“Este claramente no es un estado comunista”, aclaró Maxi Pullaro, prometiendo que Santa Fe ayudará a los trabajadores de Vicentín pero no saldrá al rescate de esa empresa quebrada

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró este lunes que su gobierno hará lo posible para socorrer a los 1.300 trabajadores de Vicentin que el sábado se desayunaron con la noticia de que la empresa había decidido apagar sus máquinas. Pero aclaró que esa ayuda tiene límites porque no se puede entrometer en asuntos que debe resolver la justicia: “Este claramente no es un estado comunista”, afirmó.

-Usted el viernes dijo que no se metía con la decisión de la justicia, pero el fin de semana hubo novedades desde el punto vista laboral, y hay más de 1.000 familias en Avellaneda y Ricardone que pueden quedarse sin empleo a partir de mañana. ¿La provincia va a intervenir en el tema?- le preguntaron a Pullaro los periodistas santafesinos.

-La provincia de Santa Fe a ningún trabajador lo dejó solo en este tiempo. El Estado está presente. Hemos asistido después de los recortes de las partidas alimentarias y de las partidas de medicamentos que nos hizo el gobierno nacional, con lo cual vamos a estar al lado para que ninguna familia la pase mal, o realmente sufra. Ahora bien, tenemos una mirada particular con respecto a lo que debe ser o que puede ser la intervención del Estado con las empresas privadas- contestó el mandatario.

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A partir de ese punto, Pullaro tomó distancia de la crisis de Vicentin, la aceitera que ingresó en default por 1.300 millones de dólares a fines de 2019, entró en convocatoria unos meses después, y todavía espera una salida de ese concurso de acreedores. El mismo se ha demorado más de cinco años por impugnaciones realizadas por la propia justicia santafesina, que a la vez investiga si los dueños de la empresa realizaron una maniobra de vaciamiento.

En medio, el gobierno de Alberto Fernández -con apoyo del gobierno provincial de Omar Perotti- realizó en 2020 un intento de expropiación, que alteró todavía más la situación.

“Creo que gran parte de responsabilidad la tienen los gobiernos que intentaron entrometerse en un debate estrictamente judicial. Recordemos que desde la Provincia en un momento se intentó intervenir la empresa y desde el gobierno nacional se intentó expropiar”, apuntó el actual mandatario santafesino.

En ese sentido, Pullaro opinó que el trámite judicial “debería tener ya por lo menos tres años y medio de resuelto”.

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“Yo escucho algunos que dicen que el Estado tiene que intervenir. Nosotros nos vamos a preocupar por los trabajadores, que no les falte nada, pero no se puede hacer el gobierno cargo de la empresa o de cada una de las empresas que quiebran, porque este no es un estado comunista”, enfatizó Pullaro.

El gobernador insistió: “Hace unos días atrás una una intimación de Camessa a la empresa provincial de la energía para que le corte el suministro de servicio, y algunos cráneos decían que el gobierno provincial se tenía que hacer cargo de 2.500 millones de pesos, que es casi lo que sale una escuela. El gobierno provincial no se tiene que hacer cargo de una deuda que tiene un privado”.

“Entonces nosotros vamos a acompañar a los trabajadores como criterio, porque no lo hacemos solo con Vicentín, lo hacemos con quienes necesitan a la provincia de Santa Fe. Pero no nos vamos a hacer cargo de una empresa porque esto claramente no es un Estado comunista, como algunos lo pretenden plantear”, cerró el asunto.