Los productores patagónicos volvieron a encender sus alarmas en torno a la protección del estatus sanitario de la región, esta vez por una iniciativa que busca eliminar la barrera sanitaria que divide al territorio nacional en dos grandes zonas respecto de la presencia de Fiebre Aftosa, desde hace décadas, ya que las provincias australes son “libres sin vacunación” y en todo el resto del país se sigue aplicando el medicamento preventivo.
Se trata de un proyecto presentado por el diputado nacional de La Pampa, Martín Ardohain, que en diciembre asumió una banca en representación del PRO y tiene origen agropecuario. El objetivo propuesto allí es dejar sin efecto lo definido por la resolución 5/2001 de Senasa, que prohíbe el tránsito de carne bovina con hueso plano a la región integrada por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Carmen de Patagones. Esto es, que impide a los productores pampeanos vender su asado en el sur.
Acompañado por el diputado de Córdoba, Luis Picat, que también proviene de las lides ruralistas, Ardohain indicó que “la existencia de la barrera determina que la provincia de la Pampa no pueda ejercer su derecho a integrar la actividad comercial con el resto de las provincias patagónicas, generando gran perjuicio para la provincia donde la venta de carne bovina es una de las principales actividades comerciales”.
La libertad de comerciar puede sonar a cantos de sirenas en estos tiempos de gobierno libertario. Pero claro que la barrera, tal y como está concebida, no tiene razones comerciales sino sanitarias: se prohíbe el ingreso de asado a la Patagonia (que así solo es abastecida por ganaderos locales a precios mayores) para evitar el riesgo de que el virus aftósico penetre en la zona, ya que puede alojarse en los huesos. Por eso, para que Senasa tome una definición al respecto haría falta un estudio epidemiológico profundo. Por lo pronto, aunque se sigue vacunando en todo el norte, no se registran casos de la fiebre aftosa desde 2006.
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En su pedido de derogación, Ardohain también destacó que Argentina “desde hace años posee el estatus de libre de Fiebre Aftosa, otorgado por la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA)”, y enfatizó que el riego para la carne bovina con hueso plano no existe, por lo que la “prohibición dispuesta por el Senasa carece hoy de sentido”.
El legislador argumentó además que el levantamiento de la barrera permitiría solucionar el “alarmante desabastecimiento que de ciertos cortes que directamente deriva en el aumento de precios para los consumidores”, y pondría fin “a la comercialización clandestina y con el tráfico de carne en condiciones irregulares”.
Si bien el texto del proyecto aún no figura entre las iniciativas ingresadas por Ardohain en Diputados, las entidades que representan a las sociedades rurales patagónicas mostraron de inmediato, y como a lo largo de toda la historia reciente, su oposición.
El Senasa encontró y decomisó carne vacuna que estaba por entrar ilegalmente a la Patagonia
En un comunicado firmado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego, la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y la Sociedad Rural de Neuquén, se señaló que “el objeto claramente comercial sobre el que se fundamenta el proyecto presentado desconoce que la determinación del status sanitario no es una cuestión comercial, y no es potestad del poder legislativo nacional, si no que lo otorgan organismos internacionales, y lo validan luego países compradores exigentes en la materia como Japón o la Unión Europea”.
“Este proyecto también se lleva puesto el esfuerzo de años de miles de productores patagónicos que nos ha permitido lograr y mantener el más alto status existente respecto de la fiebre aftosa, que es Libre Sin Vacunación. Resulta llamativo que el Diputado no explique el motivo por el cual, en todo el país salvo Patagonia, se sigue vacunando y ello es en función de un status sanitario diferente”, añadieron.
Las entidades consideraron que se debe trabajar “para mejorar el estatus y no al revés”, y sostuvieron que de aprobarse, la medida generaría un “perjuicio inmensurable a todos los productores, trabajadores y demás integrantes de la cadena ganadera patagónica”.
