada, Terminal Quequén cuenta con todas las herramientas disponibles para continuar prestando el servicio con todo lo que esto conlleva para la operatoria portuaria y los trabajadores que dependen de ell, agregó.
Nota-Ofrec.-prorroga
Así, la titular del ente portuario, en conferencia de prensa, indicó que “el mandato del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es licitar pensando en la transparencia y la certidumbre para el sector de la agroexportación”.
Indicó que “la idea de licitar es otorgar seguridad jurídica”, porque “las sucesiones de las prórrogas lo único que hacen es generar que todos los años se repita un contexto de altísimo nivel de incertidumbre, para los trabajadores que son el motor de la terminal y para el sector, debido a que es un trabajo calendarizado que necesita previsibilidad”.
Además, precisó que “se ha ofrecido la posibilidad de un estudio de abogados de renombre con expertise en licitaciones internacionales sea quien evalúe, evitando así cualquier sospecha de sesgo de que el pliego pueda estar direccionado”.
En ese sentido, sumó que “esa propuesta va a ser elevada al directorio para que sean ellos quienes elijan el estudio jurídico”, ya que “no es facultad de esta presidencia elegir cual será, pero sí que haya alguien externo para que evalúe los alcances de esa licitación”.propuesta va a ser elevada al directorio para que sean ellos quienes elijan el estudio jurídico”, ya que “no es facultad de esta presidencia elegir cual será, pero sí que haya alguien externo para que evalúe los alcances de esa licitación”.
Finalmente reforzó la idea de que “el eje de la transparencia está dado por una licitación en donde todos los oferentes puedan competir libremente que es una estructura que el sector demanda hace muchos años”.
