El titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Salvador Moreno, está trabajando de lunes a lunes para recolectar las pruebas necesarias para imputar por el delito de estafa a los responsables que llevaron a la cesación de pagos y posterior concurso preventivo a Vicentin SAIC.
“Mi objetivo es poder imputar el delito antes de la feria de invierno. La idea es que en un mes y medio estemos en condiciones de poder hacerlo, siempre que lo que vayamos encontrando no nos sorprenda, porque algunas cuestiones van de acuerdo a lo que venimos analizando y las vamos relevando fácilmente, pero si se presentan cuestiones que eran desconocidas y que no preveíamos en el curso de la investigación, eso implica que nos detengamos y reevaluamos ciertas condiciones de la misma”, apuntó en dialogo con Bichos de Campo.
La causa, tramitada en el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Nº 2 de Rosario, cuenta con gran material documental a partir de una serie de allanamientos ordenamos por el juez Hernán Postma a fines del año pasado ante una solicitud de Moreno.
– ¿En qué estado se encuentra la investigación?
– La investigación podría dividirse en dos partes. La primera es la constatación de que existieron conductas ilícitas que tipifican en delitos y la segunda, que no es un elemento esencial de la investigación, pero sí parte de la lógica del sistema penal de reparación de las víctimas, es seguir la ruta del dinero, que es un tanto más complejo que el primer aspecto de la investigación. En cuanto a la corroboración de que se han cometido conductas ilícitas, estamos muy avanzados. Tenemos, en lo que respecta a nuestro parecer, la certeza de que se han cometido estafas en perjuicio de productores agropecuarios, acopios y entidades financieras tanto nacionales como internacionales. En el caso de los productores, hubo un ocultamiento de la situación financiera de Vicentin, que hizo que estos productores operaran con la empresa sin un conocimiento efectivo de cuáles eran las condiciones de la misma y en qué escenario se encontraban, y en el caso de los bancos, lo que hubo es una maniobra de adulteración de estados contables, que afirmaba que la empresa tenía un ratio financiero que exponía una economía saludable, cuando en realidad eso no era así.
– ¿Cuántos son los querellantes que están comprendidos en la causa?
– La causa tiene a cuatro entidades financieras internacionales, Banco Macro, la empresa Cuatro Hojas SA, que pretende constituirse como querellante, y Commodities SA de la familia Grassi, que quiere constituirse también como querellante. Y también hay denunciantes que aún no han expresado su voluntad de constituirse como querellantes, no obstante han manifestado su deseo de que se persiga penalmente a los directores de Vicentin.
– ¿Ya están identificados los responsables de la presunta estafa?
– Estamos en la tarea de precisar las responsabilidades personales, porque cuando en los delitos intervienen personas vinculadas a órganos de decisión societaria, hay que determinar cómo se conformó esa voluntad societaria, es decir, qué personas en un día determinado votaron afirmativamente, quienes se abstuvieron y así. Tenemos, por ejemplo, un documento firmado por una persona y esa sola circunstancia lo hace pasible de ser imputado, dado que se trata de un caso de un crédito que fue cedido previamente a un banco para pagar parte de una deuda y el banco, cuando fue a hacer efectivo el cobro de ese crédito cedido, se encontró que había sido cedido por la misma persona a capitales internacionales, comúnmente denominados fondos buitre, a quien Vicentin recurría en búsqueda de apoyo financiero; ahí tenemos una persona que está claro que es el responsable de esa acción, por lo menos de propia mano, de haber suscripto dos negocios jurídicos diferentes respecto del mismo crédito; habrá que ver si esta decisión fue tomada en una junta de directorio y, en su caso, cómo se conformó la voluntad social, es decir, quién votó en un sentido y en el otro.
– Entonces están revisando todas las decisiones del ex directorio de Vicentin…
– Exacto. Con todos los elementos que estuvimos acumulando, tanto sea del concurso preventivo como de la causa Sandleris que se inició previamente en la Justicia Federal por una denuncia del Banco Nación (en la que se investigan los créditos asignados a Vicentin por esa entidad durante la gestión de Mauricio Macri), como también denuncias presentadas en la Justicia Federal de Reconquista, así como elementos secuestrados por nosotros en los allanamientos realizados en las sedes sociales de Vicentin y Friar en Reconquista y Avellaneda, están aglutinados en un repositorio, que es como una biblioteca digital, de la cual nosotros nos vamos abasteciendo para intentar corroborar nuestra hipótesis de trabajo. Si bien tenemos delineadas las conductas ilícitas que se llevaron a cabo, nos falta ponerle nombre y apellido y en función de los que nos arroje ese repositorio, entiendo que vamos a poder definirlas.
