La comuna de Zavalla, ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario y conocida porque allí tiene su sede la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, creó en 2019 una nueva tasa municipal para promover la transición de productores locales que realizan agricultura tradicional hacia la denominada agroecología. Hasta ahora son 13 los beneficiados con esos recursos.
La medida contó con el apoyo de la Red Nacional de Municipios Agroecológicos (Renama), la organización que lidera Eduardo Cerdá, el actual director nacional de Agroecología. La recaudación municipal por dicha tasa, que llegó a 2,4 millones de pesos el año pasado, será destinada a financiar los arrendamientos de campos, maquinarias específicas e insumos de aquellos que deseen cambiar su modelo productivo.
El proyecto viene desde 2009, cuando primero un grupo de vecinos de esa localidad cercana a Rosario creó una radio abierta para discutir los efectos de los agroquímicos en los cultivos y en la salud de los habitantes. En ese entonces, Zavalla contaba con una ordenanza municipal que adhería a la Ley Provincial 11.723, que regulaba el uso de agroquímicos.
En 2011 se generó un cambio en la normativa y se promulgó la Ordenanza 45/11 que instaló la prohibición para radicar depósitos de fitosanitarios en el área urbana y suburbana, así como el impedimento de que circulen vehículos cargados de agroquímicos. Además prohibió la aplicación terrestre a 800 metros del límite urbano y la aplicación aérea de fitosanitario a 3000 metros.
Fue en ese marco de crecientes vetos que comenzó a pensarse en alternativas productivas. “Si consideramos que existe una legislación de prohibición de plaguicidas, es urgente entregarle a los productores alternativas a partir de las cuales no se vea limitada su capacidad de producción. Fue a partir de allí que se empezaron a implementar una serie de propuestas y programas. Una de las bases del Renama es la investigación participativa”, explicó a Bichos de Campo Claudio Benítez, asesor agronómico del municipio de Zavalla y del Renama para Santa Fe, además de integrante de la Dirección de Agroecología Nacional.
Así, en septiembre de 2019 se aprobó una ordenanza que instaló esta nueva tasa municipal, y se creó un fondo de recursos destinado a subsidiar a productores del periurbano en proceso de transición.
Ese fondo se nutre del dinero de vecinos y productores. Los primeros abonan un monto de 600 pesos por año por casa, es decir 50 pesos por mes. Los productores, en cambio, deben abonar un canon variable en función de “qué externalidad ambiental generan con una aplicación”, según indicó Benítez.
¿Y cómo se mide esa externalidad? A través del “coeficiente de impacto ambiental” o EIQ, que tiene en cuenta el impacto de la actividad productiva sobre el ambiente, el trabajador rural y el consumidor. Para ello las autoridades hacen uno de una calculadora virtual de la reconocida Universidad de Cornell de los Estados Unidos.
El año pasado se llegaron a recaudar 2.400.000 pesos, que se destinaron no solo a estos subsidios sino a otros programas y proyectos relacionados al cuidado ambiental, como por ejemplo la separación en origen de residuos y el programa de recolección diferenciada.
“La tasa les da un cobijo, un respaldo, y la posibilidad de ingresar en un esquema de transición sin sentirse desamparados. Como está por ordenanza, independientemente de la gestión la tasa seguirá firme porque es un derecho ganado por parte de los productores”, afirmó el asesor. La iniciativa es acompañada también por el INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la provincia.
El monto recibido por los productores en transición es proporcional a su superficie y a las condiciones que cumple su producción, a la que se le hace un seguimiento periódico por parte de las autoridades. También se tiene en cuenta a dónde se vuelca lo que se produce bajo el paraguas de la agroecología. Aquellos que se orienten al mercado interno, que deriven el procesamiento a cooperativas, que entreguen alimentos a escuelas o a poblaciones de riesgo, serán los que más aportes reciban.
¿Cómo se define el monto de la tasa a pagarse? Por el momento, la misma sigue el precio de la soja. “Nosotros estamos ubicados en una zona núcleo sojera y el precio del arrendamiento de la tierra está fijado en quintales de soja. Eso forma parte también del proceso de cambio de paradigma. Habría que usar otros parámetros y no un cultivo tan extractivo para el suelo y menos adaptable a la alimentación humana”, comentó Benítez.
Hasta el momento se han sumado a este programa 13 productores locales: 11 de ellos son de Zavalla y dos son las localidades vecinas de Soldini y Pérez. Según informó la agencia de noticias Tierra Viva, la Dirección Nacional de Agroecología, encabezada por Cerdá, está intentando llevar la experiencia a otras localidades como Mercedes, en Buenos Aires, y Gualeguaychú, en Entre Ríos.
