Por estas horas, según pudo saber Bichos de Campo de diversas fuentes, dentro del gobierno se debate la disolución de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) y la transferencia de sus funciones de control sobre el comercio desleal en granos, carnes y lácteos directamente a la AFIP, que duplicaría su poder. Curiosamente una decisión semejante se adoptó en tiempo del poderoso ex secretario de Comercio de los Kirchner, Guillermo Moreno.
Si prospera esta iniciativa, la denominada ahora Secretaría de Bioeconomía perdería otra gran herramienta para hacer políticas agropecuarias activas. Ya le sucedió con el ex Prosap (que manejaba los créditos internacionales para el desarrollo rural), con el Fondagro (administraba fondos para abaratar el crédito agropecuario), y con su propia degradación institucional, ya que el ex Ministerio de Agricultura ni siquiera puede ahora manejar su presupuesto ni contratar a su propio personal. Todo depende de Economía.
La disolución de la ex ONCCA era lo único que le faltaba a la gestión de Javier Milei para hacerle saber al titular de Bioeconomía, el ex decano Fernando Vilella, que su consideración dentro del gabinete es casi como la de un cero a la izquierda. Con el secretario formal de gira por Europa, quien está resolviendo la continuidad o no de la ex ONCCA es el “interventor” designado por el ministro Luis Caputo, el subsecretario de Producción Agropecuaria Sergio Iraeta, quien además es pariente político del secretario Juan Pazo, el verdadero responsable de la política productiva en Economía.
La disolución de la actual Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario sería casi una decisión tomada por Iraeta y Pazo. Según las fuentes, otra alternativa sería cambiar su denominación pero mantenerla con muchas menos funciones que las actuales, que básicamente radican en el control comercial de los operadores de los sectores rojo (carnes), verde (granos) y blanco (lácteos).
El organismo nació en 1996 durante la gestión de Carlos Menem, cuando el secretario de Agricultura era Felipe Solá, quien libraba una resonante batalla contra los grandes matarifes del conurbano que evadían todo tipo de impuestos y de controles. Uno de ellos es el popular Alberto Samid, quien incluso estuvo condenado por causas iniciadas en aquellos tiempos.
Una de las principales tareas de la ex ONCCA es la de administrar el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), donde estar matriculado es obligatorio y cuya utilidad radica en que las empresas del agro deben demostrar que están constituidas formalmente y cumplen con sus obligaciones formales ante el Estado. Esto sirve para evitar la competencia desleal dentro de actividades que mueven miles de millones de dólares, tanto en el mercado interno como para la exportación.
La ex ONCCA comenzó a caer en el desprestigio cuando en 2008, en pleno conflicto con el agro por al Resolución 125, el gobierno de Cristina Kirchner designó allí a Ricardo Echegaray, quien luego pasaría a ser el jefe de la AFIP. Luego tomó el control del comercio agropecuario el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien descubrió que a través de ese organismo podían intervenir directamente sobre las exportaciones de carnes, lácteos y granos. Moreno hizo grandes negociados a través de su amigo, el ex presidente de la CGE y ruralista K Íder Peretti, a quien desviaba parte de los permisos de la ex ONCCA para exportar trigo y maíz (los llamados ROE Verde) hacia firmas truchas pero que aparecían en el RUCA. Luego esos permisos se triangulaban hacia otras empresas a cambio de suculentas comisiones.
Pero el mayor desprestigio de ese organismo de control sucedió cuando Echegaray y Moreno crearon regímenes de compensaciones a diversos sectores productivos, como los molinos y feedlot, que terminaron en sonoros escándalos de probada corrupción, con decenas de empresas inventadas solo para cobrar dichos subsidios. Cuando esas investigaciones escalaron tanto al punto de comprometer a toda la gestión de Cristina ;Kirchner, en febrero de 2011 la ex presidenta decidió la primera disolución de la ONCCA y en un inoportuno incendio en sus oficinas terminaron por quemarse gran parte de los expedientes.
Algunas funciones residuales de aquella Oficina Nacional, que tenía autonomía financiera y administrativa, fueron tomadas por la ex UCESCI, que sobrevivió en la Secretaría de Comercio de Moreno. Otras, más vinculadas a sus funciones originales de control sobre el comercio agropecuario, directamente desaparecieron.
El gobierno de Mauricio Macri, a partir de 2016, refundó el organismo y un año después relanzó el RUCA. Pero ese intento duró solo duró hasta marzo de 2021, cuando el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner volvió a tomar el mando y descubrió que la ex ONCCA iba a servirle nuevamente para poder cerrar cuando quisiera el comercio exterior de productos del agro. Sucedió de inmediato con la carne vacuna, cuyas exportaciones estuvieron cuotificadas hasta diciembre pasado. Esta vez el responsable de imponer permisos de exportación (que ya no se llamaban ROE sino DJEC) fue el contador Luciano Zarich, quien logró mantener a sus principales colaboradores hasta ahora.
El palurdo del secretario Vilella, cuando todavía presumía que iba a asumir con poder en el gobierno de Milei, acusó a Bichos de Campo de “una operación” en su contra, cuando este medio advirtió de las intenciones del funcionario kirchernista de seguir controlando los resortes de la ex ONCCA, cosa que finalmente sucedió. Vilella designó como nuevo director de control comercial al asesor ganadero Matías Canosa, pero nunca pudo obtener su nombramiento formal. Por lo tanto, las firmas de todos los expedientes que siguen circulando por ese organismo siguen dependiendo de José Secchi, ex colaborador de Zarich y responsable directo del RUCA.
Vilella, en realidad, logró en estos seis meses de gestión dinamitar casi todos los programas de la Secretaría a su cargo. Ahora le imprimieron mayor velocidad a ese proceso los funcionarios Pazo e Iraeta, que responden directamente al ministro Caputo. Finalmente el gobierno de Milei ha mostrado hasta aquí que su mejor receta, en vez de arreglar lo que funciona mal en el Estado, es hacer desaparecer el problema, aunque así resigne también las posibilidades del sector público de construir una verdadera política agropecuaria. Curiosamente los dirigentes rurales validan con sus aplausos este tipo de decisiones.
Según los trascendidos, la ex ONCCA como tal tiene los días contados, y no se sabe todavía si sus funciones serán retomadas por otro organismo, como la AFIP, o directamente desaparecerán del tablero del Estado.