– ¿Cuáles son los delitos tipificados?
– La teoría de la fiscalía en principio gira en torno al delito de estafa previsto en el artículo 172 del Código Penal (que establece un máximo de seis años de prisión); después los denunciantes plantean otros posibles escenarios con otro tipo de delitos, como es el de administración fraudulenta, asociación ilícita, balance falso, que son elementos que entendemos como necesarios del delito de estafa. Por ejemplo: el balance falso, si bien es un delito autónomo en el Código Penal, entendemos que viene a funcionar como un ardid propio de la estafa, como el instrumento de engaño. Y cuando los denunciantes nos dicen que hubo un vaciamiento de empresa, lo que entendemos es que, en lugar de darse el supuesto de administración fraudulenta o de vaciamiento de empresa, lo que se da es el agotamiento del delito de estafa para asegurarse el provecho de lo obtenido en función del delito de estafa, con lo cual en este momento no nos movemos de la hipótesis de la estafa, aunque no descartamos que con el curso de la investigación puedan aparecer otros delitos que incluso puedan ser investigados en otras jurisdicciones. Pero de momento entendemos que el tipo penal, que abarca la casi totalidad de los casos, es el de la estafa. Y el caso del crédito (cedido a dos titulares de manera simultánea) es un caso claro de desbaratamiento de derechos acordados.
– ¿Llegaron a establecer un monto de la estafa en los casos comprendidas en la causa?
-Los montos denunciados por los acreedores que participan en la causa superan los 600 millones de dólares.
– En caso de que se pueda hacer una trazabilidad de dinero y se detecten parte o todos los fondos, ¿se podría recuperar algo eventualmente?
– Estamos trabajando activamente con colaboración internacional en embajadas en distintos lugares del mundo, siguiendo la ruta del dinero. El dinero que más claramente podemos seguir es el que desembolsaron las entidades internacionales, dado que al generar transferencias internacionales en dólares siempre quedan registradas y pasan por los denominados bancos corresponsables, que tienen que intermediar en las operaciones internacionales; entonces, a partir de ahí se puede hacer un rastreo de dónde fueron depositadas esas sumas de dinero y hacia dónde fueron derivadas, aunque obviamente en algún punto se pueden perder en transferencias intra-país para ser convertidas en moneda local y que luego son derivadas a otro país, entonces es necesario trabajar de manera minuciosa en esas cuestiones; en este aspecto, nos ha sido de mucho auxilio los dos “discovery” de los bancos internacionales ante la Corte de Nueva York, que nos ha facilitado la información de los movimientos que se produjeron a nivel internacional.
– ¿Y las sospechas implican que parte de lo fondos se habían derivado a cuenta “off shore” o bien a otras compañías relacionadas con accionistas del grupo Vicentin?
– Ambas. Desde 2013 en adelante Vicentin empieza a desarrollar una estructura de holding, mientras que antes agrupaba todas las actividades, como se las denomina “non-core”, dentro de Vicentin, y a partir de su vinculación con bancos internacionales empezó a desarrollar una estructura de holding para separar las actividades “non-core”, que no serían el eje principal de la economía de Vicentin, pero en esas empresas vemos repetición de órganos de directorio, las mismas personas, y existen transferencias intra-holding que al menos resultan sospechosas y que están siendo sometidas a investigación; veremos hasta donde podemos llegar en esas investigaciones. Pero se dieron operaciones que al menos debieron ser informadas a los bancos internacionales, que en sus contratos marco de líneas de crédito establecían la prohibición al tomador del crédito que hiciera movimientos de dinero intra-holding por una determinada suma de dinero, y se ha corroborado que esos movimientos se hicieron.
– O sea que no se cumplió ese compromiso.
– Exacto. Sacar un crédito para prefinanciar exportaciones y después utilizarlo para compensar cuentas intra-holding, es algo totalmente desajustado.
– Es llamativo que hasta fines de 2019 en el sitio web de Vicentin se informaban todos los negocios del grupo y, luego de la cesación de pagos, eso fue borrado para dejar solamente las actividades comprendidas en el concurso preventivo.
– Los bancos fueron promotores de la desagregación de negocios en diferentes empresas porque necesitaban saber que el dinero prestado iba a ser destinado a tal o cual actividad y eso termino siendo tergiversado a pesar de la separación de rubros; incluso se registró dinero derivado en sociedades que estaban construidas solamente para administrar otras empresas.
