En los últimos días viene escalando un conflicto que tiene como protagonistas al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y los ruralistas de esa provincia, por la posibilidad de la instauración de algo similar a lo que fue la Junta Nacional de Granos, hace muchos años, donde el Estado intervenía en el comercio de granos.
En este caso, productores y analistas de la producción alertaron por lo que podría ser una Junta Provincial de Granos, o una intervención de ese mercado por parte del gobierno de Kicillof al quedarse con una porción del manejo del Puerto de Quequén, luego de dilatarse la licitación para el controlador, ante el inminente fin de la concesión actual, que tiene lugar en noviembre.
En un principio, un conjunto de 16 sociedades rurales del sudeste bonaerense cercanas a la localidad de Necochea y el Puerto, que es administrado por la provincia de Buenos Aires, expresaron su temor a que se pretenda avanzar con un modelo de gestión con alta injerencia del Estado.
“Axel pide tener una reserva del 30% de los granos en acopio (…) y la provincia mediaría en la compra de esos granos”, declaró a los medios locales la presidenta del Consorcio de Gestión de Quequén en ejercicio, Jimena López, en una alusión directa al gobernador Kicillof. También agregó que la intención de “crear una empresa provincial” con fines de comercialización agrícola.
Luego, Eugenio Cardenau, presidente de la Sociedad Rural de Necochea, afirmó: “Una de las condiciones sería que la provincia operaría el 30% de la operatoria de esa terminal. Con lo cual se estaría, en cierta medida, estatizando parte del comercio de los granos”.
Ahora, quienes se manifestaron fueron los ruralistas nucleados en la Mesa de Enlace provincial, en completo rechazo a esta posibilidad.
En un comunicado, Federación Agraria, Sociedad Rural, CARBAP y Coninagro alertaron: “Ante el inminente vencimiento de la concesión, en noviembre próximo, del principal operador de granos para la carga de buques en el Puerto de Quequén, y la dilación de un nuevo llamado licitatorio por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el propósito de conformar una renovada Junta Provincial de Granos, la Mesa de Enlace Regional rechaza cualquier intención de intervención con el objetivo recaudador, sin atender las necesidades del sector productivo”.
Asimsmo, los ruralistas recordaron que el proceso licitatorio para la concesión del operador debe darse “respetando las condiciones en los pliegos y bases que surgen de la ley 23.696 a través del decreto 351/92, en donde se establece el marco regulatorio y la necesidad de efectuar un procedimiento de licitación pública nacional e internacional para el operador de la misma. Y si no se llega con los tiempos administrativos a consensuar los pliegos, se debería prorrogar la concesión hasta tanto estén disponibles los mismos”.
📄 | COMUNICADO | ⚠️
La Mesa de Enlace Provincial, rechaza cualquier intención de intervención con el objetivo recaudador, sin atender las necesidades del sector #productivo en el Puerto de Quequén.@CARBAP_ARG @fedeagraria @SociedadRural pic.twitter.com/4PjZiYtklL
— CONINAGRO (@CONINAGRO) August 14, 2024
Ante los dichos de Jimena López, la Mesa de Enlace advirtió que entienden la idea oficial como políticas intervencionistas y distorsivas.
“Desde la Mesa de Enlace Provincial sugerimos al Señor Gobernador que desista de semejante idea, que tan solo lleva más incertidumbre y desconfianza a un sector con un perfil exportador”, resumieron los ruralistas.
